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• Protestas por minas e hidroeléctricas, obras que atentan contra el patrimonio edificado, metrobus…

Amira George

El gobernador Rafael Moreno Valle llega a su segundo informe de gobierno con varios conflictos y protestas de grupos de la sociedad civil a cuestas, algunos heredados de su primer año de gobierno, como el proceso aún inacabado del retiro de los mototaxis o las manifestaciones de los defraudados de las cajas de ahorro, pasando por las acusaciones de académicos e investigadores por el presunto daño al patrimonio histórico de la ciudad de Puebla con las obras de los fuertes y, recientemente el teleférico, así como el brote de movimientos en una decena de comunidades  contra los proyectos mineros en la Sierra Norte.

Atenta contra el patrimonio

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Uno de los temas más criticados del segundo año de la administración morenovallista ha sido el daño al patrimonio histórico, primero por las obras de rescate de los fuertes de Loreto y Guadalupe y después por los trabajos de cimentación de un teleférico que recorrerá 1.7 kilómetros para comunicar por vía aérea el centro histórico con la zona de los fuertes, pues para el desarrollo de la obra se derrumbó una casona histórica que data de los siglo XVII y XVIII que forma parte del catalogo de inmuebles que el Instituto Nacional de Antropología e Historia debe proteger.

Los problemas se iniciaron cuando dentro del paquete de obras que se realizaron en los fuertes de Loreto y Guadalupe para conmemorar el 150 Aniversario de la Batalla del 5 de Mayo, las cuales incluyeron la construcción de un monumento a cargo del arquitecto Enrique Norten, se decidió intervenir el museo de sitio.

El trabajo realizado en dicho inmueble fue recibido con críticas severas por parte de investigadores del Instituto Nacional de Antropología e Historia, organismo que dio los permisos para estos trabajos, así como por historiadores y académicos de Puebla, especialmente aquellos que integran el Comité Defensor del Patrimonio Histórico, Cultural y Ambiental de Puebla AC.

Por su parte el sindicato del INAH a nivel federal, encabezado por Felipe I. Echenique March llevó el tema ante las autoridades judiciales, al presentar una denuncia ante la Procuraduría General de Justicia el pasado 21 de septiembre por el daño al patrimonio histórico de Puebla.

En la demanda interpuesta se acusa que el cambio de concepto del museo del Fuerte de Loreto y los trabajos de remozamiento en este inmueble, y la colocación de una estructura de metal y vidrio sobre el fuerte de Guadalupe, afectaron irremediablemente el contexto histórico de este sitio, en el cual se llevó a cabo la batalla en contra del ejercito francés en 1982.

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Pese a estas denuncias, ni el gobierno del estado ni la delegación en Puebla del INAH han considerado el revertir la intervención hecha en el lugar.

Para principios de octubre el gobierno del estado dio a conocer que tenía el proyecto de construir un teleférico que iría desde la zona de los fuertes hasta el barrio del artista como parte del corredor Fuertes-Centro Histórico, como un atractivo adicional para el Tianguis Turístico que se llevará a cabo en la capital en marzo de este año.

Hacia finales de ese mes comenzaron los trabajos preliminares para la cimentación del teleférico, a pesar de que ni las autoridades municipales ni el INAH había dado los permisos para comenzar el levantamiento formal de las estructuras, aunque la inexistencia de las autorizaciones se conocería hasta enero de este año cuando el INAH reconoció a través de un oficio que fue entregado a los integrantes del grupo de académicos que “el instituto no había emitido autorización alguna que apruebe la realización del proyecto del teleférico”.

En dicho documento, girado el 28 de diciembre, se anunciaba incluso que el INAH iniciaría un procedimiento para suspender los trabajos. Aunque el anuncio llegó tarde, desde principios de noviembre la casona identificada como el “Rincón del Torno”, ubicada en la 8 norte número 414, ya había sido demolida para dar cabida a una de las estaciones del teleférico.

En su momento, a manera de justificación, el secretario de Infraestructura, Antonio Gali Fayad aseguró que esta casona no se encontraba catalogada como histórica, pues había sido intervenida años antes para la colocación de drenaje; sin embargo, esto fue desmentido por especialistas quienes dieron a conocer que la llamada Casa del Torno sí está dentro del catélogo de inmuebles históricos que resguarda el INAH bajo el número de folio 4946.

Además, a pesar de que el ayuntamiento tampoco autorizó la demolición de la casa, hasta el momento este tampoco ha sancionado al gobierno del estado porque “se tiene estrecha colaboración” en el proyecto, de acuerdo con lo dicho por el secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, Felipe Velázquez Gutiérrez.

Para el 4 de enero, el Juzgado Cuarto de Distrito ordenó la suspensión temporal de las obras en la zona del Centro Histórico, al otorgar un amparo al Comité Defensor del Patrimonio Histórico Cultural y Ambiental de Puebla por la demolición de la Casa del Torno.

Conflictos por el transporte

En materia de transporte, en el segundo año de la administración morenovallista destacaron los problemas ocasionados por la construcción del carril confinado de la Red Urbana de Transporte Articulado (RUTA), mejor conocido como Metrobus, y el programa de retiro de mototaxis al interior del estado.

