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Redacción

La criminalización del aborto provoca que las mujeres se vean orilladas a practicarse abortos clandestinos que muchas veces son inseguros y ponen en riesgo su salud y sus vidas.  Este lunes se celebró el Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres, y la Alianza Nacional por el Derecho a Decidir lanzó una campaña en 8 estados de la República para visibilizar que las mujeres son tratadas como criminales y son estigmatizadas por querer ejercer su derecho a interrumpir un embarazo. La campaña será difundida por medios digitales y puede consultarse en el siguiente link.

Después de que en 2007 la Ciudad de México despenalizó la interrupción del embarazo hasta las 12 semanas de gestación, se vino una oleada de reformas para proteger la vida desde la concepción con la intención de blindar las constituciones locales de una posible despenalización. Ello no ha cambiado las causales legales de aborto, pero sí ha generado un clima de mayor persecución a las mujeres, aunado al riesgo de que les sean negados los servicios de salud reproductiva a los que legalmente tienen derecho.

El aborto es legal en todo México en casos de violación sexual y en los estados existen otras causales legales de aborto que varían según cada legislación local. La Ciudad de México es el único lugar del país en donde el aborto está despenalizado hasta las 12 primeras semanas de gestación desde 2007. No obstante, a las mujeres se las trata como criminales cuando acuden a servicios de salud por complicaciones de abortos y muchas veces son denunciadas por los propios prestadores de salud. En otros casos, se les obliga a pagar fianzas muy elevadas y en algunos estados en lugar de cárcel se les da la “alternativa” de someterse a un tratamiento psicológico integral el cual carece de  fundamento, ya que el síndrome postaborto no existe y la Asociación Psicológica Americana no lo reconoce como un trastorno mental.

En el Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres, la Alianza Nacional por el Derecho a Decidir exige que se termine con  la criminalización de las mujeres cuando ejercen su derecho a una maternidad libre y voluntaria. Asimismo, hace un llamado para que este día  no sea un aniversario más y sirva para recordar que hay mujeres sujetas a un proceso penal o cumpliendo una sentencia  por haber decidido interrumpir un embarazo.

Por lo anterior, es urgente que el Estado retome su papel de garante y protector de los derechos humanos para que las mujeres puedan ejercer con libertad el derecho que tienen a decidir sobre su reproducción y su vida. Tal y como señaló el Relator Especial de Naciones Unidas sobre el Derecho a la Salud y como también ha afirmado la Organización Mundial de la Salud, la criminalización del aborto no evita que las mujeres interrumpan el embarazo; sólo implica que lo hagan en condiciones inseguras que ponen en riesgo su salud y sus vidas.

Existe  una grave realidad invisibilizada por el prejuicio:  que la presión social acumulada y el estigma asociado al aborto han llegado a empujar a mujeres al suicidio por ello debe tomarse en cuenta que el derecho a la salud implica beneficiarse de todas las medidas posibles  que permitan gozar del mejor estado de bienestar  por lo cual  la interrupción  del embarazo debe hacerse  condiciones de oportunidad, legalidad y seguridad para reducir y eliminar estas situaciones que son evitables e injustas.

La no criminalización debería significar, por un lado, la despenalización del aborto hasta las 12 semanas de gestación y, por el otro, tal como lo establece la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra las Mujeres de la ONU, aplicar una estrategia que incluya el acceso efectivo a servicios de salud sexual y reproductiva. Estos servicios deben incluir: acceso a servicios de aborto seguros, y a una amplia variedad de métodos anticonceptivos, incluida la anticoncepción de emergencia,   medidas de concientización sobre los riesgos de los abortos realizados en condiciones peligrosas y campañas nacionales de sensibilización sobre los derechos humanos de la mujer, dirigidas en particular al personal sanitario, de procuración de justicia y también al público en general.

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Los candidatos y la candidata a la presidencia de la República se han pronunciado públicamente en contra de la criminalización de las mujeres que abortan. Sin embargo, no han hecho ningún planteamiento sobre lo que significa la no criminalización del aborto, ni qué acciones emprenderán para evitarlo. El compromiso que han expresado por las mujeres debe traducirse en compromisos concretos que garanticen sus derechos humanos, incluido su derecho a la salud reproductiva. De igual manera candidatas y candidatos a  puestos de elección popular  tampoco tienen una propuesta clara al respecto.

El compromiso que han expresado por las mujeres quienes aspiran a dirigir este país, debe traducirse en compromisos concretos que garanticen sus derechos humanos, incluido el derecho a decidir sobre su maternidad y a servicios de salud sexual y reproductiva que incluyan interrupción del embarazo en el marco de las leyes vigentes.