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Lado B

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El artículo 23 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y el 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que “toda persona tiene derecho al trabajo en condiciones equitativas, satisfactorias y a recibir un salario”; sin embargo, en el país estas condiciones no siempre se cumplen en las comunidades indígenas, en las que predomina la marginación, la pobreza y la falta de oportunidades de empleo.

La migración a las grandes ciudades de México –sin considerar la existente a los Estados Unidos-, genera situaciones de desventaja por parte de algunos sectores de la población, como el caso de los indígenas, quienes se enfrentan a “actividades con sueldos bajos, jornadas largas y sin prestaciones sociales”, dio a conocer la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en un comunicado emitido este domingo.

De acuerdo a cifras oficiales, en México viven 15.7 millones de indígenas; 52.4 por ciento, se dedican a las labores agropecuarias: “la escasa posibilidad de comercializar sus productos limita económica y socialmente su desarrollo personal, familiar y comunal”.

Cabe señalar que algunas investigaciones sobre la migración interna en el país, indican que las zonas agrícolas de los estados de Sinaloa y Sonora son destinos muy concurridos para el desempeño laboral de este sector de la población; así como  la región de San Quintín en Baja California, Morelos, Chihuahua, Guadalajara, las zonas agrícolas cerca de Puerta Vallarta y el centro y norte de Tamaulipas.

En 2006 la antropóloga Sandra Chávez Castillo realizó un estudio sobre «las mujeres indígenas que se emplean en el servicio doméstico«, en el que señalaba que este sector encuentra » graves dificultades para ejercer derechos sociales básicos. Ya sea por desconocimiento, aislamiento, ignorancia, factores culturales o simplemente, falta de tiempo, los servicios públicos que ofrece el gobierno de la Ciudad de México a la población en general están fuera de su alcance». A la fecha, esta situación parece seguir vigente.

Por ello, la CNDH urgió al Estado a “fortalecer las acciones orientadas a garantizar el derecho al empleo digno y bien remunerado de las personas indígenas, porque los preceptos constitucionales no siempre se cumplen en las comunidades indígenas”.

Y agrega: “se estima que 58.6 por ciento de indígenas en el país está en edad laboral, es decir, entre los 15 a los 59 años, por lo que es necesario fomentar la igualdad e inclusión así como el pleno respeto de los derechos humanos de este grupo de la población”.