Mely Arellano

@melyarel

La Comisión de Derechos Humanos del estado (CDH) reabrió la queja contra las regidoras del Partido Acción Nacional (PAN) Miriam Mozo e Irma Adela Fuentes, por actos violatorios de los derechos humanos de la activista Vianeth Rojas, revirtiendo así la exoneración de las funcionarias declarada a principios de este mes.

En mayo pasado, durante una sesión de la Comisión de Derechos Humanos del Municipio, Mozo y Fuentes rechazaron que Vianeth Rojas, directora del Observatorio Ciudadano de Derechos Sexuales y Reproductivos (Odsyr), formara parte del Consejo Ciudadano de Derechos Humanos y Equidad entre Géneros, ya que consideraron que no tenía calidad “moral” por haber asistido a un taller sobre aborto.

Al darse a conocer los audios de la sesión, Rojas acudió al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) donde le dieron vista al caso pero por tratarse de una situación fuera de su competencia –sólo resuelve asuntos entre particulares-, el expediente fue enviado a la CDH estatal.

En los primeros días de septiembre, la CDH anunció que exoneraba a las regidoras aduciendo que la quejosa no había atendido las notificaciones para acreditar que se violó su derecho a la seguridad jurídica y la igualdad; y que los audios presentados no eran prueba suficiente por tratarse de archivos editados.

Vianeth Rojas.
Foto: EEF | Archivo

Sin embargo, el pasado viernes se reabrió el caso luego de que Vianeth Rojas recordara a la CDH que para efectos de la investigación el organismo tiene la facultad de exigir al Ayuntamiento que entregue los audios originales de la sesión referida.

–Desde el principio dejé claro que habíamos pedido las pruebas (vía transparencia) y que el Ayuntamiento no las quería dar. La CDH tiene la capacidad para pedir las pruebas, pero no lo hicieron. Ahora que ya les explicamos que pueden hacerlo, las van a pedir.

En efecto, en el apartado II del Artículo 13 de la Ley de la CDH del estado, se establece como atribuciones: “Conocer e investigar, a petición de parte o de oficio, presuntas violaciones de derechos humanos, en los siguientes casos: a) Por actos u omisiones de autoridades estatales y municipales”. Mientras que el artículo 22 dice: “Durante la fase de investigación de la queja, los Visitadores Generales y los Adjuntos, dentro de sus atribuciones, podrán solicitar al titular de cualquier oficina administrativa o centro de reclusión, las facilidades necesarias para investigar los hechos motivo de la queja”.

En entrevista con Lado B, la activista manifestó su preocupación ante el señalamiento del ombudsman, Adolfo López Badillo, quien habría dicho que no se trataba de una “violación grave”.

Finalmente cabe mencionar que las notificaciones de la CDH nunca se le entregaron personalmente, pues la activista estuvo fuera del país durante el mes pasado.