Reconoce gobierno mexicano que militares violaron a Inés
Asume la responsabilidad por orden de la CIDH; los hechos ocurrieron en 2002 y los responsables, aún libres
Por Lado B @ladobemx
06 de marzo, 2012
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La violaron en el 2002, después de agotarse las instancias de justicia del país recurrió a la CIDH en 2004, en 2010 se emitió la sentencia contra el Estado mexicano y apenas ayer el gobierno admitió su responsabilidad y promete cumplir las órdenes del órgano internacional

Foto tomada de: www.tlachinollan.org/

Lado B

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Este martes tuvo lugar en el municipio de Ayutla de los Libres el acto oficial de reconocimiento de la responsabilidad del Estado mexicano por las violaciones a los derechos humanos de la indígena me’phaa, Inés Fernández. Este acto se da en cumplimiento de una sentencia en contra del Estado mexicano emitida en 2010 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Con este acto el Estado mexicano salda una parte de su deuda con Inés Fernández, quien fuera víctima de violencia sexual por parte de integrantes de las fuerzas armadas en la localidad Barranca Tecoani en el 2002. La sentencia, emitida el 30 de agosto de 2010, ordena también al gobierno mexicano garantizar que los responsables rindan cuentas de sus actos, ofrecer reparación adecuada y tomar medidas para garantizar que estas violaciones no se vuelvan a repetir.

El secretario de Gobernación, Alejandro Poiré, encabezó el reconocimiento de responsabilidad, en el que también estuvo la procuradora general de la República, Marisela Morales y el gobernador el estado, Ángel Aguirre Rivero, así como representantes de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y de organismos internacionales.

“Como parte de la reparación del daño, dijo Poiré, se seguirá impulsando la creación de las instancias para sancionar a los responsables de hechos de violación a los derechos humanos. Este caso será desahogado en el fuero ordinario y no militar, como en su momento se pretendía hacer”.

El funcionario garantizó que se habrá de aplicar la sanción y castigo a las instancias locales y federales, quienes incurrieron en omisiones en atender la denuncia en su momento, entre ellos el Ministerio Público local, la autoridad de Salud y otros.

El gobierno mexicano ofreció a la mujer indígena becas educativas para sus hijos, hasta la conclusión de sus estudios superiores y accesos a los servicios de salud.

Como parte de la respuesta, el secretario federal firmó un convenio para la construcción de un centro comunitario para la mujer en Ayutla de los Libres.

Al respecto, Amnistía Internacional (AI) hizo un enérgico llamado a las autoridades mexicanas para que efectivamente den cabal cumplimiento a todos los elementos de la sentencia, que incluye una investigación imparcial y exhaustiva de la justicia civil, así como llevar a cabo las reformas necesarias para asegurar que todo abuso a los derechos humanos en contra de civiles por parte de integrantes de las fuerzas armadas sea investigado y procesado por la justicia civil, no militar.

La sentencia de CIDH se sumó a la emitida con relación a Valentina Rosendo Cantú, quien al igual que Inés fuera víctima de violencia sexual por parte de integrantes de las fuerzas armadas que operaban en la zona de la montaña, en el estado de Guerrero en 2002.

Desde entonces, el Estado se había negado a reconocer que las dos mujeres sufrieron violación sexual por parte de integrantes de las fuerzas armadas. Sin embargo, las decisiones de la CIDH en ambos casos son contundentes en señalar que las mujeres sufrieron violación sexual por parte de militares y la negación de una investigación imparcial de los hechos.

Las dos sentencias señalan graves violaciones de derechos humanos contra ambas mujeres y sus familiares que han resultado, entre otras cosas, en impunidad por los responsables y el hostigamiento de las mujeres y las organizaciones que han apoyado a las mujeres en su lucha por la justicia.

La CIDH reiteró en las sentencias la obligación de México de terminar con la aplicación de la justicia militar en la investigación y procesamiento de miembros del Ejército en casos de violaciones de derechos humanos.

AI considera que el fuero militar en su actual forma, es un obstáculo para llevar verdad, justicia y reparaciones a quienes han sido víctimas de abusos por parte de integrantes de las fuerzas armadas.

Cabe recordar que los agresores de Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú continúan en libertad. Entre tanto, ellas y sus familias han sido blanco de amenazas durante 10 años de lucha por la justicia.

Información: Cencos, Sin Embargo y Tlachinollán.

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Lado B
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