Imagen: Amnistía Internacional.

Lado B

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El 3 de marzo de 2010, Wang Cuiyan, mujer china de 70 años de edad fue enterrada viva por un escavadora cuando un equipo de entre 30 y 40 obreros fueron a demoler su casa en la ciudad de Wuhan, provincia de Hubei.

El 18 de abril de 2011, un centenar de hombres entraron en el pueblo de Lichang, provincia de Jiangsu, China, y atacaron a unos campesinos para expulsarlos de sus tierras, dejando alrededor de 20 mujeres golpeadas por estas acciones.

Casos como los dos anteriores forman parte de una realidad que en China se desarrolla y que ha forzado a propietarios de tierras en diversas provincias, a dejar sus casas con amenazas, violencia, e incluso, por el secuestro de sus hijos.

Amnistía Internacional (AI) dio a conocer un informe, titulado Standing Their Ground, en el que señala que la población en China es víctima de “desalojos forzosos y violentos”, debido a que “las autoridades locales intentan hacer frente a inmensas deudas confiscando tierras para venderlas después en el marco de sospechosos tratos con

En dicho informe, AI elaboró un seguimiento a algunos casos ocurridos en los últimos dos años en China, debido a que el gobierno, “con objeto de dar paso a las inmobiliarias, han aumentado considerablemente los desalojos forzosos, que son causa de descontento desde hace mucho tiempo”.

“Como consecuencia de ello se han producido muertes, palizas, actos de hostigamiento y encarcelamientos de personas expulsadas de sus hogares en todo el país, tanto en zonas rurales como urbanas”, señala el informe.

Y agrega: “las comunidades rurales siguen siendo vulnerables a los desalojos forzosos, particularmente las que están cerca de zonas urbanas. Con la urbanización aumentando tan rápidamente en torno a ellos y dado que las indemnizaciones están basadas en el valor agrícola en vez de en el verdadero valor de mercado, los campesinos se ven a menudo obligados a abandonar las comunidades donde llevan toda la vida viviendo”.