Ernesto Aroche Aguilar

@earoche

Los dos candidatos a integrar la Comisión Acceso a la Información Pública (CAIP) que se señalan como los favoritos del gobernador del estado, Federico González Magaña y Alberto Segovia Blumenkron, podrían no librar ni siquiera el primer filtro, pues de acuerdo con los organigramas de las dependencias –federal y estatal— en donde prestan sus servicios son funcionarios de segundo nivel, y de acuerdo con la ley están impedidos en participar en el proceso.

De acuerdo con la marco normativo de transparencia y la convocatoria que lanzó el Congreso del estado –órgano encargado de la selección del nuevo comisionado— los aspirantes deben no “haber sido servidores públicos de primero y segundo nivel por lo menos dos años antes del momento de la designación, salvo que se trate de labores vinculadas directamente” con la transparencia.

En el primer caso, el de González Magaña –quién participó como asesor jurídico en la coalición Compromiso por Puebla que llevaría a la gubernatura a Rafael Moreno Valle—, la Estructura Orgánica Operativa de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) ubica a los delegados estatales debajo del Procurador.

El reglamento interno de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) señala además que los delegados tendrán a cargo “la representación para desempeñar las actividades derivadas de la competencia de la Procuraduría en su respectiva circunscripción territorial”, es decir que son los representantes estatales de la dependencia.

La dependencia también reconoce que el superior jerárquico del delegado es el Procurador Federal de Protección al Ambiente.

Y aunque una de las obligaciones de todo al aparato burocrático federal, estatal y municipal es el de cumplir con las leyes estatales y federales de transparencia dentro de las atribuciones laborales de los delegados no está atender directamente el tema, como se señala en el reglamento citado.

La experiencia que precede a González Magaña, quién ya fue consejero en el Junta Local del Instituto Federal Electoral (IFE), tiene que ver con temas administrativos, por la carrera que cursó en la BUAP, jurídico-electorales, por la maestría que cursó en la Universidad Iberoamericana y su paso por el IFE, pero no se le conoce, públicamente, trabajo en lo que se refiere a la transparencia gubernamental.

En el segundo caso, el organigrama del Órgano de Fiscalización Superior –que se puede descargar desde la página web del organismo— ubica dos secretarías dependientes directas de la “Auditoría General”: la Secretaría Ejecutiva y la Secretaría Técnica está última encabezada por Alberto Segovia Blumenkron.

Lo que la página del OFS no muestra es la síntesis curricular del egresado de la carrera de Derecho de la Universidad de las Américas, como en cambio si lo hace con el Auditor General, la del secretario Ejecutivo y la de los tres “auditores especiales”.

Y aunque no son los únicos funcionarios inscritos en el proceso, el caso de Carlos Osorio Luna, quien presta sus servicios en el Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado, ostenta una jefatura de departamento, lo que lo ubica fuera de los puestos de primero y segundo nivel que encarnan el director general y sus directores de área.

Presupuesto por debajo de la inflación

Y mientras se define quién será el sucesor de Samuel Rangel Rodríguez en la CAIP, el panorama financiero que enfrentará la comisión en el 2013 será complicado, pues a pesar del repunte de 192 mil pesos propuesto en la iniciativa de Ley de Egresos que el gobierno del estado presentó hace unas semanas al poder legislativo, lo cierto es que dicho aumento apenas representa un crecimiento del 1.6 por ciento mientras que la inflación anualizada a octubre de este año es del 4.6 por ciento, esto significa que aunque es montos la cifra pasará de 11.87 millones a 12.07 millones de pesos en la práctica el valor monetario es menor al que se tuvo en este año.

De hecho, presupuestalmente el gobierno de Mario Marín –de quién sobran ejemplos de su opacidad gubernamental— mostró un mayor interés en la CAIP que el gobierno morenovallista.

Y como ejemplo un botón, mientras que en 2010, su último año de gobierno, Marín presentó un proyecto de presupuesto para la comisión superior en 6 por ciento –con una tasa de inflación del 4 por ciento— al año previo; en 2012 Moreno Valle no sólo no mantuvo el presupuesto aprobado sino que incluso lo redujo en 1.4 por ciento a pesar de que en este año aumentó exponencialmente el trabajo de la comisión.