Nueva York. «El cuerpo femenino sigue siendo campo de batalla y la impunidad es la norma, no la excepción», alertó Michelle Bachelet, directora ejecutiva de ONU Mujeres, tras reclamar a los gobiernos acciones más contundentes para prevenir y castigar las agresiones sexuales en situaciones de conflicto

«La experiencia de las mujeres durante y después de un conflicto sigue siendo de violencia e inseguridad», apuntó la expresidenta de Chile (2006-2010).

Foto tomada de ipsnoticias.net

El acceso de una persona a la justicia tras un conflicto depende mucho del género. Comparado con los hombres, las mujeres víctimas de crímenes de guerra tienen menos posibilidades de que sus casos sean procesados y de recibir reparaciones, añadió.

La directora ejecutiva de la entidad de la ONU (Organización de las Naciones Unidas) para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres sugirió tres estrategias para comenzar a atender el problema al hablar el martes 25 en el encuentro de alto nivel realizado en el marco de la 67 sesión de la Asamblea General del foro mundial que se desarrolla en Nueva York.

Primero, ampliar la participación de las mujeres en la recuperación tras un conflicto «les ofrece la oportunidad de asegurarse que los acuerdos de paz, las nuevas leyes y constituciones no refuercen el status quo y promuevan la equidad y la justicia», señaló.

Reforzando su argumento está el hecho de que en las últimas negociaciones de paz, según ONU Mujeres, la participación femenina fue menor de ocho por ciento.

También fue menos de tres por ciento la cantidad de mujeres entre los signatarios de acuerdos de paz y nunca una de ellas fue designada jefa o mediadora principal en negociaciones de paz patrocinadas por la ONU.

Bachelet también dijo que las organizaciones femeninas debían contar con el apoyo de los gobiernos para atender la desigualdad de género que «vuelve a las mujeres más vulnerables frente a agresiones sexuales y de género durante y después de los conflictos».

Por último señaló que la comunidad internacional, los gobiernos nacionales, la sociedad civil y actores individuales deben cooperar para garantizar la responsabilidad por los delitos de género asociados a situaciones de conflicto.

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