Mely Arellano

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El 13 de enero del 2010, José Ramón Aniceto Gómez y Pascual Agustín Cruz fueron detenidos y encarcelados por un delito que nunca existió. Desde entonces purgan una condena, resultado de un proceso judicial irregular, injusto y violatorio de sus derechos humanos, en el penal de Huauchinango, Puebla.

Este miércoles 28 de noviembre, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) revisará el amparo que interpusieron los abogados del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), quienes representan a José Ramón y Pascual. Su decisión podría devolverles la libertad a los indígenas y defensores del agua de Atla, comunidad del municipio de Pahuatlán.

Las fallas en el proceso fueron denunciadas desde noviembre del 2011 por el Centro Prodh, y confirmadas el pasado viernes 23 de noviembre por la Procuraduría General de Justicia de Puebla (PGJ), cuando fue liberado el ex comandante Carmelo Castillo, quien estuvo preso por el mismo delito inexistente.

En sus conclusiones no acusatorias, la PGJ consideró que no existían elementos que acreditaran la existencia del delito por el cual se encontraba en la cárcel, el mismo que fue imputado a José Ramón y Pascual, pues el vehículo que supuestamente robaron con violencia el 27 de octubre del 2009 estuvo asegurado por la Policía Municipal de Pahuatlán del 26 al 28 de octubre de ese año.

En un comunicado emitido la noche de ayer, la PGJ informó que “bajo la figura Amicus Curiae (amigo de la corte o amigo del tribunal), este martes el procurador Víctor Carrancá expuso ante el máximo tribunal del país la opinión jurídica voluntaria que está sustentada en las conclusiones no acusatorias que el pasado viernes fueron presentadas ante el Juez de Primera Instancia del distrito de Huauchinango, las cuales contribuyeron a la liberación del comandante Carmelo Castillo Martínez quien fue detenido dentro del mismo caso. En dichas conclusiones se demostró que las imputaciones formuladas por el Ministerio Público derivaron de señalamientos viciados realizados por un grupo de personas de la comunidad de Atla, por un conflicto en el suministro de agua”.

Organizaciones como Amnistía Internacional, que los declaró presos de conciencia en abril de este año, el Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría SJ y el Centro Prodh confían en que la SCJN haga justicia en este caso.

Los abogados del Centro Prodh, Andrés Díaz y Araceli Olivos, informaron que el fallo de la Primera Sala podría conocerse después de las 2 de la tarde y tendría efecto inmediato, por lo que se prevé que la noche de este día, José Ramón y Pascual queden en justa libertad.