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Detienen e incomunican a estudiante de la BUAP, lo acusan de homicidio
 
Por Lado B @ladobemx
07 de febrero, 2013
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Ernesto Aroche Aguilar

@earoche

José Antonio Hernández Aquino debió llegar a su casa después de las 5 pm, hora en que terminaba su última clase en la escuela de Comunicación de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla el pasado martes 5 de febrero, pero no llegó. Su búsqueda comenzaría esa misma noche. Su padre, Alejandro Hernández recorrió hospitales, Cruz Roja, oficinas del Semefo, delegaciones del Ministerio Público y reportó la desaparición en Locatel con nulo éxito. La mañana del miércoles la foto del estudiante universitario se multiplicaba en las redes sociales, pero sería 28 horas después cuando la familia Hernández Aquino volvería a saber de José Antonio: estaba detenido y estuvo incomunicado durante todo ese tiempo en la delegación Especializada de Delitos Culposos de Agua Santa. Y llamó para avisar que lo trasladaría al penal de San Miguel.

Sobre José Antonio pesa la acusación de homicidio, la familia de Rocío Sosa Sosa lo señala como responsable de la muerte de la mujer ocurrida en mayo de 2011, tenía 20 años de edad. El cuerpo fue hallado por la madre de Rocío colgando del barandal de la escalera donde vivía la joven.

Las investigaciones, de acuerdo con una nota publicada por el diario Intolerancia, apuntaban a un suicidio: “Se dijo que la joven estaba deprimida por haberse separado de su pareja, con quien ya vivía en unión libre, sus familiares la vieron muy callada, que no quería comer y que dormía poco, no advirtieron que iba a suicidarse y la dejaron sola; cuando su mamá fue a buscarla la encontró ya sin vida, sin que dejara un recado póstumo donde deslindara de su muerte a sus familiares”.

Violan sus derechos

En la detención, explica a Lado B Alejandro Hernández, padre de José Antonio Hernández, hubo irregularidades y violaciones a sus derechos, se le mantuvo incomunicado, le arrancaron la confesión “tras una calentadita” y sin que se le permitiera tener un abogado lo internaron en el penal.

Y responsabilizó al agente del Ministerio Público, Manuel Santamaría Sánchez de llevar un proceso irregular en la detención e interrogatorio del joven estudiante universitario.

Sobre el funcionario pesa al menos una acusación precisamente de irregularidades en sus procedimientos, en junio del año pasado los familiares de Oscar Zárate Ramírez, quien sería declarado culpable por el asesinato de su pareja sentimental, acusaron a Santamaría Sánchez por abuso de autoridad, la realización de cateos sin una orden ministerial, y la tortura física contra el detenido. La queja incluso fue interpuesta ante la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, folio 11259/2012.

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