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Ernesto Aroche Aguilar

@earoche 

Una veintena de reporteros, fotoperiodistas y defensores de los Derechos Humanos protestaron en el zócalo de la capital poblana por el asesinato de Regina Martínez, corresponsal de la revista Proceso en el estado de Veracruz. La protesta se sumó a las que se llevaron a cabo en Veracruz, Morelos y Distrito Federal.

La protesta sirvió también para que los periodistas locales señalan las carencias laborales con las que deben trabajar: salarios bajos, falta de protección y seguridad social, además de la presión y en algunos casos despidos ordenados desde el poder político.

El estudio más reciente de la organización Artículo 19 sostiene tras un análisis de las agresiones reportadas en 2011 que “los funcionarios públicos son, en los hechos, los principales perpetradores. En más de la mitad de las agresiones registradas existe la participaciones de funcionarios de los distintos ordenes de gobierno o elementos de las fuerza de seguridad”.

En el caso específico de Puebla de los 19 casos documentados en 15 de ellos los responsables fueron funcionarios públicos, aunque es Veracruz el estado más inseguro para ejercer la profesión, ahí el número de casos reportados en todo el 2011 fue de 66, de los cuales la mitad fue responsabilidad de funcionarios públicos.

Las cifras de la organización que se encarga de la defensa de los periodistas y del derecho a la información ubica cinco asesinatos de periodistas y un ataque violento a las instalaciones de un medio de comunicación, ninguno de los asesinatos ha sido resuelto hasta el momento.

Adicional a estos hechos, sólo en 2011, 13 periodistas salieron del estado por los riesgos para su seguridad y uno más, Gabriel Manuel Fonseca, desapareció sin que hasta ahora se conozca su paradero. Poco antes de terminar el año, la redacción de un diario en el municipio de Córdoba fue atacada por un grupo armado que prendió fuego a las instalaciones.

En la protesta que se llevó a cabo en Puebla la corresponsal de la revista Proceso, Gabriela Hernández leyó el posicionamiento que hizo público el rotativo en su página electrónica y agradeció el apoyo del gremio.

Aunque, como lo hicieron notar Martín Hernández, reportero de La Jornada de Oriente, e Ireri Herrera, una de las convocantes a la manifestación, al gremio le hace falta en todo el país una mayor solidaridad no sólo cuando se producen asesinatos como el de Regina Martínez, sino incluso cuando estas agresiones se dan dentro de las propias redacciones.

Por su parte, Misraim Hernández, vocero del ContingentePue, exigió a la Cámara de Diputados apruebe la Ley de Protección a Periodistas y Defensores de los Derechos Humanos que está pendiente y que ya fue aprobada por el Senado, una exigencia que también fue planteada hace unos días por la organización Amnistía Internacional.

Mapa de las agresiones en México a periodistas y medios de comunicación