San Cristóbal de Las Casas. Desde el 7 de marzo, activistas de diferentes organismos civiles por la liberación de los presos políticos del gobierno de Chiapas iniciaron una huelga de hambre y dos de ellos se han suturado los labios. Su propósito es denunciar que en esta entidad no hay libertad, y que las comunidades indígenas siguen padeciendo la tortura y la represión por ejercer sus derechos más elementales. En comentario a esta misma nota, enfatizan que están hartos de hablar y de que no se les escuchen sus demandas de justicia.

Entre los 27 presos políticos se encuentra el padre de uno de estos jóvenes que decidió suturarse los labios y ponerse en huelga de hambre para denunciar la represión y hostigamiento del que son objeto las comunidades indígenas. En plantón permanente frente al congreso del estado de Chiapas, en Tuxtla Gutiérrez, los acompañan miembros de la Central de Organizaciones Campesinas y Populares (COCyP).

Foto tomada de oem.com.mx

El caso de Rosa López Díaz

Rosa López Díaz está presa por un delito que no cometió, denuncian. Y durante las primeras horas de su detención, fue sometida a tortura sexual, física y sicológica para que aceptara autoinculparse. Al igual que ella, hay otras 26 personas en las mismas condiciones, en las cárceles de Chiapas. Son presos políticos del gobierno de Juan Sabines Guerrero.

La represión gubernamental a las comunidades indígenas es porque exigen se respete su autonomía y sus derechos humanos, así como el principio de la libre autodeterminación. Sin embargo, esta lucha los ha hecho víctimas de una guerra sucia en la que los principales agresores son los policías municipales, del Estado y federales, denuncian.

También señalaron los activistas en sus comunicados que Pueblo Nuevo y Ocosingo están militarizados. Y que se incorporando a la huelga de hambre los demás activistas por la liberación de los presos políticos y porque los militares regresen a sus cuarteles.

El caso del profesor Alberto Patishtán

Alberto Patishtán está preso injustamente, desde el 19 de junio del año 2000. Fue acusado de homicidio calificado, con portación de armas de uso exclusivo del ejército y lesiones calificadas. El juicio fue manipulado y con graves violaciones a sus derechos humanos.

Lo sentenciaron a 60 años de prisión, y lo trasladaron, cuatro meses después, el 20 de octubre de 2011, al Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) No. 8, de Guasave en Sinaloa.

El traslado lo decidieron las autoridades, cuando integrantes de los organismos no gubernamentales Voz del Amate y Solidarios/as de la Voz del Amate llevaban 21 días en huelga de hambre al interior del Centro Estatal de Reinserción Social para los Sentenciados No. 5 (Cerss), en San Cristóbal de Las Casas.

Por las graves irregularidades en el proceso, sentencia y riesgos a su vida e integridad el caso fue presentado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en agosto de 2010.

Información: Pulso Ciudadano.