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Patricia Chandomí, corresponsal

Tuxtla Gutiérrez. (Cimacnoticias).- En Chiapas no existen datos oficiales desagregados de los asesinatos de mujeres; la poca información con la que se cuenta es de los monitoreos realizados por la prensa local, por lo que el llamado para la administración de Manuel Velasco Coello es que se respete el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia.

Pese a que el feminicidio está tipificado en la Ley Estatal de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en los hechos en Chiapas no existen protocolos de investigación para casos de feminicidio, como tampoco el interés de las autoridades para investigarlos.

Para Martha Figueroa, directora de la organización Civil Grupo de Mujeres de San Cristóbal de las Casas, instancia que acompaña a víctimas de violencia y que ha hecho diversos monitoreos en prensa local sobre la magnitud de estos asesinatos en la entidad, el personal que atiende en las instancias judiciales adolece de toda capacitación, incluso en algunos casos llegan al extremo de justificar el asesinato.

De estos monitoreos hoy conocemos que durante 2012, último año de la administración de Juan Sabines Guerrero, 85 mujeres fueron víctimas de feminicidio. La menor de ellas, de tan sólo 10 años de edad, fue agredida sexualmente antes de ser asesinada.

También se conoce que la localidad con más casos es Tapachula, donde se registraron 17; 9 en Tuxtla Gutiérrez; 7 en Comitán; 5 en San Cristóbal de las Casas; 3 en Huixtla, 3 en Trinataria, y los demás fueron cometidos en la diversa geografía de Chiapas.

El feminicidio no es el equivalente de homicidio, aplicado a las mujeres, sino que hace referencia a los asesinatos que llevan un mensaje de odio, desprecio y dominio sobre las mujeres.

Es la culminación de una situación caracterizada por la violación reiterada y sistemática de sus Derechos Humanos, de acuerdo con la definición de la antropóloga y feminista Marcela Lagarde, también precursora de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

El feminicidio se da en un contexto de arbitrariedad e impunidad social y judicial para los perpetradores. En el caso de Chiapas apenas hay un sentenciado por este delito.

Se trata de Juan Carlos Paz Hernández quien fue sentenciado a 25 años de prisión. Fue condenado por elementos de la Procuraduría General de Justicia del Estado, luego de que se comprobara su participación en el homicidio de Arely Díaz Hernández y/o Martha Alicia Díaz Aguilar, originaria de Honduras.

La joven fue privada de la vida el pasado 13 de abril y su cuerpo encontrado en un inmueble entre las calles Quinta y 11 Poniente, de la colonia Obrera en Tapachula.

Clasifican delitos como suicidios

De acuerdo con el monitoreo del Grupo de Mujeres de San Cristóbal de las Casas, a las chiapanecas las continúan asesinando con armas de fuego y punzocortantes, además de que antes de ser ultimadas son agredidas sexualmente.

Como parte del desinterés de las autoridades por investigar y esclarecer los casos de feminicidio, están seis casos de mujeres que según las autoridades “se suicidaron”, aunque los reportes de la prensa señalan que una de ellas se apuñaló, seis se ahorcaron, una tuvo una sobredosis, y otra se inyectó gramaxone (un herbicida). Todos los casos están impunes.

La abogada Martha Figueroa hizo un llamado al nuevo gobernador de Chiapas, Manuel Velasco Coello, a ser coherente con su discurso en el sentido de que las mujeres serán prioridad en su gobierno. “Que lo demuestre respetando el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia”, concluyó la activista.