Daniela Pastrana | IPS

México, DF. «No vamos a dejar de pelear hasta que haya justicia para nuestros hijos», asegura Araceli Rodríguez, madre de un joven policía federal de México, desaparecido con otras siete personas en el occidental estado de Michoacán el 16 de noviembre de 2009.

Esta madre forma parte de las decenas de miles de familiares de muertos, desaparecidos y desplazados internos por la violencia mexicana, y espera encontrar apoyo para hallar a su hijo, Luis Ángel León Rodríguez, en la Ley General de Víctimas, que entró en vigor este sábado 9.

«Si es verdad que está muerto, quiero encontrar sus cenizas. Si es verdad que lo incineraron, quiero encontrar sus dientes. Y no voy a descansar hasta que todos los responsables de su muerte estén en la cárcel y su nombre esté limpio de cualquier sospecha», dijo a IPS.

Tomada de ipsnoticias.net/

Rodríguez participa desde hace dos años en el ciudadano Movimiento Por la Paz con Justicia y Dignidad, creado por el poeta Javier Sicilia.

Han pasado 20 meses desde que el Movimiento demandó en la norteña Ciudad Juárez una ley para atender a los deudos dejados por la violencia en México. La ley es avalada por la oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas y fue promulgada el 9 de enero.

Nace con un gran reto: que se ejecute y brinde resultados, coinciden unos y otros.

«Es una ley que no debió existir, porque es la consecuencia de la no aplicación de las leyes que están hechas para la protección y la justicia de los ciudadanos y de una guerra que nunca debió haber sucedido», dijo Sicilia el día de su promulgación.

Desde que su hijo Juan Francisco fue asesinado, en marzo de 2011, el poeta recorrió el país y tocó las puertas del gobierno, acompañado de cientos de víctimas y ciudadanos solidarios, que buscan detener la política de seguridad que dejó el gobierno de Felipe Calderón.

En diciembre de 2006, al comenzar el mandato que concluyó el 1 de diciembre pasado , Calderón declaró una guerra contra los carteles del tráfico de drogas, militarizó la seguridad pública y dio atribuciones extraordinarias a la policía federal, que desde entonces sextuplicó su personal y aumentó su presupuesto de 800 a 3 mil millones de dólares.

La estrategia dejó 60 mil personas asesinadas y 25 mil desaparecidas, según los datos oficiales, aunque las organizaciones de la sociedad civil suman cifras muy superiores. Además, ha habido 250 mil desplazados y una cantidad incuantificable de deudos, que en la búsqueda de justicia perdieron todo o incluso también fueron asesinados.

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