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Lado B

La carrera rumbo a la Casa Blanca continúa, teniendo como posible candidato Republicano a Mitt Romney, debido a que su rival más cercano, Newt Gongrich, dio a conocer a la cadena NBC que podría reconsiderar su candidatura en función de los resultados que obtenga en las primarias de Delaware. Asimismo, un solitario candidato Demócrata, Barack Obama, enfrentarán unas elecciones en las que el electorado hispano podría inclinar la balanza a su favor.

En enero de este año el Centro de Estudios Pew dio a conocer que para las elecciones presidenciales los votantes hispanos se mantienen a la espera de propuestas de los candidatos Republicanos respecto a las reformas migratorias que podrían impulsar.

Destaca que el 16% de la población en Estados Unidos es de origen hispano; es decir, más de 50.5 millones de habitantes  representan el voto latino para estas elecciones. Cabe recordar que en las pasadas elecciones este grupo apoyó mayoritariamente al candidato Demócrata,  Barack Obama -67% contra 31% que optó por John McCain del Partido Republicano-.

Al inicio de la contienda por la candidatura Republicana, el exgobernador de Massachusetts y preferido hasta el momento en el electorado estadounidense, Mitt Romney,  se mostró a favor de la construcción de un muro en la frontera, así como consideró que los indocumentados no pueden recibir ayuda gubernamental para su educación.

Quien se mantiene en el segundo sitio, el candidato Newt Gingrich,  ha manifestado su apoyo a una vía  para legalizar a aquellos indocumentados que han pasado suficiente tiempo en Estados Unidos -25 años, ha dicho el candidato- y hayan tenido descendencia con ciudadanía norteamericana.

Por su parte, el actual presidente de los Estados Unidos y candidato del Partido Demócrata, Barack Obama, se ha opuesto contra la controvertida ley migratoria de Arizona.

Miércoles de suspenso

Este miércoles la Suprema Corte de Estados Unidos será el escenario en el que se presenten los argumentos a favor y en contra de esta polémica ley migratoria, que permitiría, en caso de aprobarse, que los policías locales puedan verificar el estado migratorio de una persona en caso de que exista una “sospecha razonable” de que ésta se encuentra de manera ilegal en Estados Unidos; así como autorizaría a los uniformados a arrestar a inmigrantes sin orden judicial previa, siempre que exista una “causa probable” de que hayan cometido algún delito público, lo cual los llevaría a la deportación del país.

Asimismo, sería considerado como “delito estatal” el hecho de que “inmigrantes no autorizados” no porten sus papeles de registro y otras identificaciones oficiales, y por último, quedaría prohibido aplicar, solicitar o ejercer un empleo para aquellos que no están autorizados a trabajar en Estados Unidos.

Por su parte, el gobierno de Arizona ha argumentado que la inmigración ilegal crea dificultades financieras y problemas de seguridad para sus residentes, así como señala que la administración de Barack Obama no ha podido controlar este problema.

Asimismo, legisladores Republicanos y el propio alcalde del condado de Maricopa, Arizona, Joe Arpaio, han presentado documentos de apoyo a favor de la SB-1070, debido a que consideran que el costo que genera el encarcelamiento, así como brindar educación a los indocumentados, es un gasto que no debe destinar el gobierno de Estados Unidos.

En la contraparte de este asunto se encuentra el gobierno de México, la Liga Antidifamación, la Asociación Estadounidense de Abogados Migrantes y la ciudad de Tucson; así como los países de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay, quienes se sumaron al escrito “Amigo de la Corte” que presentó el gobierno mexicano  en apoyo a la demanda de la administración de Obama.

“La apelación de Arizona podría sentar un importante precedente en leyes parecidas que están aún por definirse en cortes de todo el país. En la primera mitad de 2011, las legislaturas estatales en los 50 estados y Puerto Rico presentaron un número nunca antes visto de proyectos de ley o resoluciones relativas a los inmigrantes o refugiados, según un informe de la Conferencia Nacional de Legislaturas Estatales. Los estados presentaron 1,592 de esos proyectos de ley o resoluciones, en comparación con los 300 presentados en 2005”, dio a conocer CNN.