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Ernesto Aroche Aguilar

@earoche

El 6 de junio el gobierno del estado de Puebla hacía público un listado del gasto en comunicación social de la segunda mitad del sexenio de Mario Marín y el primer año del gobierno de Rafael Moreno Valle.

La lista, que hacía visible la relación comercial entre los dos gobiernos estales y los medios de comunicación, se entregaba luego de varios años de opacidad en la materia, no sólo a reporteros locales sino incluso a investigadores de organismos no gubernamentales como Fundar y Artículo XIX.

Tres meses después de ese único reporte no se ha vuelto a saber cómo se eroga el gasto o con qué empresas se ha pactado o contratado la publicidad gubernamental en el 2012.

Incluso se han evadido respuestas directas sobre el tema planteadas al amparo de la ley de transparencia, cómo sucedió justo un día después de que se hiciera público el listado de medios

Un día después de ese 6 de junio el director de Comunicación Social del gobierno morenovallista, Sergio Ramírez Robles, evadía la petición puntual de que se entregara “un desglose real mensual de los gastos” –solicitud folio 169612 planteado por Lili Dolo Kersale— entre el 15 de enero de 2011 y el 10 de mayo de 2012 informando tan sólo que el presupuesto para 2012 era de 126 millones y que el 41.6 por ciento de este –56.4mdp— se había gastado entre enero y mayo.

La respuesta ignoraba también la petición de dar a conocer con qué empresas se habían realizado los convenios (o contratos) de publicidad.

Pero además, al revisar este miércoles 26 de septiembre la página de transparencia de la Oficina de la Gubernatura, es posible observar que en el apartado XVIII donde debería estar el listado de empresas contratadas  por cualquiera de las cinco áreas administrativas que componen a esa entidad de gobierno, entre ellas la Dirección de Comunicación Social y Relaciones Públicas, lo único que se encuentra en la siguiente leyenda: «A la fecha esta Dependencia no ha celebrado contratos».

La presión nacional abre archivos

La transparencia, a pesar del discurso gubernamental y de campaña, no es uno de los fuertes de la administración de Rafael Moreno Valle, y hay al menos dos casos que así lo plantean: el gasto en comunicación social y publicidad oficial y la compra de un helicóptero para los traslados del mandatario.

En el primer caso el sistema electrónico Infomex contiene más de una docena de solicitudes de información de reporteros y ciudadanos interesados en conocer el gasto y su distribución, cuya atención puntual fue evadida por la dirección de comunicación social ofreciendo respuestas vagas o entregando direcciones electrónicas que no contienen la información solicitada, como le sucedió a la reportera Kara Castillo.

Y no fue hasta que el tema comenzó a escalar en medios nacionales y se tuvo a la Comisión de Acceso a la Información Pública ordenando la entrega de la información que el gobierno del estado dio a conocer su gasto en el 2011.

Sobre el 2012 lo único que se conoce hasta el momento es que para promocionar el 1er Informe de Gobierno gastó 56.1 millones de pesos, de los cuales 14 fueron destinados a pagar mil 644 spots en cines contratados con la empresa Make Pro, la información sobre la contratación de esta empresa se conoció luego de que el IFE iniciara una investigación sobre la publicidad del mandatario poblano proyectada en salas cinematográficas.

El helicóptero del gober

Tomada del sitio metropolitanopuebla.com

Una situación muy similar se vivió cuando el reportero Jorge Castillo Loyo comenzó a investigar utilizando la ley de transparencia la compra de un helicóptero Agusta.

Entre octubre y noviembre de 2011, el reportero Jorge Castillo presentó dos solicitudes a la Secretaría de Administración para que informara el número y costo de cada uno de los helicópteros que pertenecen al gobierno del estado señalando marca, modelo y fecha de adquisición.

Aunque inicialmente hubo resistencias, la dependencia entregó un listado de cuatro helicópteros marca Bell y sus respectivos modelos, omitiendo fecha de adquisición y montos.

Ante la entrega de información parcial el tema llegó a la CAIP,  así la secretaría de Administración entregó en abril de este año una nueva respuesta reconociendo tres aeronaves, las tres modelo Bell, modelos 407, 412 EP y 2006 L4, adquiridas en 1995, 2006 y 2008 –estas dos últimas al inicio y a la mitad del sexenio marinista–, omitiendo información de la cuarta aeronave.

A la par, la Secretaría de Finanzas informaba el pasado 23 de marzo –solicitud 062412– al reportero que se tenían registradas cuatro aeronaves y aunque no ofreció detalles del modelo o la marca sí le informaron sus fechas de adquisición: 15 de septiembre de 2011, 28 de marzo de 2008, 14 de diciembre de 2006 y 8 de noviembre de 1995.

Emplazada por la CAIP, la oficina de transparencia de Cabalán Macari entregó el pasado 1 de junio un listado de cuatro aeronaves, las cuatro marca Bell que inicialmente había reportado pero omitió, por tercera ocasión, el helicóptero Agusta.

En su justificación, la SA sostuvo que había reducido la lista inicial de cuatro aeronaves a tres porque en la fecha en que cumplió –3 de abril de 2012— se había dado de baja del inventario uno de los helicópteros, el bell 412 EP adquirido en 2002.

El tema llegó finalmente a medios nacionales y tras el eco el gobierno reconoció la compra de la aeronave que había ocultado previamente mediante un boletín informativo.