Foto: Eduardo García

Ernesto Aroche Aguilar

@earoche

La intención de los académicos opositores a la construcción del Teleférico es detener la obra completa y no sólo la parte que se desarrolla encima de la casona del Rincón del Torno, así lo dio a conocer Montserrat Galí Boadella, presidenta de la asociación Manuel Toussaint, una de las organizaciones que promovió el amparo que tiene la obra en suspenso.

Entrevistada tras la clausura simbólica de la construcción por integrantes del movimiento Yosoy132 y del Comité Defensor del Patrimonio Histórico, Cultural y Ambiental AC, Galí Boadella reconoció que algunos de los opositores a las intervenciones estatales en la zona de monumentos han recibido amenazas por parte de la autoridad. Las afirmaciones se producen luego de que Lado B diera a conocer dicha situación.

La investigadora puntualizó que las amenazas les llegaron cuando se opusieron a la construcción del Viaducto Ignacio Zaragoza, específicamente en la zona que bordeaba el polígono del Centro Histórico.

“Cuando lo del viaducto sí fuimos amenazados, ahorita en esta fase no. El mismo gobernador nos dijo que no sabíamos a quién nos estábamos oponiendo, que nos habíamos equivocado de gobernador, que qué era eso de estarse oponiendo al desarrollo, así directamente”.

Por su parte, Lucio Ramírez Luna dio a conocer a este portal que además del discurso del mandatario, los académicos también recibieron correos electrónicos intimidatorios: “Les estuvieron mandando en sus correos, a los integrantes, textos del gobierno del Estado que decían que pensaran mejor las cosas, que sabían que trabajaban en la BUAP y que el gobierno tenía la forma de sustituirlos en la BUAP y que los corrieran. Y los que no trabajaban en la BUAP, pero trabajaban en la Delegación del INAH aquí, porque había siete que estaban con nosotros, les dijeron que si no se calmaban los iban a correr del INAH. Y pues tuvimos que desistir, hasta ahí llegó nuestro amparo”.

Acá se cometió un delito

Para Galí Boalleda la demolición de la Casona del Torno –que data del siglo XVII— fue un delito federal. Y esperan que las autoridades judiciales apliquen una sanción al respecto.

“Nosotros estamos actuando en contra de tres instancias: el INAH, el ayuntamiento y el gobierno del estado, aunque para que el juicio fuera rápido y contundente nos centramos en la casa, ahí hay un delito, sin discusión, después está el INAH que no cumplió, el ayuntamiento que no cumplió y el gobierno del estado que es el ejecutor de la obra, pero estamos en contra del delito concreto que es el derrumbe de la casa”.

Foto: Eduardo García

Y aunque ya obtuvieron una orden judicial para que se detengan las obras que se llevan a cabo en la casona la intención final, explicó, es evitar que la obra completa se lleve a cabo, pues representa un riesgo al pasar por encima de casas y calles sin que hasta el momento Protección Civil se haya involucrado.

“Muchos arquitectos e ingenieros nos han dicho que esas torres no son seguras. Que necesitan tener la misma altura que tiene en cimentación, o deben tener unos tirantes, y de momento ni hay esa cimentación ni hay tirantes. Ese teleférico es contra natura, la prueba es que han tenido que hacer una montaña artificial, el cerro no da para un teleférico, entonces para cumplir con el capricho del gobernador hay que crear una altura artificial. Y tenemos que estar seguros que eso en un temblor no se viene abajo”.

La investigadora también explicó que hasta el momento el nuevo delegado del INAH, Juan Francisco Ortiz Pedraza, que fue nombrado la semana pasada, no ha intervenido en el tema, “me imagino que estará esperando línea de México”.

Por lo pronto la obra en su totalidad está detenida mientras el juicio de amparo se resuelve en el juzgado Cuatro de Distrito.

(Con información de Xavier Rosas)