Marcos Nucamendi

@_nucamendi

“Maquimatica nochi tlacame/ nohua niyoltoc: yoltoc noyolo…”

“Que todos sepan/ que aún vivo y vive mi corazón…”

Natalio Hernández / Poesía Náhuatl.

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José Ramón Aniceto Gómez, quien entonces era Presidente Auxiliar de la comunidad nahua de Atla, municipio de Pahuatlán en el Estado de Puebla, fue detenido en enero de 2010 junto con el Juez de Paz, Pascual Agustín Cruz. El motivo: el supuesto robo a mano armada de una camioneta propiedad de Cristóbal Aparicio Gómez. La sentencia condenatoria: 6 años, 10 meses y 20 días, aunados a una multa de 28 mil pesos.

A propósito de la camioneta “robada”, resulta que en octubre de 2009, Abraham Aparicio –hijo de Cristóbal Aparicio-, tras haber fallado en su intento por atropellar a José Ramón y Pascual junto con un grupo de jornaleros a su regreso del campo, abandonó el vehículo en el lugar de los hechos, dejando bloqueada la carretera que va de Atla a Xolotla. En su calidad de autoridades –como debía de ser-, la camioneta fue llevada a la comandancia; donde los dueños podrían reclamarla fácilmente. Como si el agravio físico no hubiese bastado, y una vez dado el perdón a los agraviantes, José Ramón y Pascual -de la mano de dos testigos falsos-, fueron acusados, procesados, sentenciados y obligados a cumplir al día de hoy, una pena injustificada.

Se trata sí, de una muestra más de lo que en este espacio hemos consideramos como prácticas sistemáticas encaminadas a entorpecer y al final, detener cualquier intento legítimo de resistencia  a los intereses creados, ya sean de empresas, gobierno o como en este caso, de caciques locales -con variopintas afinidades partidistas- que se oponen al disfrute de la comunidad a un derecho tan vital, como el agua. José Ramón y Pascual habían logrado lo que se veía imposible desde hace décadas: hacer efectivo el acceso al agua potable para todas las familias. Para tal efecto, repartieron gratuitamente tomas de agua suministrada por un nuevo sistema de captación que contó inclusive, con la aquiescencia del gobierno estatal y federal.

“Al cacique como que le entró el demonio cuando el agua potable se empezó a repartir para todo el pueblo de Atla, porque se le acabó el negocio”, aseguró el hermano de José Ramón, Máximo Gómez. “Desde hace 35 años, está dominando al pueblo con amenazas”, afirmó. Cristóbal Aparicio, ex priista y ahora militante del Partido del Trabajo (PT), se apropió desde hace años tanto del manantial como del abastecimiento del vital líquido. El nuevo sistema de captación representaba una amenaza clara a sus intereses y ahora con José Ramón y Pascual encerrados, desconectó el tanque y nuevamente se hace cargo de la distribución, llegando a cobrar desde entonces, hasta 5 mil pesos por cada toma de agua; ahora las deja “baratas” dadas las elecciones venideras, pero se espera que el costo pueda subir hasta 7 mil pesos. Con 70% de la gente dependiendo de esta tomas, el negocio, sigue siendo claramente redituable.

En octubre del año pasado, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez A.C. (Centro Prodh), interpuso una demanda de amparo directo ante la Primera Sala en Materia Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla; junto con el Centro de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría, S.J., se han dado a la defensa de José Ramón y Pascual. De la misma forma, el 29 de marzo pasado, Amnistía Internacional (AI) los ha reconocido como “presos de conciencia”, declarando que tras una investigación, se ha concluido que existieron irregularidades –como la falta de un intérprete-, así como contradicciones que viciaron todo el proceso desde un inicio. De esta manera, AI pidió la inmediata liberación de los defensores comunitarios y anunció que comenzará una campaña a favor de ésta, aprovechando que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) puede ahora resolver en este caso concreto y así, “[…] reforzar el respeto al debido proceso y juicio justo para las personas pertenecientes a los pueblos indígenas procesadas en el sistema de justicia penal según lo establecen los tratados internacionales de derechos humanos”.

Finalmente, cabe distinguir este caso de los anteriormente comentados en este espacio. Si bien no es un hecho aislado -la fabricación de culpables como práctica sistemática-, sí comprende una diferencia sustancial: esta vez, son las propias autoridades comunitarias las que se han visto afectadas. Es decir, no sólo se entorpece el trabajo social de estos defensores, sino se pasa por alto el respeto y reconocimiento incondicional que merecen las comunidades que han decido regirse por usos y costumbres, de forma autónoma, y que han decidido emprender proyectos en beneficio de la colectividad.

Ya lo dijo Máximo Gómez, para ser autoridad, la persona “tiene que haber sido regidor, hacer trabajos para la escuela, que haya hecho la mayordomía –darle de comer a todo el pueblo, quemar el castillo y los toritos en la fiesta de mayo dedicada al Señor del Santísimo–, y aparte de eso ser calificado por la mayoría como alguien que viene de una familia respetuosa, como personas honestas.” Ahora resulta que ser un funcionario honesto y comprometido, conlleva a situaciones tan lamentables como verse amedrentado por los caciques locales, bastante acostumbrados al beneplácito de los partidos tradicionales y a la sumisión de los pueblos.

*Para más información, les dejamos este breve video de los compañeros del Centro Prodh  y un reportaje de Punto de Partida.

** Aprovechamos nuevamente para invitarlos a firmar nuestra petición para defender a quienes nos defienden.   así como a no dejar de circular el hashtag #LeyProteccio.