• El rector promovió una prórroga hasta que el Consejo Universitario defina al sucesor

• La actual Abogada General lleva más de diez años en el cargo

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Ernesto Aroche Aguilar

@earoche

La Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) ha retrasado por más de dos meses el cambio obligado por estatutos de su Abogado General, programado para el pasado 24 de julio, con el argumento de que la fecha coincidía con el periodo vacacional de la máxima casa de estudios.

Cuestionada al respecto, María Esther Gámez Rodríguez, aún titular de la representación jurídica universitaria, dio a conocer que el rector Enrique Agüera Ibáñez dictó como medida provisional la prórroga, fechada el 20 de julio –es decir el viernes previo al inicio de periodo vacacional— que tendrá que ser ratificada o rectificada por el Consejo Universitario.

Y aunque han transcurrido ya 69 días desde que se concluyó con el plazo legal de permanencia en el cargo y 73 días de que se el rector emitió el documento, no hay hasta el momento fecha tentativa para que se convoque a sesión extraordinaria del Consejo para cumplir con el procedimiento que marca la Ley y el estatuto universitario.

La única sesión calendarizada está convocada para el próximo lunes 8 de octubre y tiene como fin la presentación del tercer informe de labores del rector.

“No necesariamente se tiene que citar con tanta urgencia”, justifica Gámez Rodríguez. “Se tiene que citar, eso es cierto, pero no se tiene que hacer al día siguiente o a la siguiente semana. Ya se dictó la medida provisional, que era la urgente, pero puede ser el próximo mes, puede ser en noviembre. Es tema que se debe tratar, claro, pero será ahí, y se discutirán otras cosas que se tengan que tratar en el Consejo Universitario”.

Para la abogada el haber sobrepasado el periodo máximo de permanencia en el cargo de “hasta dos periodos de cuatro años” establecido en el marco jurídico universitario (artículo 89 del Estatuto Orgánico) no representa un problema legal: “No, la ley lo permite. Crearía un conflicto si la ley no lo permitiera, pero (la ley) no dice que (el cambio) debe ser de inmediato”.

Más de 10 años en el puesto

El 31 de octubre de 1997, menos de un mes después de la toma de protesta de Enrique Doger Guerrero como rector para su primer periodo –al que llegó para suceder a su primo José Doger Corte–, el Consejo Universitario conocía la terna para elegir al nuevo Abogado General de la institución.

La propuesta a cargo del rector –como lo señala el estatuto y la ley universitaria—incluyó a Lauro Castillo Sánchez, María Esther Gámez y Rafael Sánchez Vázquez, con un solo voto en contra y tres abstenciones Castillo Sánchez fue elegido para suceder a Irma Moreno Montiel, quien acompañó durante todo su rectorado a José Doger Corte. Se cerraba, pues, ese ciclo.

Y aunque se trata de un cargo que puede ser ocupado “hasta por dos periodos de cuatro años” Castillo Sánchez, quien a la postre terminó integrándose al gabinete municipal de Doger Guerrero cuando este fue elegido alcalde por la capital poblana, estuvo al frente de la oficina por poco más de cuatro años pues dejaría el cargo en marzo de 2002.

En su lugar el Consejo Universitario eligió a María Esther Gámez. La abogada sería elegida también dentro de una terna compuesta por Rafael Arredondo Contreras y José de los Ángeles Castro y la litigante.

Aunque ese primer periodo de la abogada sería muy corto, dos años después, el 24 de marzo de 2004, presentó su renuncia ante el Consejo Universitario, en la misma sesión Armando Valerdi, quien por 15 años fungió como tesorero de la máxima casa de estudios también renunciaría.

La terna propuesta para definir al sucesor o sucesora de Gámez Rodríguez estuvo compuesta por Libertad Monluí Fernández, María Esther Lara Muñoz y José Luis Pérez Becerra; aunque los propuestos ya habían rechazado la posibilidad de ser elegidos esa misma mañana según explicó en la sesión del Consejo el entonces Secretario General, Enrique Agüera Ibáñez, enviando hasta “la próxima sesión”  la presentación de una nueva terna para elegir al representante jurídico.

La definición del Abogado General se retrasaría cuatro meses, pues fue hasta el 22 de julio de ese mismo año cuando el Consejo Universitario tuvo en sus manos una nueva terna, esta vez propuesta por Enrique Agüera ya en su calidad de rector interino, pues el 22 de mayo Doger Corte dejaba la BUAP para contender como candidato a la alcaldía de la angelópolis.

La terna estuvo compuesta por la abogada que cuatro meses antes había renunciado: María Esther Gámez Rodríguez, y los abogados León Magno Meléndez y José de los Ángeles Castro. La elección de Gámez Rodríguez  se dió casi por unanimidad pues sólo registró dos abstenciones.

Los cuatro meses que quedó acéfala la oficina el cargo sería ocupado por Lauro Castillo Sánchez en calidad de “Encargado de Despacho”, –quien como ya se señaló dejó la universidad para acompañar a Doger Guerrero como síndico municipal—, a pesar de que la legislación universitaria no contempla dicho cargo.

En total, Gámez Rodríguez lleva ya al frente de la oficina jurídica de la BUAP diez años, dos meses y contando.

“Pero ya me queda muy poquito –concluye la abogada en entrevista—, está citada la sesión ordinaria del consejo para el informe del señor rector y supongo que después se citará la extraordinaria para que entregue la oficina”.