Si bien los trabajos de la infraestructura del Metrobus iniciaron en noviembre de 2011, fue en los últimos meses del 2012 cuando los vecinos de la unidad habitacional Rivera Anaya se manifestaron en contra del proyecto.

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A mediados de noviembre denunciaron que el puente se construyó en las inmediaciones del complejo de viviendas invadía espacios públicos, además que la estructura pasaba a menos de tres metros de las ventanas de los departamentos, lo cual podría ocasionar un incremento en la inseguridad en la zona.

Sin embargo, estas quejas fueron ignoradas por las autoridades estatales hasta que el 27 de noviembre los colonos detuvieron las labores de la empresa Cemex, responsable de la construcción de la infraestructura del Metrobus, luego de que las vibraciones generadas por las maquinaria provocaran fisuras en algunas casas.

En su momento, los habitantes de la Rivera Anaya narraron que alrededor de las 7 de la tarde de ese día, sintieron un pequeño temblor, por lo que salieron de sus casas para encontrar que los edificios 316 y 317 se habían separado por una grieta de un metro de profundidad, por lo que bloquearon la maquinaria que se encontraba en el lugar de la obra para evitar daños mayores en sus propiedades.

Las labores de construcción se reanudaron al día siguiente de la manifestación, mientras representantes del gobierno del estado negociaban con los vecinos la forma en la que se les apoyaría para reparar sus casas.

Si bien en un principio se les dijo que la empresa se haría responsable de la reparación de las cinco viviendas que se vieron afectadas, hacia mediados de diciembre las autoridades cambiaron el discurso, asegurando que solamente se les daría el material para que los propios ciudadanos repararan las fisuras.

A la par, para finales de noviembre, habitantes de Tlaxcalancingo se manifestaron en contra de la ampliación de la carretera federal a Atlixco, proyecto impulsado por la Secretaría de Comunicaciones y Transporte federal, pues esta obra invadía un terreno donde se llevan a cabo rituales religiosos.

Como parte de su protesta, pidieron el apoyo a la Secretaría de Transporte estatal, pues con la entrada de la RUTA, se eliminaban las unidades de transporte público que conectaban a esta zona campesina con la Central de Abastos, lo cual dificultaría la venta de sus productos.

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En lo que respecta al canje de mototaxis, a lo largo de 2012 el gobierno del estado entregó 736 taxis locales más de 40 municipios del estado.

El intercambio consistía en que los concesionarios recibirían una de estas unidades, modelo Atos o Matiz, al entregar dos mototaxis.

Con esto, se buscaba eliminar este sistema de transporte empleado principalmente en comunidades pequeñas, por supuestas irregularidades en la entrega de los permisos para su circulación durante la administración de Mario Marín Torres.

El gobierno del estado implementó un fuerte operativo al interior del estado para el retiro de estas unidades, lo cual fue recibido con una serie de manifestaciones por parte de los transportistas quienes incluso se ampararon ante la federación.

A principios de este año, los operadores de los mototaxis anunciaron una manifestación en el marco del informe de Rafael Moreno Valle el próximo 15 de enero.

El rescate de la concesión del Libramiento Norte

En mayo de 2012, el gobierno del estado anunció el rescate de la concesión que fue entregada  durante la administración de Mario Marín Torres a la empresa española Obrascón Huarte Laín (OHL) para la construcción y operación del Libramiento Norte de la ciudad de Puebla.

La administración de Moreno Valle justificó la cancelación del contrato con la trasnacional bajo el argumento de que la entrega del mismo se dio de manera poco transparente, además de que la propia empresa no cumplió con los tiempos establecidos para la liberación de derecho de vía para iniciar los trabajos.

Después se supo que este proyecto fue descartado para iniciar las gestiones de la construcción del segundo piso de la autopista México-Puebla, el cual requerirá una inversión de 12 mil millones de pesos.

La decisión del retiro de la concesión fue recibida por la empresa española como una acción “populista” al estar en puerta el proceso electoral federal, por lo que presentaron un amparo, pues la cancelación del convenio les generó pérdidas por el orden de los 650 millones de pesos.

Pese a que el primer amparo que solicitó la constructora ante el Juzgado Tercero de Distrito fue rechazado, para el 7 de septiembre el Juez Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Décima Región, autorizó amparar a la transnacional, pues el gobierno del estado no le dio el derecho de audiencia antes de tomar la determinación de rescatar la concesión.

Si bien el director general del área financiera de OHL, Enrique Weicker, señaló a mediados de noviembre la disposición de la empresa para negociar con las autoridades estatales, hasta la fecha no se han tenido mayores avances en el tema.

Apoyos a defraudados llegan a medias

Pocos días antes de cumplir su primer año de gobierno, el 11 de enero de 2012, Rafael Moreno Valle firmó un convenio con el Fondo para el Fortalecimiento de Sociedades y Cooperativas de Ahorro y Préstamo, por medio del Fideicomiso de Pago (FIPAGO), para establecer un mecanismo de indemnización para los mil 417 defraudados por empresas crediticias.

