• Propone regular publicidad oficial, que Puebla TV se convierta en un verdadero medio público, cláusula de conciencia y una ley de los derechos de la personalidad
• Asegura que la ley debe discutirse y negociarse con el gobernador, que los legisladores son sólo «soldados»

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Ernesto Aroche Aguilar

@earoche

Sergio Ramírez Robles, vocero del gobierno del estado cruzó el patio del céntrico hotel, se paró frente al presidente de la Fundación para la Libertad de Expresión (Fundalex) y le extendió la mano. Ernesto Villanueva, que acababa de ofrecer una conferencia de prensa para señalar las deficiencias jurídicas del reglamento que permitió al funcionario estatal presentar demandas por daño moral contra dos columnistas, estrechó la mano extendida. Los flashes saltaron por todos lados. La foto sería boletinada horas después junto con un comunicado titulado: “Ve gobierno del estado con buenos ojos la construcción de una Ley General de Medios para Puebla”.

Horas antes el coordinador del Área de Derecho de la Información del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM había sostenido un encuentro con Armando Prida, dueño del periódico Síntesis, y ex presidente de Fundalex, en un restaurante del hotel Presidente Intercontinental. Hasta el lugar también llegaría Ramírez Robles para exponerle, previo a la rueda de prensa, su postura sobre el tema. “Él –sostiene Villanueva— estaba haciendo su trabajo. Y si hubiera logrado tirarme línea pues se hubiera llevado un diez en su trabajo, ahí mi política es escuchar a todo el mundo, otra cosa es coincidir y conciliar en puntos específicos, porque no siempre el trabajo de los voceros concuerda con el interés público”.

«Pero no hubo acuerdos con el vocero -sostuvo el también articulista de la revista Proceso en una larga charla que sostuvo con algunos reporteros locales-, y mantuve mi crítica a las deficientes herramientas jurídicas con las que se demandó a los periodistas».

Pero si no hubo acuerdos sí hubo coincidencias en la necesidad de legislar sobre una ley de medios para establecer nuevas reglas entre la prensa y poder político.

Una ley que, según explicó Villanueva, sirva para regular la manera en que se distribuye el presupuesto asignado a la publicidad oficial basada en estándares éticos y se incluya la cláusula de conciencia, otra más que verse sobre los derechos de la personalidad –que integre la figura de la malicia efectiva o real malicia–, y que se reforme la manera en que opera la radio y televisión estatal –Puebla TV— para que se transforme en un verdadero organismo público.

-¿Qué certezas tenemos de que no será una ley que termine regulando o condicionando contenidos?

-Certezas no hay, pero creo que si no se hace nada, nunca vamos a saber hasta dónde se puede llegar. Hoy creo que hay la coyuntura política… no ganó el partido político que hubiera querido (el gobernador) y la situación no es la más deseable, el ruido que generó medios nacionales e internacionales (el anuncio de las demandas), pues como gobernador diría ‘vamos a buscar la mejor salida…’ nunca se va a saber hasta dónde se puede llegar si no se inicia el proceso. La respuesta facilista es no hagamos nada, porque no se va a lograr nada.

Puede ser que no se consiga todo, y que tal vez se tenga que ir por partes… lo que estoy diciendo es el ideal, pero recordemos que lo mejor no es el ideal sino lograr llevar el mayor número de rubros a los estándares internacionales, es preferible avanzar 3 puntos de 10 a no avanzar ninguno. De otro modo los únicos que estarán a gusto con mantener las cosas como están son lo que siempre han estado cerca del poder.

-¿Qué tan conveniente es llevar la iniciativa al Congreso con una legislatura como la que se tiene tan al servicio del gobernador, que comete pifias terribles de técnica legislativa, o esperar a otras condiciones políticas? -preguntó el reportero Álvaro Ramírez.

-Esperar a otras condiciones es desaprovechar la coyuntura y ya no hay incentivos políticos. Acá el punto es negociarlo con el gobernador, es él quien tiene la fuerza, el Congreso son ayudantes, acólitos ahí nada más, ellos son soldados, entonces hay que hablar con el general, ellos levantan las manos como están acostumbrados. El problema es que el gobernador no esté de acuerdo, pero si se convence al dueño del circo, ya los payasitos del Congreso van a levantar la mano en mayor o menor medida, no veo yo a la fracción parlamentaria de ningún partido diciendo ‘yo no estoy de acuerdo con la propuesta del gobernador’.

