El caso de  José Ramón Aniceto Gómez y Pascual Agustín Ortiz, no es excepcional. En diferentes momentos en México se ha detenido, amenazado e incluso se ha atentado contra la vida de los defensores de los derechos humanos o de quienes defienden a sus comunidades. Hemos sido testigos de los procesos en contra de Jacinta Francisco Marcial, Alberta Alcántara, Teresa González y Raúl Hernández, además de otras personas acusadas injustamente de delitos que no cometieron y esta detención tiene que ver con su postura social y su actividad en defensa de los derechos humanos o de sus pueblos.

José Ramón y Pascual, eran autoridades de la comunidad de Atla, en Pahuatlán, en el estado de Puebla. Su delito, fue dotar a toda la población de agua potable por medio de la repartición gratuita de tomas de agua y no permitir más que un grupo de personas que controlaba el abasto, siguieran cobrando grandes sumas y tener a la comunidad sometida a través de adquirir el vital líquido.

El centro Prodh tomó en sus manos la defensa de los detenidos e interpuso un amparo directo ante la primera sala en materia penal del tribunal superior de Justicia del estado de Puebla, en octubre de 2011. A los dos los acusaron del robo de un vehículo. Tal robo no existió y es evidente que los caciques del lugar y antes dueños absolutos del agua, querían vengarse.

Ahora Amnistía Internacional los ha declarado presos de conciencia a los dos. Y esto consideramos que es muy importante por el peso de una organización no gubernamental que ha realizado un trabajo incansable a favor de los derechos humanos. Definitivamente es una injusticia inadmisible que por querer el bien de la comunidad y dotarla de un servicio tan indispensable como el agua, gratuitamente, se tenga que sufrir en la cárcel; nos hace pensar ¿la justicia existe en México?

Ojala los jueces poblanos reviertan esa injusticia y los dos acusados queden libres, otra decisión sería muy lamentable y nos haría preguntarnos si hay justicia en la entidad.