• Fregoso y Magaña utilizan tecnicismo legal para desechar recursos de revisión; favorecen a opacidad gubernamental

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Ernesto Aroche Aguilar

@earoche

Tras conocerse la decisión de la Secretaría de Infraestructura (SI) de reservar el contrato y toda la documentación referente al Centro Integral de Servicios por casi 24 años, el presidente de la Comisión de Acceso a la Información Pública (CAIP), Javier Fregoso Sánchez se pronuncio porque “toda la información que involucre uso de recursos públicos se transparente”.

Aunque al señalar que en el caso concreto del acuerdo de clasificación que firmó el titular de la dependencia, Antonio Gali Fayad, –folio AV2012/07— tendrán que esperar a conocer el documento y los antecedentes, razones y fundamentos para ordenar que la información se mantenga fuera del alcance del público antes de emitir una postura específica.

“Yo sigo sosteniendo que en todo aquello que involucre uso de recursos públicos tiene que ser transparente. Si es un gasto público se tiene que transparentar, ese es el llamado. Ahora, analizar algo que no tengo a la mano es entrar al terreno de la subjetividad”, puntualizó.

Echan abajo recursos por argumento técnico

Previo a la entrevista, y durante la sesión del pleno Fregoso Sánchez validó la propuesta del recién nombrado comisionado de la CAIP, Federico González Magaña, de que se desecharon 16 recursos de revisión relacionados con solicitudes de información sobre los despidos en el gobierno del estado.

El caso generó un debate entre González Magaña y la comisionada Blanca Lilia Ibarra Cadena, quien votó y se pronunció en contra de la propuesta esgrimiendo incluso jurisprudencias previas.

El caso se inició cuando el reportero Jorge Castillo solicitó al Consejo Estatal de Seguridad Pública y al organismo de Carreteras de Cuota del Estado de Puebla le informara el número de personal que han dejado de trabajar desde el 1 de febrero del 2011 al 1 de agosto del 2012, desglosado por mes y sus totales, así como por rescisión de contrato, por despido, por cargo y por término de contrato laboral.

En su respuesta los organismos gubernamentales lejos de ofrecer respuestas digitales pusieron a disposición del solicitante la información para consulta en sus oficinas, el reportero decidió entonces inconformarse ante la CAIP.

El caso quedaría primero en manos del entonces comisionado Samuel Rangel y a su salida pasó a manos de González Magaña. En su ponencia el ex delegado federal sustentó su propuesta de desechar el recursos interpuesto por el reportero señalando que debió esperar a que se cumpliera el plazo de 15 días que tiene al sujeto obligado para mostrar la información antes de inconformarse.

“Los recursos fueron presentados de manera anticipada al término concedido lo que los hace improcedentes pues no se presentaron en tiempo y forma”.

Al externar su postura, Blanca Lilia Ibarra hizo notar que de entrada los sujetos obligados cambiaron la modalidad de entrega y citó además que de acuerdo con la propia ley las dependencias están obligadas a entregar “en la medida de lo posible” la información en medios electrónicos, siempre que el solicitante así lo haya requerido”, y sostuvo que durante la revisión al caso que realizó la CAIP los sujetos obligados nunca demostraron “estar imposibilitados a proporcionar la información por medios electrónicos”, e insistió en señalar que “no es factible que los sujetos obligados cambien la modalidad de entrega, salvo que demuestren una imposibilidad material de entregarla por vía electrónica”.

Ibarra Cadena también señaló que el solicitante señaló, como primer agravio, justamente el cambio de modalidad de entrega, pero además señaló que a pesar de que le cambiaron la modalidad se presentó a consultar la información pero que no hubo quién lo atendiera, porque los responsables de la documentación estaban, uno de vacaciones y el otro con permiso por incapacidad.

La comisionada recordó también que la CAIP ha atendido y resuelto casos previos con situaciones y casos similares, y citó 3 casos, cada uno a cargo de diferentes comisionados, incluido el propio presidente, Javier Fregoso que al final votaría por desechar el recurso: 128/SSA-05/2012, 157/DIF-02/2012 –Samuel Rangel—y 173/TRITD-01/2012  –Blanca Lilia Ibarra–.

La comisionada incluso citó una jurisprudencia publicada en el Semanario Judicial de la Federación que reconoce la posibilidad de que los solicitantes interpongan recursos legales incluso “antes de que comience a correr el plazo para ello”.

Pero todo fue en vano, con el voto de González Magaña y del Fregoso Sánchez se rechazaría el recurso.