• Oaxaca ocupa el primer lugar con 36 agravios, según el informe «Silencio forzado»

• La mayoría de los agresores fueron identificados como funcionarios públicos

Joseline Santos Enríquez

@joss_santos

Imagen: http://impacto.mx

Las publicaciones sobre tráfico de influencias de la diputada del PAN Myriam Galindo, motivaron la presunta agresión física contra el director del periódico Vanguardia de Atlixco, Roberto Ariza. Esta se suma a los embates en contra de representantes de medios de comunicación en Puebla, que de 2009 a 2011 sumaron 19, con esto la entidad se ubica en el sexto lugar con mayor número de agravios físicos en todo el país, según el informe de Artículo 19, denominado “Silencio forzado”.

El reporte antes mencionado destaca que del total de agresiones sufridas por periodistas 12 fueron físicas y/o materiales, cuatro correspondieron a detenciones ilegales, dos por intimidación y/o presión, y una por amenaza.

También establece que la mayoría de los agresores fueron identificados como funcionarios públicos: 15 de las 19. El resto se atribuyó a fuerzas partidistas (1), personas desconocidas (2) o por otros entes (1).

Así, Puebla ocupa el sexto lugar de los estados con mayor número de agresiones físicas en el país contra el gremio. En Oaxaca se documentaron 36 agravios de este tipo, en Chihuahua 27, Coahuila 21, en el Distrito Federal y en Sinaloa 18.

En todos los casos un alto porcentaje de agresores fueron funcionarios públicos, aunque en Sinaloa y Coahuila también existe un gran número de faltas cometidas por la delincuencia organizada: 10 por cada entidad.

El ataque contra quienes ejercen la libertad de expresión a través del ejercicio periodístico se presenta en diversas formas, algunas son catalogadas como violaciones graves, es decir cuando se hace alusión a asesinatos, ataques violentos contra medios, o desaparición de personas.

En total, se tiene conocimiento que en tres años las agresiones sumaron 565 en todo el país.

Artículo 19 documentó el homicidio de 27 periodistas y trabajadores de medios, así como 4 desaparecidos. Esto sin contar a los hechos violentos de este año.

El pasado 18 de mayo, el reportero del diario “El Regional de Sonora”, Marco Antonio Ávila García, fue encontrado sin vida. Un día antes fue secuestrado en un autolavado de la colonia Municipio Libre, en Ciudad Obregón por tres hombres encapuchados y armados.

Marco Antonio tenía 39 años de edad, cubría la fuente de Seguridad Pública. El medio para el que trabajaba no tuvo conocimiento de amenazas previas.

Antes que él, Regina Martínez, Gabriel Huge, Guillermo Luna y Esteban Rodríguez, quienes prestaban sus servicios profesionales en medios de comunicación de Veracruz, también fueron asesinados hace unas semanas.

El apartado número 9 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión refiere que “El asesinato, secuestro, intimidación, amenaza a los comunicadores sociales, así como la destrucción material de los medios de comunicación, viola los derechos fundamentales de las personas y coarta severamente la libertad de expresión. Es deber de los Estados prevenir e investigar estos hechos, sancionar a sus autores y asegurar a las víctimas una reparación adecuada”, hoy por hoy no existen políticas públicas que garanticen la disminución de estos crímenes.