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Ernesto Aroche Aguilar

El Juzgado Cuarto de Distrito ordenó al gobierno del estado detenga, provisionalmente, las obras del teleférico hasta que demuestre que contaba con el permiso del Instituto Nacional de Antropología de Historia (INAH) para derrumbar la casona conocida como el “Rincón del Torno”.

Situación que podría resultar complicada para el gobierno morenovallista pues el propio INAH ya reconoció como “inexistente” la documentación al responder a una solicitud de información que presentó el Comité Defensor del Patrimonio Histórico, Cultural y Ambiental de Puebla AC.

La información fue dada a conocer este domingo por los académicos e integrantes de la Asociación Civil que encabezan las investigadoras Rosalva Loreto y Monserrat Gali, responsables también del amparo –folio 1962/2012– que obliga a detener los trabajos que se realizan sobre el inmueble con el número 414 de la calle 8 norte.

“Nos estamos amparando ante la destrucción de un inmueble que forma parte del Catálogo Nacional de Monumentos. La juez aceptó provisionalmente nuestros argumentos de que se trata de un edificio que forma parte del patrimonio histórico, inscrito en el Diario Oficial y está dentro de Zona Monumental, el próximo martes tenemos una audiencia en donde tenemos que presentar la documentación oficial”.

La investigadora explicó que si bien el inmueble ya está destruido, lo que esperan es que se reconozca que se trata de un delito federal que se debe perseguir de oficio “y hay que fincar responsabilidades” además, por supuesto, que la obra se detenga definitivamente, explicó Loreto.

Sí hay permiso… para cimentar: INAH

De acuerdo con el propio INAH el inmueble que data de los siglos XVII y XVIII sí está considerado dentro del catálogo de obras protegidas –folio 211140010185– y para cualquier trabajo –considerada como “mayor” por las características de lo que se hizo en el inmueble— se debe solicitar la autorización al instituto “debido a que así lo establece la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos y su Reglamento, así como la Ley Orgánica del Instituto Nacional de Antropología e Historia”, según se lee en la página del instituto federal.

De acuerdo con una nota publicada el 15 de noviembre pasado por el diario El Heraldo, Sergio Vergara Berdejo, perito del INAH dio a conocer que el instituto otorgó un permiso para cimentar en el inmueble histórico, pero que a los constructores “se les pasó un poco la mano”.

En la misma nota, se cita al secretario de Infraestructura (SI), Antonio Gali Fayad: “Estamos nosotros haciendo las bases de las estaciones de transferencia como las bases (…) teníamos el permiso, por la mañana platique con Sergio Vergara, nos llamó la atención que saliera una nota en ese sentido. Nosotros nunca hemos hecho algo sin la presencia del INAH”.

Dicha documentación, sin embargo, no ha sido dada a conocer públicamente.

Un día después, el viernes 16 de noviembre durante la sesión de Cabildo, el presidente de la comisión de Obra Pública, David Méndez Márquez, calificó de ilegal la obra impulsada por el gobierno estatal, por carecer de los permisos del ayuntamiento de la capital poblana.

“La normativa exige que toda realización de obra pública y privada, cuente con los permisos y licencias de autorización de este Ayuntamiento, situación que una vez más es violentada en este caso, esta obra no cuenta con estas autorizaciones, por lo tanto, se está haciendo en la ilegalidad, se acaba de destruir una edificación catalogada como monumento histórico y por lo tanto esto constituye un delito del orden federal que amerita la sanción correspondiente”.

La respuesta vino un par de días más tarde, de acuerdo con el portal de noticias e-consulta, Gali Fayad aseguró, sin mostrar la documentación, que las obras del teleférico sí fueron autorizadas por el ayuntamiento. “Si no tuviéramos permiso no nos metíamos a hacer y mover”.

E insistió en que tenían la autorización del INAH y de paso negó su valor histórico, “pues el INAH encontró que éste cuenta con un sistema de drenaje  moderno en la parte inferior, lo cual implica que ya fue intervenido en una ocasión anterior y perdió su historicidad”.

Detenidas…

Por lo pronto, más allá de dimes y diretes, el Juzgado Cuarto decidió “conceder la suspensión provisional solicitada, sólo para el caso de que la obra pública denominada ‘Teleférico de la ciudad de Puebla’ no cuente con las autorizaciones respectivas por parte del Instituto Nacional de Antropología e Historia”.

De acuerdo con la resolución de la jueza Yolanda Vázquez Rebollo, se deberán suspender “los trabajos correspondientes que pudieran afectar al inmueble identificado con el número cuatrocientos catorce de la calle ocho norte de la ciudad de Puebla, sólo para el caso de que efectivamente resulte monumento histórico al amparo del registro referido, sin perjuicio de que se continúe la realización de la obra fuera de la citada zona, cuyos límites y colindancias se encuentran previstas en el decreto mencionado”.

Así la discusión sobre la ilegalidad o no de las obras referidas se traslada al Poder Judicial, pues las autoridades estatales deberán demostrar que cuentan con los permisos correspondientes para destruir el inmueble.

De comprobarse que se actuó al margen de la ley, explicó Rosalva Loreto, lo primero que se espera es que se aplique una multa a los responsables pero las sanciones podrían llegar más lejos.