Este sábado entró en vigor la reforma sanitaria de España que viola los derechos humanos por limitar el derecho a la salud de algunos de los colectivos más vulnerables de la sociedad y por ser una medida regresiva y discriminatoria. Esta decisión vulnera el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales suscrito por España.

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Las organizaciones firmantes han denunciando que la no renovación de tarjetas sanitarias a inmigrantes mayores de edad en situación administrativa irregular a partir del 1 de septiembre podría costar vidas, porque dejará a miles de personas sin acceso a los sistemas de salud. Estas personas solo serán atendidas en urgencias y en los supuestos de embarazo, parto y posparto.

Las personas con enfermedades crónicas o mentales serán algunas de las más afectadas por la reforma sanitaria. Como María, una mujer boliviana de 32 años que dejó a sus hijos en su país y trabaja en el servicio doméstico sin contrato. Al enterarse de que su hijo mayor estaba gravemente enfermo, cayó en una profunda depresión con ideas suicidas, que requiere tratamiento farmacológico, proporcionado por su médico de familia. A partir de mañana no podrá seguir con su tratamiento, cuya medicación no se vende sin receta.

Petru tiene la misma edad que María. Es natural de Rumanía y padece tuberculosis pulmonar con multirresistencia. Fue atendido en un hospital de Mallorca y sometido a aislamiento respiratorio. No cuenta con recursos económicos para continuar con su tratamiento, ni para combatir la tuberculosis, ni para comprar la insulina que necesita para su diabetes. Esta situación puede implicar además un problema de salud pública por el riesgo de transmisión de esta enfermedad.

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