Ignorar y reprimir, la política morenovallista de derechos humanos

Ignorar y reprimir, la política morenovallista de derechos humanos

Foto: Octavio Gómez | Proceso
Foto: Octavio Gómez | Proceso

Mely Arellano

@melyarel

La política de derechos humanos del gobierno de Rafael Moreno Valle ha sido ignorar y reprimir. Así lo consideran activistas que han visto cómo durante el segundo año de su administración han aumentado el descontento social y los crímenes de odio, continúan los feminicidios, se siguen favoreciendo los cacicazgos y los megaproyectos a costa del bienestar de los poblanos.

-Es un gobierno que no ha invertido en garantizar derechos, en ampliar una visión particular sobre el tema, en tener una perspectiva de derechos humanos en su política pública, en ese sentido lo evaluaría como un gobierno mediocre –dice contundente Brahim Zamora, del Observatorio Ciudadano de Derechos Sexuales y Reproductivos (Odesyr).

En el mismo sentido opina Eduardo Almeida, del Nodo de Derechos Humanos (Nodho).

-El tema de derechos humanos no es una preocupación, nunca lo ha sido, para el gobierno del estado.

Para Brahim Zamora, una de las grandes carencias del morenovallismo es su desinterés por incorporar a la ciudadanía en la toma de decisiones y la ejecución de la política pública. Lo que le interesa a Moreno Valle, señala Almeida, es gobernar para una “especie de seudo aristocracia poblana” y destinar los recursos públicos “para tener bonitas ciertas zonas de la ciudad, para hacer un puentecito muy lucidor, para su teleférico, para hacer eventos casi privados; es un gobierno orientado a una clase social, a la cual quiere favorecer, y eso genera un ambiente violatorio de derechos humanos porque genera condiciones de mayor desigualdad, de impunidad”.

Crímenes de odio

Foto: Joel Merino | Archivo
Foto: Joel Merino | Archivo

En marzo del 2012 asesinaron a Agnes Torres. Su muerte movilizó a la población LGBTI. Las autoridades respondieron rápidamente a la demanda y se instaló una mesa de trabajo, que sin embargo no avanzó mucho. En el Congreso también aprovecharon la coyuntura y aprobaron una modificación al artículo 11 de la Constitución Política de Puebla que prohíbe la discriminación por preferencias sexuales; sin embargo, pese a que ya hay una iniciativa revisada incluso por el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), le Ley Estatal contra la Discriminación duerme el sueño de los justos.

–Se han hecho cosas pero que han respondido a las coyunturas, tanto en el tema de feminicidios, como a lo que se ha legislado sobre crímenes de odio –reconoce Brahim Zamora-. Particularmente me parece que el procurador tiene una mirada muy clara sobre crímenes de odio, pero creo que el sistema, el aparato, no le permiten una articulación y líneas de acción claras y concretas en el tema de la prevención.

El sometimiento del Congreso hacia el titular del Ejecutivo no permite avances sobre todo en lo relacionado a derechos reproductivos y sexuales, dice el activista, quien además lamenta que, justamente al contrario, el gobernador le ha concedido mucho a los grupos conservadores sin que haya entre los diputados alguien que haga contrapeso.

El año pasado se registraron nueve crímenes de odio. En 2011 hubo 4. Del 2004 a la fecha, 21.

Violencia de género y feminicidios

En los primeros ocho días del 2013 hubo tres feminicidios en Puebla. De enero al 30 de junio oficialmente se cometieron 35 asesinatos dolosos de mujeres. La mayoría tenía entre 21 y 40 años. En 2011 hubo 79 casos, 172 por ciento más que en el 2005.

Cada día en el estado se comenten en promedio 2.2 violaciones sexuales contra mujeres, 10 por ciento más que en 2011 y 31 por ciento más que en 2010.

Tres de cada diez poblanas han sufrido algún tipo de violencia pues aunque existe una Ley para el Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, es casi letra muerta, ni siquiera los funcionarios encargados de procuración de justicia la conocen, y la primera sesión del Sistema para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres se realizó un año y cinco meses después de iniciado el gobierno de Moreno Valle.

