Mely Arellano

@melyarel

El cuerpo desnudo de una mujer de entre 30 y 35 años de edad fue encontrado la tarde del pasado domingo al fondo de una barranca en la colonia Flor del Bosque, en la ciudad de Puebla. La policía municipal la declaró como la Desconocida 107.

De enero al 30 de junio de este año se han cometido 35 asesinatos dolosos de mujeres en el estado. La mayoría de las víctimas, 13 de ellas (casi el 37 por ciento), tenía entre 21 y 40 años.  La cifra no sorprende. El año pasado cerró con 79 casos, un incremento del 172 por ciento respecto del 2005, como lo reportó en su momento Lado B.

Este clima de violencia hacia la mujer va a la alza en el estado. Las violaciones sexuales han aumentado casi en 10 por ciento en lo que va del 2012, prácticamente se cometen 2.2 al día.

El cuerpo desnudo de una mujer de entre 30 y 35 años de edad, con varias puñaladas y el rostro desfigurado, fue encontrado la mañana del martes 15 de mayo de este año en Atencingo, cerca del río Nexapa. Se le registró como desconocida.

Ante ese escenario la respuesta del gobierno de Rafael Moreno Valle a este problema ha sido prácticamente nula. Tan sólo para llevar a cabo la primera sesión del  Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la violencia contra las Mujeres, uno de lo elementos básicos que establece la Ley para el Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, tardaron un año y cinco meses.

El cuerpo de Josefina Gómez fue encontrado en la barranca de Santa Cruz Analco, en San Salvador El Verde, el 10 de mayo de este año. Tenía un disparo en la frente, golpes en rostro y pecho, y huellas de abuso sexual. Era del DF. Estaba de visita.

El Sistema Estatal, encabezado por el secretario General de Gobierno, Fernando Manzanilla –quien por cierto ni siquiera asistió a esa primera sesión, sino que mandó a un representante- debe instrumentar el Programa Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y erradicar la Violencia contra  las Mujeres traducido en campañas de difusión de la ley, capacitación, educación, promoción de investigaciones sobre violencia y estadísticas que ayuden a evaluar la eficiencia de las medidas de prevención, por mencionar sólo algunas de sus responsabilidades.

El cuerpo de Amada Hernández fue encontrado en su casa, en Tepeaca, el pasado 10 de abril. Fue degollada por su esposo.

En el Programa Estatal se contempla, además, la educación y capacitación en materia de derechos fundamentales a las y/o los servidores públicos encargados de las áreas de procuración de justicia, seguridad pública y demás que tengan a su cargo las políticas de prevención, atención, sanción y eliminación de violencia contra las mujeres (artículo 38, fracción 13); sin embargo de acuerdo con un análisis hecho por el Observatorio de Violencia Social y de Género del Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría, esto no se cumple.

El cuerpo de Adela Mora fue encontrado en su domicilio, en la colonia Naciones Unidas de la ciudad de Puebla, el 6 de mayo de este año. Tenía 39 años. Fue asesinada a puñaladas.

Personas que trabajan en dependencias estatales de procuración de justicia ni siquiera saben que existe, de acuerdo con el mismo análisis se concluye que “si no se conoce, mucho menos se aplica”.

El Eje 4 del Plan Estatal de Desarrollo (2011-2017) dice que: “Estableceremos mecanismos que permitan proteger a las mujeres de la violencia que se ejerce en su contra, así como de la doble victimización que sufren por parte de las instituciones policiales y ministeriales cuando recurren a denunciar las situaciones”, pero no dice cómo.

El cuerpo de Elizabeth Pérez fue encontrado en su departamento de la colonia Agua Santa, en la ciudad de Puebla, el 13 de febrero de este año, con varias puñaladas en las piernas y golpes en la cara. Tenía 28 años. Murió desangrada.

Y sobre los delitos sexuales contra mujeres, tampoco explica cómo concentrará “la fuerza y la inteligencia policiales en las regiones y los municipios con más recurrencia del problema, a fin de lograr resultados inmediatos”.

El cuerpo de Irma Flores fue encontrado en una zona de difícil acceso en Tecali de Herrera, en febrero pasado. Fue golpeada y degollada junto con sus dos hijas de 4 y 6 años de edad, Abril y Brisa en julio del 2011. Tenía 26 años.

En una entrevista realizada en marzo pasado, Galilea Cariño, del Observatorio de Violencia Social y de Género, recomendaba “que la autoridad debe condenar este tipo de crímenes no sólo con ruedas de prensa o compromisos teóricos en las leyes, sino de manera latente en la práctica y con aplicación de medidas”.