• Amedi insiste: legalmente la comisión de Transparencia del legislativo puede pedir el apoyo de las ONGs

Ernesto Aroche Aguilar

@earoche

El Congreso del estado realizará  a puerta cerrada el proceso de selección de candidato para cubrir la vacante que dejará abierta Samuel Rangel Rodríguez, tras concluir su periodo en la Comisión de Acceso a la Información Pública (CAIP), así lo dio a conocer la presidenta de la comisión de Transparencia en el legislativo, Josefina Buxadé Castelán, quien además culpó a la Junta de Gobierno de dicha decisión.

Foto: EEF | Archivo

Entrevistada durante la inauguración de la 7ta Semana de la Transparencia que organiza la CAIP, la legisladora sostuvo que fue el órgano colegiado de gobierno del poder Legislativo quien decidió no permitir la participación de las organizaciones no gubernamentales en la evaluación, a pesar de que la ley lo contempla, ni permitir el acceso abierto a las entrevistas de los aspirantes.

El argumento del grupo que componen Edgar Salomón (PRI), Mario Riestra (PAN), Antonio Gali (PRD), Guillermo Aréchiga (Panal), José Juan Espinosa (MC), Zeferino Martínez (PT) y Elías Abaid (PVEM) fue que de permitirse a las organizaciones participar en la evaluación de perfiles podría abrir la puerta a impugnaciones legales.

Con esta es la segunda ocasión que la actual legislatura cancela la posibilidad de que los procesos de selección para organismo ciudadanos que sirven de contrapeso al poder ejecutivo se realicen de manera abierta y transparente. El primer caso se dio en el proceso de renovación del Instituto Estatal Electoral del estado.

Foto: gabinocue.org

Al respecto, el director general de Transparencia Mexicana, Eduardo Bohorquez López, sostuvo que “en la medida en que estos procesos se realicen de cara a la ciudadanía, con la mayor sensibilidad a lo que estén planteando las organizaciones locales y nacionales serían procesos mucho más útiles a la sociedad”.

Bohorquez López calificó como “políticamente deseable” que las organizaciones participen en el proceso. Y aunque descartó que la posibilidad de que funcionarios de gobierno se involucren en el proceso pueda manchar la selección, sí insistió en la necesidad de que quede muy claro que no hay vinculación política con grupos de poder.

Ahí, puntualizó, “es importante la observación independiente para que se explique si los funcionarios que están interesados en participar tienen o no conflicto de intereses, o si se acercan o no al perfil para el tema”.

Y concluyó: “Es importante que el gobierno del estado y el Congreso tengan la visión política para hacer de este proceso un proceso ejemplar, dado que Puebla ha sufrido tanto en torno a las comisiones y las leyes de información pública, lo que tenga que hacerse para hacer de este un proceso legítimo hay que hacerlo. Es un asunto de visión política”.

Amedi pide abrir el proceso

Tras conocerse la decisión de los legisladores, la Asociación Mexicana del derecho a la Información (Amedi), capítulo Puebla lanzó un pronunciamiento para insistir en la necesidad de abrir las sesiones y permitir a las organizaciones participar en la evaluación de los aspirantes.

El documento enlista 6 artículos de la Ley de Transparencia del estado, de la Ley Orgánica del Congreso y de su reglamento para justificar legalmente su petición.

Pronunciamiento CAIP 221012

Hay que mejorar el diseño institucional: comisionados

Entrevistado previo a su participación en el evento organizado por la CAIP, Eugenio Monterrey Chepov, presidente de la Conferencia Mexicana para el Acceso a la Información Pública (Comaip) –organismo que integra a los comisionados de todos el país–, sostuvo que la posibilidad de que los candidatos lleguen avalados por instituciones educativas es ya un modelo de avanzada con respecto a lo que sucede en otras latitudes.

Aunque también reconoció que puede tener sus fallas, como sucedió con la elección del actual comisionado Javier Fregoso, quien llegó avalado por una sola organización mientras que Lilia Vélez no fue elegida a pesar de tener tras de sí a más de 15 instituciones académicas como la Ibero y la Upaep, y varias ONGs.

Al respecto, Monterrey Chepov sostuvo: “Es un tema de diseño institucional que debe corregirse desde la legislatura local. La participación debe ir encaminada a ejercer presión en las legislaturas locales y estales para que haya más y mejor transparencia”.

Foto: Especial

Por su parte, la actual presidenta de la CAIP, Blanca Lilia Ibarra Cadena, adelantó que ese organismo no participará en el proceso más que como espectador, pues la ley no los faculta a nada más.

Y aunque reconoció que la posibilidad de que se inscriban al proceso funcionarios de gobierno “de alguna u otra manera estaría generando algunas inquietudes conforme a lo que tú señalas, tampoco podemos negar que es limitado el círculo de profesionistas especializados en estos temas. Lo más importante es que quien llegue garantice independencia, objetividad, compromiso y congruencia”.

¿Alguien ha visto a Rocío Moreno?

Y mientras se debate si habrá o no un proceso transparente en la elección del nuevo consejero de la CAIP circulan al menos dos versiones del futuro de Rocío Moreno Mendoza, quien tras su paso por el organismo de transparencia municipal brincó a la Coordinación General de Transparencia en el gobierno morenovallista.

Hay quien ya la ve compitiendo por el espacio que dejará vacante con su salida Samuel Rangel Rodríguez; mientras que otros más aseguran que la mujer ya despacha en el equipo de transición de Enrique Peña Nieto.

En lo que sí no hay duda es en su salida del gobierno estatal, la página de transparencia de la Secretaría de la Contraloría que hasta hace unos días incluía su nombre ahora tiene a Pamela López Garay, quien estaba a cargo de la dirección de Transparencia Proactiva, como Encargada de Despacho.