Acá lo importante no es cómo quede el gobernador ante la opinión pública, sino cómo queda la norma. Si esta está bien y se lleva un aplauso, pues qué bueno, que se lo lleve porque la ley se queda ahí y deja un cambio de fondo, el problema es que ahorita se trabaja con bandazos.

Cuando se aprobó la ley federal de transparencia en 2002 hubo temas en que no se avanzaba ninguna de las dos partes, ¿qué es lo que se hizo? Bueno, se encorchetaron, y vamos con lo que sí estamos de acuerdo. Si al final logramos consensos en los corchetes bien, si no los quitamos. ¿La ley del 2002 fue la mejor del mundo? No. ¿Fue la mejor que pudo tener México en ese momento? Sí. Si no se hubiera adoptado una postura de diálogo ahorita seguiríamos buscando esa ley. Lo peor que se puede hacer es cancelar el diálogo con las contrapartes.

-¿Cuáles son los elementos que, desde las perspectiva de las mejores prácticas internacionales, deben regular esta ley?

-Varias cosas, pueden checar lo que dice Catalina Botero o Eduardo Bertoni. Primero una ley especial de protección de los derechos de la personalidad, vida privada y propia imagen, separada del código civil. Una ley especial. Y tenemos como ejemplo la ley del DF, de la que fui coautor. Ahí establecimos que para que un funcionario pueda demandar debe probar la real malicia, es decir requiere probar que la crítica se hizo con el propósito de dañar al funcionario, esto para proteger a la crítica de la función pública. Y que incluya la obligación de realizar juicios sumarios, porque de otro modo se pueden llevar años, y terminan siendo más caros los juicios que la pena económica posible.

Dos.- La parte de la publicidad, ese es un recurso público que debe tener como propósito ser un mecanismo complementario de vida, no digo el único, hay que dejar que el medio tenga otras fuentes de ingreso, pero se debe dar en función de varios criterios: la penetración, la característica de independencia y pluralidad, que ofrezca a los lectores diversos puntos de vista. Si yo como lector nada más escucho o leo un solo medio me voy a formar una realidad única, pero si tengo tres o cuatros medios tengo posibilidad de elegir. Es para el enriquecimiento del derecho a saber que está reconocido en el artículo sexto, ¿cómo operar esto?, bueno, con un consejo en el que intervengan periodistas, editores de medios. Y que se reparta (la publicidad oficial) de manera anual, eso te ofrece una certeza e impide que se intente limitar la línea editorial de acuerdo con el comportamiento de los medios.

Que los medios tenga un código de ética propio, en donde el medio establezca cuál es su compromiso con sus lectores.

Tres.- que se incluya a los medios de servicio público que sean realmente organismos públicos. Habrá que preguntar si Puebla TV es un medio público de acuerdo con los estándares internacionales. Habrá que establecer en la ley que dicho organismo sea regido por un consejo directivo, nombrado por una mayoría calificada del Congreso, y que el director sea nombrado por el consejo, que tenga una participación específica de acceso a los medios por parte de distintas formas de abordar el periodismo, que prohíba expresamente, como lo establece el artículo 134 constitucional, la difusión de la imagen del gobernador del estado, y que no sea un vehículo de promoción y de propaganda política del gobernante en turno.

Cuatro.- Se debe incluir la cláusula de conciencia. Acá hay dos interpretaciones. La primera que data de 1931 cuando se incluyó en la ley del trabajo en Francia y que permite que un reportero la invoque para negarse a cubrir una orden de trabajo contraria a sus convicciones éticas. Posteriormente en los años 70-80 aparece el modelo alemán, la cláusula de conciencia se interpreta como el derecho del trabajador de medio de negarse a cumplir órdenes contrarias a los principios éticos del medio o de los estándares internacionales de ética periodística. Esto es un mecanismo que garantiza que haya una independencia del periodista con el medio.

Ese es un derecho del periodista pero también un derecho de la sociedad que puede tener la certeza que la información que recibirá no será la que el medio quiere que reciba, sino la que el reportero producirá siguiendo los estándares éticos.