“Escuché muchos gritos de una persona de sexo masculino, a lo cual le preguntaban ‘donde están las armas y donde está la droga’, rato después se escucha ‘llévatelo y tráeme al que sigue’, escucho que abren la puerta… me [sic] un trapo mojado en la cara, cuando respiré, sentía la mojada que estaba, se me complicaba respirar, después sentía un chorro de agua sobre mi nariz, trato de incorporarme, pero no podía levantarme porque me sujetaban de los hombros, piernas y… alguien oprimía mi estómago, eso lo hicieron en repetidas ocasiones, mientras me preguntaban lo mismo…”, Culpables Conocidos, Víctimas Ignoradas, AI.

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Lado B

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“Durante su detención, los torturaron y maltrataron”, parece ser una constante en la aplicación de justicia en el país. Sobran los casos de injusticia: Teodoro Cabrera García y Rodolfo Montiel Flores, campesinos y ecologistas de la comunidad de Pizotla del municipio de Ajuchitlán del Progreso, Guerrero, fueron detenidos por soldados del Ejército Mexicano en 1999. Estuvieron bajo custodia militar antes de ser llevados ante un juez y acusados formalmente de tenencia de armas y cultivo de drogas. Durante su detención, los torturaron para obligarlos a firmar confesiones.

Hablar de tortura y maltrato en México, parece ser un hecho que actualmente recorre como transeúnte todos los estados de la República. Los casos han aumentado considerablemente, de acuerdo al informe “Culpables Conocidos, Víctimas Ignoradas” que este jueves presentó Amnistía Iternacional (AI).

Los datos resultan alarmantes: en 2007 el número de denuncias de tortura y malos tratos recibidos por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) era de 392; el primer salto alarmante en las cifras se registró en 2009, cuando la CNDH  alcanzó las 1055 denuncias; sin embargo para 2011, el total  fue de 1669.

“Valentina Rosendo tenía 17 años cuando, en febrero de 2002, fue violada por unos militares cerca de su casa, en la comunidad de Barranca Bejuco, municipio de Acatepec, estado de Guerrero. Un mes más tarde, en marzo de 2002, unos soldados violaron a Inés Fernández en su casa, en la cercana comunidad de Barranca Tecuani, municipio de Ayutla de los Libres, estado de Guerrero”, señala el informe de Amnistía Internacional.

Su caso, al igual que el de muchos otros que se siguen sumando a la lista, mantiene una historia similar en donde la justicia parece brillar por su ausencia: “ambas mujeres denunciaron la violación, ni las autoridades militares ni las civiles llevaron a cabo jamás una investigación completa, independiente y transparente”.

De acuerdo con la información del informe, durante el transcurso del sexenio de Felipe Calderón, el número de denuncias por torturas recibidas por la CNDH aumentó en un 950%, cifra alarmante ya que este dato se puede contextualizar con la escalada de violencia que también forma parte de la imagen de este sexenio, así como  la guerra frontal contra el crimen organizado y los índices de presos fugados de las cárceles mexicanas.

Sin embargo, la cifra más alarmante podría ser los 60 mil muertos, resultado de la disputa territorial entre los cárteles de la droga, y un dato más que en países con conflictos armados como Siria, no causa tanta novedad, sin embargo en México también debe apreciarse: “el Gobierno de Calderón termina con 160 mil desplazados por la violencia de los cárteles y las operaciones de la Policía y el Ejército”, revela el informe.

Generando vulnerabilidad en grupos de por sí vulnerables

Mujeres en el norte del país primordialmente, así como inmigrantes, indígenas y campesinos, forman parte de la escalada en “tortura y maltrato” que en este sexenio se han fortificado. El informe de AI señala que el gobierno de Felipe Calderón ha dado prioridad a la seguridad pública y a la lucha contra el crimen organizado, sin embargo “en la práctica esta preferencia ha supuesto hacer la vista gorda ante violaciones generalizadas de derechos humanos”.

Tan sólo en 2010 el número de inmigrantes secuestrados “en un semestre” es de 11 mil. De estos casos llama la atención que el maltrato forma parte de su condición, así como la complicidad de funcionarios en estos hechos es denunciado por el organismo internacional: “la policía municipal ha sido acusada a menudo de entregar a personas migrantes a bandas criminales, que las someten a tortura para conseguir números de teléfono de familiares suyos en Estados Unidos o en Centroamérica, a los que se obliga a su vez a pagar por ellas para que no las asesinen, las hagan desaparecer o las mutilen”.

Y agrega: “raras veces se hace rendir cuentas a las bandas criminales y a los funcionarios públicos implicados en estos abusos. Amnistía Internacional no conoce un solo caso en que se haya procesado a agentes de policía u otras fuerzas de seguridad por tortura o malos tratos a migrantes, pese a haber testimonios de testigos presenciales de su participación».

Puede consultar el informe en el siguiente link de Amnistía Internacional.