Discrecionalidad en el rescate de la banda 2.5 GHz
Las acusaciones mutuas entre Joaquín Vargas Guajardo y el gobierno federal parecieran tomar la forma de un asunto de fe, sin embargo, la evidencia hace que la balanza se incline hacia un lado. Lo revelado por el presidente de MVS es fácil de creer en un sexenio que ha cedido, una y otra vez, a las presiones de Televisa, y abona a la tesis que sostiene que detrás del rescate de la banda 2.5 GHz radica el interés de beneficiar nuevamente a la televisora.
Por Lado B @ladobemx
21 de agosto, 2012
Comparte

Roberto Alonso*

Las acusaciones mutuas entre Joaquín Vargas Guajardo y el gobierno federal parecieran tomar la forma de un asunto de fe, sin embargo, la evidencia hace que la balanza se incline hacia un lado. Lo revelado por el presidente de MVS es fácil de creer en un sexenio que ha cedido, una y otra vez, a las presiones de Televisa, y abona a la tesis que sostiene que detrás del rescate de la banda 2.5 GHz radica el interés de beneficiar nuevamente a la televisora.

Ahí está la reciente aprobación de la alianza entre Iusacell y Televisa vía la Comisión Federal de Competencia (CFC), instancia que en enero se había opuesto a esta fusión y cinco meses después modificó su posición alentando, ciertamente, la competencia en el mercado de la telefonía móvil, pero conformando un monopolio en el terreno de la radiodifusión.

Algo similar ocurrió con la banda 2.5 GHz que contiene las frecuencias idóneas para la transmisión de servicios de telecomunicaciones móviles, lo que supondría un servicio de Internet de mejor calidad. A pesar de que la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel) ya había dado su opinión favorable en 2007 para la renovación de las concesiones de MVS en la banda 2.5 GHz, la presentación de escritos por parte de Cablevisión -filial de Televisa- y de la Cámara Nacional de la Industria de Telecomunicaciones por Cable (Canitec) -dominada por la empresa de Emilio Azcárraga Jean- bastaron para revertir dicha opinión.

En 2008, ambas solicitaron la reasignación de porciones de la banda 2.5 GHz para la licitación de nuevas concesiones destinadas a servicios de banda ancha, lo que derivó en que ese mismo año la Cofetel cambiara su postura original y se negara a prorrogar las concesiones de MVS.

Desde entonces el litigio acompañó el desarrollo de un sexenio que, a decir de especialistas en el ramo, careció de una política pública de telecomunicaciones que permitiera ordenar y proyectar el sector. El pasado 8 de agosto, el secretario de Comunicaciones y Transportes, Dionisio Pérez-Jácome, anunció el rescate de 68 concesiones de la banda 2.5 GHz, en la que MVS tiene la participación mayor entre 11 operadores. El funcionario argumentó que la banda se encuentra “considerablemente subutilizada”, e incluso recurrió a la siguiente metáfora: la banda 2.5 GHz “es como una autopista de altas especificaciones, de la que en México estamos utilizando apenas el acotamiento.” Asimismo, dio a conocer que las frecuencias se licitarán otra vez, tal y como lo solicitó Cablevisión y la Canitec.

En efecto, dicha porción del espectro radioeléctrico no se está aprovechando en su capacidad real, no obstante, esa es la intención de MVS y un grupo de empresas extranjeras, con las cuales propuso en abril de 2011 el proyecto Banda Ancha Móvil para Todos a través de las 42 concesiones de la banda 2.5 GHz bajo su administración. Para su desarrollo, MVS debió llegar a un acuerdo económico con las autoridades del gobierno federal, cosa que no ocurrió. Tras las fuertes acusaciones del presidente de MVS, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SCHP) señaló que la empresa quería pagar únicamente 0.38% de los 27 mil millones de pesos que el Estado pretendía recaudar. La experiencia comparada indica que las autoridades mexicanas negociaron con precios de primer mundo en una realidad que no lo es. Por contra, uno de los abogados de MVS, Fernando Gómez Mont, puso en relieve en un editorial publicado en Reforma que “el rescate cancela un proyecto que detonaría la competencia como ninguna otra opción de política pública.”

De lo difundido por la SHCP puede deducirse que el principal criterio que utilizó el gobierno federal para proceder con el rescate fue el económico. Al tratarse de un bien de dominio público, el uso, el aprovechamiento y la explotación del espectro radioeléctrico debe generarle al Estado una contraprestación. Es cierto. Lo que llama la atención es que dicho criterio no fue el que esgrimió el mismo gobierno federal en 2010 para darle a la fugaz sociedad entre Televisa y Nextel 30 MHz de la banda 1.7 GHz a cambio de 180 millones de pesos, una ganga para dichas empresas.

Que se hayan presentado estos dos casos en relación con la administración del espectro radioeléctrico en un mismo sexenio es entendible si se acepta que no existe una política pública de telecomunicaciones, o al menos si se reconoce que ésta -de existir- no es consistente y sí, en cambio, es discrecional: se aplica dependiendo el sujeto regulado.

Así lo dejó entrever Vargas Guajardo al afirmar que la actuación del gobierno federal ha favorecido ilegítimamente los intereses de Televisa y ha negociado un asunto de exclusivo carácter técnico y económico con razonamientos políticos que rayan en la venganza, aunque no ha sido el único. El 7 de marzo de este año, el entonces diputado y próximo senador Javier Corral, escribió en su columna semanal en El Universal que, si quisiera, el presidente de MVS “podría escribir uno de los relatos más descriptivos de los últimos tiempos sobre la supeditación política y gubernamental al poder de Televisa.” La historia de la banda 2.5 GHz, sentenció, “atraviesa por la sofisticación de las nuevas tecnologías inalámbricas para servicios móviles, pero es esencialmente política, porque los criterios que están dominando el desenlace son políticos y no técnicos.” Y agregó: “Una historia que tiene inmersa, como chantaje, uno de los intentos de censura más absurdos que haya conocido.”

A cuatro meses de que concluya el sexenio de Felipe Calderón -o habría que decir, de Televisa- el discrecional rescate de la banda 2.5 GHz tiene elementos para explicarse como un favor adicional a la televisora. La pregunta, con Jorge Zepeda, es a cambio de qué. ¿Será que el presidente saliente quiso evitarle un problema mayúsculo al presidente entrante a cambio de protección?

*@rialonso es secretario del Capítulo Puebla de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (AMEDI). Comunicólogo de formación, maestrante en Políticas Públicas y apasionado del derecho a la información y del periodismo. Participa en el Nodo de Transparencia de Actívate por Puebla.

Columnas Anteriores

[display-posts category=»con-copia-para» posts_per_page=»-1″ include_date=»true» order=»ASC» orderby=»date»]

Comparte
Lado B
Información, noticias, investigación y profundidad, acá no somos columnistas, somos periodistas. Contamos la otra parte de la historia. Contáctanos : info@ladobe.com.mx