En países como México, defensoras y defensores de derechos humanos sufren hostigamiento judicial, son detenidos sobre la base de pruebas deficientes o enfrentan durante años cargos falsos contra ellos porque se dictan órdenes de detención que luego no se ejecutan, revela el informe de Amnistía Internacional “Transformando dolor en esperanza”.
Se trata de un texto que documenta más de 300 casos de intimidación, hostigamiento, ataques y asesinatos de defensoras y defensores de derechos humanos en una decena de países americanos, ocurridos entre enero del 2010 y septiembre del 2012, entre ellos 47 casos ocurridos en México.
Los defensores indígenas de derechos humanos José Ramón Aniceto Gómez y Pascual Agustín Cruz, del municipio de Pahuatlán, en Puebla, quedaron en libertad el 28 de noviembre de 2012, después de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación anulase la declaración de culpabilidad dictada injustamente contra ellos, tras casi 3 años en prisión, acusados de un delito que no cometieron y en represalia por su legítimo trabajo en defensa del acceso al agua en su comunidad (Atla), dice el organismo internacional.
En México, el Congreso aprobó por unanimidad la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas en abril de 2012. Esta Ley establece un mecanismo para proteger a defensoras y defensores de derechos humanos y periodistas en riesgo, en uno de los países del mundo más peligrosos para ejercer el periodismo y defender los derechos humanos.
Ahora es fundamental que las y los diputados mexicanos, se aseguren de que durante las discusiones en torno al presupuesto de egresos de la federación, se asignen los recursos necesarios para garantizar el eficaz funcionamiento del mecanismo de protección.
“Hombres y mujeres que trabajan para proteger los derechos humanos están en la mira, pues poderosos intereses económicos y políticos los perciben como un obstáculo a proyectos de desarrollo de gran envergadura”, ha dicho Nancy Tapias Torrado, investigadora de Amnistía Internacional sobre la situación de las defensoras y los defensores de derechos humanos en América.
Entre las personas que son blanco especial de ataque están quienes trabajan en cuestiones relativas a la tierra y los recursos naturales, los derechos de las mujeres y de las personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexo, y los abusos contra las personas migrantes, quienes trabajan para que se haga justicia por los abusos cometidos contra los derechos humanos, así como periodistas, blogueras y blogueros y sindicalistas.
De los casi 300 casos analizados por Amnistía Internacional en América, sólo en 4 se declaró culpables a los autores materiales.
Casi la mitad de los incidentes documentados por Amnistía Internacional tuvieron lugar en el contexto de disputas de tierras, en países como Brasil, Colombia y Honduras, muchas veces relacionadas con proyectos de desarrollo de gran envergadura dirigidos por empresas privadas.
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