• Organismos Internaiconales como HWR o Amnistía Internacional hacen un llamado al gobierno saudí a dejar de reprimir las protestas pacíficas

• Temen que el nuevo proyecto de ley se aplique permitiendo el arresto de disidentes bajo cargos de terrorismo

Imagen: http://periodismohumano.com

Lado B

@ladobemx

Mohammed Saleh al-Bajady fue condenado en abril de 2012 a 4 años de cárcel por mantener contacto con organismos internacionales que defienden los Derechos Humanos, debido a que las autoridades saudíes han señalado en reiteradas ocasiones que tratarán con “firmeza” a las personas que participen en manifestaciones.

La semana pasada el ministro del Interior advirtió que “todas las personas que participaran en manifestaciones serían enjuiciadas y tratadas con firmeza por los miembros de las fuerzas de seguridad”, como resultado del nuevo proyecto de ley antiterrorista.

Ante este hecho, activistas de este país temen que dicho proyecto, que ha sido denunciado por diversas ONG`s internacionales, se aplique permitiendo el arresto de disidentes bajo cargos de terrorismo

El 16 de abril Mohamed Saleh al Bajadi, cofundador de la Asociación para los Derechos Políticos y Civiles de Arabia Saudí (ACPRA), fue condenado por un tribunal anti-terrorista a cuatro años de prisión seguidos de una prohibición de viajar de cinco años. «Al juicio, que se celebró en secreto, no asistieron familiares del reo ni tampoco su representante legal, pero en la sala sí se encontraban oficiales de uniforme que daban al procedimiento un aire inequívoco de corte marcial», dio a conocer Amnistía Internacional.

La detención por protestar pacífcamente

El 21 de marzo de 2011 Al Bajadi fue detenido luego de realizar una protesta pacífica. El Tribunal Especial Criminal, estancia instaurada para juzgar delitos de terrorismo, así como de Seguridad nacional, consideró que el activista y cofundador de ACPRA, “poseía libros prohibidos, cuestionaba la independencia de la Justicia, dañaba la imagen del Estado mediante los medios y convocaba a familiares de detenidos políticos a protestar”, dicta su sentencia.

Prohibido protestar

“Desde noviembre de 2011, alrededor de una docena de hombres han muerto y varios más han resultado heridos por disparos efectuados por las fuerzas de seguridad durante las protestas en la Provincia Oriental o en relación con ellas. Las autoridades saudíes han afirmado que las muertes y heridas se produjeron durante enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y personas que habían usado armas de fuego o cócteles molotov, pero suscita preocupación el hecho de que las fuerzas de seguridad usaran, al menos en algunos casos, la fuerza excesiva —y medios letales— contra manifestantes desarmados”, da a conocer Periodismo Humano.

Ante estos hechos, Amnistía Internacional (AI) hizo un llamado al gobierno saudí para “poner fin a los intentos de reprimir las protestas pacíficas”, así como deben “retirar su amenaza de tratar ‘con firmeza’ a las personas que participen en protestas”.

“Las autoridades saudíes deben poner fin a sus reiteradas medidas destinadas a reprimir los intentos de los ciudadanos de protestar contra el uso generalizado de las detenciones arbitrarias en el país”, ha afirmado Philip Luther, director del Programa Regional para Oriente Medio y el Norte de África de Amnistía Internacional.

“Debe respetarse el derecho de las personas a protestar pacíficamente, y las fuerzas de seguridad deben abstenerse de detener a quienes lo ejercen y de hacer un uso excesivo de la fuerza contra ellas”.

Llama la atención que a pesar de este proyecto de ley antiterrorista, se han incrementado el número de protestas que se realizan en otras zonas del país en apoyo de los detenidos por motivos de “seguridad”, algunos de ellos sin cargos ni juicio.

“El 23 de septiembre de 2012, las fuerzas de seguridad rodearon a varias decenas de personas, mujeres y niños incluidos, obligándolas a estar sin comida ni agua hasta el día siguiente. Estas personas se habían reunido en el desierto, junto a la prisión de Tarfiya, en Qasim, para pedir la libertad de sus familiares”, da a conocer AI.

En un informe realizado por el organismo internacional Human Rights Watch al respecto, señala que “desde principios de 2011, estos tribunales juzgan y condenan a gente que critica la política del Gobierno y las instituciones religiosas o a aquellos que piden más respeto por el Estado de Derecho. En abril, condenaron a dos personas a prisión por activismo pacífico. Y el juicio de otros cuatro está en proceso por ejercer su derecho a la libertad de expresión”.