Apenas en noviembre pasado el Congreso aprobó tipificar el feminicidio como delito.

Foto: Archivo
Foto: Archivo

–Seguimos encontrando en Ministerios Públicos maltratos a mujeres que llegan a denunciar violencia, sigue habiendo una doble o triple victimización, sigue habiendo feminicidios, y pareciera que no es un tema del gobernador, el gobernador no ha dicho nada al respecto, se lo deja al Congreso, al procurador, a funcionarios menores y eso es un muy mal mensaje, o sea: no es prioritario el tema de la seguridad de las mujeres, o de la seguridad de la población LGBTI, que también en el 2012 aumentaron muchísimo los crímenes de odio –dice Zamora.

Derechos sexuales y reproductivos

En cuanto a salud sexual y reproductiva el defensor de derechos humanos reconoce que hay funcionarios comprometidos con el tema, lo que ha permitidos articular acciones de participación ciudadana y se ha avanzado en el tema, aunque advierte que por supuesto hay pendientes.

En educación el problema es otro: hay dispendio de recursos, porque si bien existen muchos programas (federales, estatales, financiados por agencias de la ONU) que tratan asuntos de género, de violencia sexual y bullying, no hay comunicación entre ellos, lo que imposibilita un impacto real e integral.

–En términos generales: tenemos un gobierno al que no le interesa, al que no le es prioritario garantizar los derechos sexuales y reproductivos, al que no le es prioritario garantizar el derecho a la justicia y a la seguridad pública a grupos vulnerables como LGBT y las mujeres, a quien no le interesa tampoco tener acciones contundentes de prevención en términos de salud y educación sexual –concluye Brahim Zamora.

Derechos humanos

Foto: Lado B | Archivo
Foto: Lado B | Archivo

En la opinión de Eduardo Almeida el segundo año de Moreno Valle no ha sido más que la continuación del anterior, “y de lo que ya se veía desde que planteó su Gabinete y comenzó a perfilar su gobierno. Es decir, este asunto de ignorar o tratar de reprimir cualquier descontento social, y creo que se ha visto con el proyecto del Viaducto Zaragoza, el teleférico, el tema de las mineras”.

–Puebla ya se empieza a volver un estado peor en términos de respeto a derechos humanos –continúa-, porque claramente el gobierno de Moreno Valle está orientado a una parte del sector empresarial para favorecer megaproyectos, la cuestión turística, dejando de lado los problemas sociales más profundos que tiene el estado desde hace muchos años. Fortaleciendo cacicazgos, dejando que las zonas que han estado jodidas toda la vida, se sigan jodiendo.

¿Y cómo evaluarías la actuación de la CDH?

–Creo que a la Comisión de Derechos Humanos (CDH) siempre le ha faltado filo. Una CDH, aunque sea oficial, tiene que plantearse que su responsabilidad es con las víctimas y eso la lleva inevitablemente a confrontarse con el estado, y creo que esa responsabilidad la ha evadido siempre. Sirve más como una instancia para apaciguar problemas, diluir tensiones. Me parece bien que hay que buscar mecanismos de conciliación y reconciliación. Es importante, pero muchas veces esos mecanismos plantean situaciones de igualdad a quienes no están en situaciones de igualdad: el estado tiene una dimensión y un poder que no tiene la víctima.

En 2012, la CDH emitió 24 recomendaciones, 9 “en trámite”, y logró 46 conciliaciones, de las cuales 30 están “en trámite”.

La Procuraduría General de Justicia (PGJ) es quien tiene más recomendaciones: 4 en trámite y 5 conciliaciones. Le sigue el presidente municipal de Tehuacán, Eliseo Lezama: 3 recomendaciones cumplidas y 2 conciliaciones en trámite.

En 2011 la PGJ, la Secretaría de Seguridad Pública y el presidente municipal de Puebla, Eduardo Rivera, encabezaban la lista con mayor número de recomendaciones. Con la reforma a la Ley de Derechos Humanos se privilegian las conciliaciones, por lo que el año pasado la SSP tuvo 4 conciliaciones y una recomendación en trámite; y Eduardo Rivera, 5 conciliaciones.

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