CAIP: captura y recursos limitados

CAIP: captura y recursos limitados

Roberto Alonso

@rialonso

En sentido contrario a la ruta que debió haber trazado con miras a fortalecer a la Comisión para el Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado (CAIP), el Congreso de Puebla falló a su compromiso con la transparencia. 32 de 41 diputados votaron a favor de un personaje vinculado al gobernador para sustituir al comisionado Samuel Rangel, mientras que 38 diputados avalaron la asignación, por segunda ocasión, de un presupuesto limitado para la CAIP.

En la misma sesión, el pasado 6 de diciembre el Congreso local designó a Federico González Magaña como nuevo comisionado y aprobó el dictamen de Ley de Egresos 2013, que considera un presupuesto de 12 millones 71 mil pesos para el órgano garante, apenas 192 mil pesos más que el monto recibido en 2012.

El presupuesto es un indicador de las prioridades de un gobierno, así como de los temas y proyectos que desea robustecer. En Puebla el acceso a la información pública no es uno de ellos. Aunque las atribuciones de la CAIP y su espectro de autoridad crecieron de manera considerable con la nueva Ley de Transparencia, su presupuesto no se ha ajustado a esta realidad, por el contrario, fue reducido en 2012. En 2011 tuvo 12 millones 57 mil pesos, en tanto que en 2012 dispuso de 11 millones 879 mil pesos.

Los recursos económicos, sin embargo, no lo son todo. Aunque estos fueran suficientes, de poco servirían si la institución creada para proteger el derecho de acceso a la información -que no para obstaculizarlo o impedirlo como quisieran algunas autoridades- carece de independencia frente al poder, a pesar de gozar de autonomía constitucional. Hoy, de tres comisionados que tiene la CAIP dos son cercanos al gobernador.

Uno de ellos es el comisionado Javier Fregoso, quien públicamente reconoció no tener experiencia en materia de transparencia y acceso a la información pública luego de su designación en diciembre de 2010 y, en cambio, haber trabajado como asesor de la esposa de Rafael Moreno Valle durante la campaña electoral de 2010.

El otro es el recién designado comisionado, quien entrará en funciones en enero de 2013. En 2010 González Magaña apoyó la candidatura de Moreno Valle y tiene tal cercanía con el hoy gobernador que desde que se inscribió en el proceso para la renovación de la CAIP fue tratado por los medios de comunicación como el favorito para el cargo. González Magaña, quien hasta hace unas semanas se desempeñaba como delegado de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), había intentado llegar a la CAIP en tres ocasiones. La cuarta fue la vencida.

Como lo afirmamos las organizaciones que vigilamos el proceso y participamos en él, la cuestionada designación de González Magaña se da en el marco de otras renovaciones, con las que personajes ligados al gobernador y sin experiencia en sus nuevos ámbitos de responsabilidad han tomado el control del Instituto Electoral del Estado, del Tribunal Electoral del Estado de Puebla y del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla.

En vez de designar a una persona capaz e independiente, la mayoría de los diputados optó por una persona vinculada al gobernador, que se ha distinguido por su trayectoria en el área electoral y de protección al medio ambiente. Como su suplente fue designada Norma Estela Pimentel, especialista en derecho fiscal y promotora de la cultura de la legalidad. Ninguno de los dos es experto en transparencia y acceso a la información pública.

En el posicionamiento que firmamos el Capítulo Puebla de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (AMEDI), el Colectivo por la Transparencia, Fundar, México Infórmate y Puebla Vigila advertimos que si quiere acreditar su compromiso con la transparencia y el derecho de acceso a la información, González Magaña “deberá demostrar y mantener independencia del Ejecutivo estatal”.

Al final, después de una fuerte presión de las organizaciones de la sociedad civil, las comparecencias de los nueves aspirantes al cargo de comisionado fueron observadas por 10 organizaciones sociales -Alianza Cívica, Fundar, Puebla Vigila y el Capítulo Puebla de la AMEDI entre ellas-, algunas de las cuales estuvimos en condiciones de proponer preguntas a los candidatos. Si bien se trató de un mecanismo pobre y limitado de participación ciudadana, fue un avance en comparación con la cerrazón que había. Llama la atención que lo que debería ser la norma en el trabajo legislativo sea algo inusual, algo a lo que la mayoría de los diputados, por desgracia, no están acostumbrados.

 

*@rialonso es secretario del Capítulo Puebla de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (AMEDI). Comunicólogo de formación, maestrante en Políticas Públicas y apasionado del derecho a la información y del periodismo. Participa en el Nodo de Transparencia de Actívate por Puebla.

 

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