Lado B

En agosto de 2012 un canción causaba efervescencia en Rusia. Su letra hacía referencia a que el país estaba en marcha:  “el país sale a las calles con audacia. El país está en marcha, el país va a decir adiós al régimen. El país está en marcha, el país es la punta de lanza de las feministas Y Putin va, Putin va, deja el rebaño”, cantaban las Pussy Riot, grupo de rock punk que, a pesar de la sentencia de dos años que fue emitida contra tres de sus integrantes ese mismo mes.

A partir de ese momento, manifestaciones y protestas en Rusia comenzaron a cobrar fuerza, aunado a videos en los que diferentes personas portaban el característico pasamontañas que las Pussy Riot solían utilizar en sus presentaciones; sin embargo, la represión contra la libertad de expresión de dicho grupo también ha continuado.

A finales de enero de este año la decisión de un tribunal ruso de confirmar la prohibición impuesta a los vídeos “extremistas” de la actuación de protesta llevada a cabo por las Pussy Riot en una catedral de Moscú,  “pone de relieve la escalada de represión de la libertad de expresión en el país”, ha manifestado Amnistía Internacional.

Hace una semana el Tribunal de la Ciudad de Moscú rechazó la apelación presentada por la integrante del grupo Ekaterina Samutsevich y confirmó el fallo que un tribunal de primera instancia dictó en noviembre, prohibiendo los vídeos con arreglo a una legislación contra el extremismo definida con imprecisión.

«El aumento del uso de leyes contra el extremismo formuladas en términos generales para reprimir la disidencia demuestra la absoluta falta de respeto de las autoridades rusas hacia la libertad de expresión como uno de los pilares de una sociedad democrática», ha señalado David Diaz-Jogeix, director adjunto del Programa para Europa y Asia Central de Amnistía Internacional.

«Se debe levantar la prohibición impuesta a los vídeos de las Pussy Riot y se debe poner fin a todos los ataques de este tipo al derecho, internacionalmente reconocido, a la libertad de expresión, además de dejar de aplicar de una manera tan restrictiva la legislación contra el extremismo.»

Amnistía Internacional ha manifestado su preocupación ante el fallo del tribunal, según el cual los vídeos contienen «imágenes y expresiones dirigidas a incitar al odio o la animadversión y la humillación de personas por motivos de su religión y pertenencia a instituciones sociales.»