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Arturo Cravioto

@Chukarthur

Entre 2008 y 2010, en México se detectaron 320 casos de tráfico de personas con fines de esclavitud, específicamente para explotación sexual y para el sometimiento a trabajos forzados, y dos caso en los que a las víctimas les fueron extirpados órganos, según el Reporte Global sobre Tráfico de Personas 2012, publicado en diciembre pasado por la Oficina de las Naciones Unidas para el Crimen y las Drogas (UNODC, por sus siglas en inglés).

Si bien no hay cifras que evidencien la proliferación de este delito a nivel nacional, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) detectó 15 focos rojos en el país de tránsito, origen y destino de personas víctimas de trata entre ellos Puebla.

Para el director del Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría de la Ibero Puebla, Oscar Arturo Castro Soto, a pesar de que hay avances y mayores esfuerzos, el gobierno estatal no ha logrado inhibir el tráfico y la trata de personas.

Al presentar la agenda de trata y tráfico de personas del instituto y del Observatorio Latinoamericano de Derechos Humanos, el académico reconoció que, a pesar del trabajo de los gobiernos de Puebla y Tlaxcala aún no se han reducido las operaciones de los nodos ilegales de trata de personas y prostitución, principalmente en la zona limítrofe entre ambas entidades, compuesta por los municipios de Tenancingo y San Pablo del Monte.

Indicó que los trabajos que hay que reconocer a las autoridades estatales es a nivel de la investigación para diagnosticar y delimitar el problema, así como implementar “algunas políticas para depurar  la fiscalía”, pero es necesario hacer muchos esfuerzos más, debido a que las acciones no han podido inhibir la trata, principalmente de mujeres y niños para la explotación sexual por redes delincuenciales.

“No se ha inhibido, yo creo que se ha hecho más público el problema y lo hemos podido ver con mayor claridad, la ciudadanía está un poco más consciente del problema y de lo que pasa en la entidad”.

Por ello, exhortó a las autoridades estatales a coordinar esfuerzos con la federación e investigar más a fondo la red de trata de personas que operan entre Puebla y Tlaxcala.

Durante el acto de presentación de la agenda sobre el tema, el rector de la Ibero Puebla, David Fernández Dávalos, lamentó que el gobierno federal tenga una política fuerte para combatir el tráfico de estupefacientes y no tenga un programa equivalente y contundente para inhibir el tráfico de seres humanos.

Además, en el mismo tono, reconoció los esfuerzos de la Procuraduría General de Justicia (PGJ) del estado para frenar este delito junto con los programas que el Ejecutivo estatal ha impulsado para combatir la trata, sin embargo, también coincidió en que estas medidas han sido insuficientes para atacar el problema ya que “el volumen que tiene es alarmante, sobre todo en zonas como Atencingo y los alrededores de Puebla que son núcleos importantes de trata de personas”.

Finalmente, anunció la creación de un diplomado, coordinado por el instituto Ignacio Ellacuría, para analizar el problema y que investigadores y activistas sociales involucrados puedan tener mejores herramientas para analizar y abatir el problema.