Sin embargo, este convenio solamente cubría a los afectados por la caja de ahorro Bienestar Social La Paz y la cooperativa Juntos Organizados Venceremos, por un monto total de 96 millones de pesos, los cuales serían aportados por la federación y el gobierno estatal.

Esto dejó en el aire a los afectados por los fraudes de las inmobiliarias Sitma e Invergroup, quienes para octubre de 2012 cumplieron tres años en busca de alguna forma de recuperar las inversiones que hicieron con estas empresas.

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En septiembre, la Fiscalía Especializada en Delitos Financieros de la Procuraduría General de Justicia, dio a conocer que se resarcirían las afectaciones a los defraudados pero no monetariamente, sino por medio de inmuebles.

Posteriormente, en noviembre del año pasado, el secretario General de Gobierno, Fernando Manzanilla Prieto, detalló que ya se habían incautado una serie de propiedades de las dos empresas inmobiliarias, las cuales serían vendidas para poder indemnizar a los defraudados.

A la fecha no se tiene un padrón concreto de cuántas personas fueron defraudadas por Invergroup y Sitma, por lo que se desconoce si la venta de inmuebles será suficiente para cubrir las deudas con cada uno de los afectados.

Pueblos de la Sierra se levantan contra megaproyectos

Tetela de Ocampo, Zautla y Olintla son tan sólo algunos de los municipios que en 2012 se levantaron en contra de proyectos mineros e hidroeléctricos por las afectaciones ambientales y sociales que estos tendrían en sus comunidades.

Si bien los permisos para este tipo de proyectos son entregados por el gobierno federal, los pueblos exigieron en numerosas ocasiones el apoyo de la administración morenovallista, la cual se mantuvo al margen de todo conflicto, deslindándose de cualquier responsabilidad al respecto.

En agosto de 2012 se dio a conocer que los habitantes de Tetela de Ocampo conformaron una organización llamada Tetela Hacia el Futuro, con la cual manifestaban su rechazo total al proyecto minero encabezado por Minera Frisco, propiedad de Carlos Slim Helú, el cual consistía en la explotación a cielo abierto del cerro Espejeras, a menos de cinco kilómetros de la cabecera municipal, en busca de oro y plata.

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Los integrantes de la asociación organizaron foros en la capital así como manifestaciones en el propio municipio, con la finalidad de dar a conocer el daño al ecosistema que generaría la destrucción del cerro, el cual es el nacimiento de uno de los pocos bosques de niebla que quedan en el país.

Aunque el gobierno de Moreno Valle evitó involucrarse en el tema, el proyecto logró ser suspendido provisionalmente, una vez que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) negó los permisos ambientales a la empresa por no cumplir con los lineamientos ambientales requeridos en su Manifiesto de Impacto Ambiental.

Adicional a esto, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) realizó visitas de inspección a la mina a mediados de 2012, de las cuales aún no se tiene el resolutivo final, pero trascendió que derivaron en sanciones de hasta 300 mil pesos contra la empresa y una clausura temporal hasta que no regularicen sus permisos ambientales.

Desde principios de diciembre del año pasado Minera Frisco detuvo los trabajos de exploración en el cerro Espejeras, e incluso retiró los barrenos que tenía en el sitio, aunque esto no significa que no vayan a regresar en el futuro, pues la concesión dada por el gobierno federal vence hasta el año 2053.

Un caso similar se dio en Zautla, en donde el 21 de noviembre más de cinco mil habitantes acordaron en una asamblea general exigir a la empresa japonesa JDC Minerals abandonar la comunidad y renunciar a su proyecto para reactivar la mina La Lupe.

Este movimiento, el cual empezó tan sólo tres semanas antes, logró que en 24 horas los trabajadores de la transnacional abandonaran el lugar, cerrando la mina ubicada en la comunidad de Tlamanca.

El uso de explosivos y el daño al ecosistema de la región fueron las principales razones por las que los habitantes tomaron la determinación de echar del municipio a la empresa japones, ejemplo que podría ser seguido por otros pueblos con problemáticas similares.

Para cerrar el 2012, el 4 de diciembre los habitantes de la comunidad Ignacio Zaragoza, del municipio de Olintla, detuvieron la maquinaria que Grupo México tenía dispuesta en la zona para la construcción de un camino de acceso a una planta hidroeléctrica que instalarían en el río Ajajalpan.

La energía eléctrica que generaría esta planta sería empleada para minas del corporativo ubicadas en el norte del país, por lo que no habría ningún beneficio directo para los habitantes de la zona, quienes no sólo perderían sus tierras sino que además verían afectada su forma de vida al perder la posibilidad de pescar sus alimentos en el río, denunciaron en su momento integrantes del Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario (Imdec) y de la Universidad de la Tierra (Unitierra).

El bloqueo se mantuvo por al menos 15 días, pese a las agresiones que sufrieron los manifestantes por parte de funcionarios del propio municipio y de la empresa, por lo que presentaron demandas penales y quejas ante la Comisión de Derechos Humanos.