Josephine Thomas (nombre ficticio) fue detenida por la Policía del Aeropuerto de Barajas cuando intentó cruzar el control fronterizo usando el pasaporte español que le había servido para entrar en Europa. Su piel negra y su habla inglesa hicieron saltar todas las alarmas. No pudo responder al interrogatorio en castellano que le hizo el oficial de control de fronteras, así que fue trasladada inmediatamente a la Sala de Rechazos y se le inició un expediente de devolución a Rumanía, desde donde procedía el vuelo que la trajo a España. Horas después de ser detenida y ya con un intérprete presente, pudo confesar su nacionalidad nigeriana, que no era turista, que la documentación era falsa, que tenía 16 años y el propósito de su llegada a España: venía para ser prostituida.

La sola condición de ser menor le otorgaba a Josephine el derecho a la admisión a trámite de la solicitud de asilo que hizo, el acceso a los recursos específicos de protección para menores extranjeros no acompañados (MENAS) y la autorización inmediata de entrar en el territorio del Estado español para ser tutelada por la Comunidad Autónoma de Madrid. Porque España, Estado miembro de la Unión Europea, es firmante de la Convención de los Derechos del Niño y de la Niña, de la Convención de Ginebra de 1951 para los refugiados, del Protocolo para Prevenir, Reprimir, y Sancionar la Trata de Seres Humanos, Especialmente de Mujeres y Niños, y del Convenio del Consejo de Europa sobre la Lucha contra la Trata de Seres Humanos, entre otros. Además, la legislación española sobre el Derecho de Asilo ordena la protección de las mujeres víctimas de persecución por motivos de género; y el artículo 59.bis de la Ley de Extranería establece la posibilidad de una protección específica para las mujeres víctimas de trata con fines de explotación.

Sin embargo, Josephine estuvo encerrada 29 días en un espacio donde tenía menos derechos que cualquier recluso.