Su trabajo calificará a González Magaña: Blanca Lilia Ibarra

Su trabajo calificará a González Magaña: Blanca Lilia Ibarra

Foto: Es Imagen

Ernesto Aroche Aguilar

@earoche

Será el trabajo el que avale o descalifique al nuevo integrante de la Comisión de Acceso a la Información Pública (CAIP), Federico González Magaña, esa fue la postura que tomó la actual presidenta del organismo, Blanca Lilia Ibarra Cadena al ser interrogada sobre las críticas que pesan sobre el que hasta hace unos días despachara como delegado de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).

El nombramiento de González Magaña fue cuestionado por organizaciones no gubernamentales vinculadas con el tema de la transparencia, pues sostienen que el ex consejero local del IFE mantiene nexos políticos con el gobernador del estado pues fue parte de su equipo de apoyo jurídico durante el proceso electoral de 2010.

Tras conocerse la elección del Congreso del estado organizaciones agrupadas en torno al movimiento #CAIPciudanana –Amedi, Colectivo por la Transparencia, Fundar, México Infórmate y Puebla Vigila, A.C.— señalaron que “con la decisión tomada por la mayoría de las y los diputados del Congreso de Puebla se pone en riesgo la independencia de la CAIP”.

Al respecto, Ibarra Cadena sólo comentó: “Respetamos la decisión del Congreso, fue responsabilidad exclusiva de los señores diputados el análisis de los perfiles de los candidatos”.

Piedras a la transparencia

Durante la sesión del pleno, que se llevó a cabo la mañana de este lunes, la aún presidenta –deberá entregar la representación del organismo en enero próximo– alertó la estrategia que ha seguido el gobierno del estado para dilatar la entrega de la información que le es requerida por los ciudadanos.

Ibarra Cadena explicó que en lo que va del año el 23 por ciento de los 148 recursos que han resuelto la CAIP han sido por vía del “sobreseimiento”, pues los sujetos obligados entregan la información tras iniciarse el proceso de revisión.

Pero no es la única traba que la CAIP ha detectado que retrasa o impide el derecho a la información, Ibarra Cadena señaló también que la obligación legal que impusieron los diputados a través de la ley en la materia, de que los recursos de revisión deben ser ratificados en persona ha provocado que al menos el 20 por ciento de las peticiones para que la comisión intervenga hayan sido desechados.

«El tema de la ratificación, ya lo hemos dicho en varias sesiones, es un asunto que se debe revisar, por que inhibe el derecho de acceso a la información», concluyó.

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