Lado B
Presentan iniciativas contra la discriminación
Piden que haya respeto hacia las diferencias al interior del Congreso
Por Lado B @ladobemx
15 de marzo, 2012
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  • Proponen punto de acuerdo para promover la no discriminación al interior del Congreso
  • Nueva Alianza y Acción Nacional presentan sendas iniciativas para eliminar la discriminación

Foto: EEF.

Joseline Santos Enríquez

@joss_santos

El diputado Héctor Alonso Granados se dijo víctima de “canibalismo legislativo”, luego que su compañera, Josefina Buxadé Castelán, promovió un exhorto para que sus homólogos y personal administrativo se abstuvieran de emitir expresiones discriminatorias al interior del Congreso local.

La semana pasada, el militante de Nueva Alianza, denostó la orientación sexual del asesor legislativo, Ignacio Alejandro Molina Huerta, a quien llamó “señorita”. Entonces ningún diputado hizo alusión al tema hasta este jueves en el marco de la sesión plenaria.

Buxadé Castelán precisó que existe discrepancia entre las versiones de los involucrados, pero en concordancia con los avances que se han dado al interior del Congreso para garantizar el respeto a los derechos humanos, consideró oportuno hacer un llamado para que los principios no sólo sean impulsados sino practicados.

“Expresiones como naco, indio, gata, chacha, sirvienta, criada, joto, puto, puta, puñal, mocha, brujer, vieja y homosexual discriminado, entre otras, tienen connotaciones discriminatorias y ofensivas. El problema de los términos discriminatorios es que son peyorativos, que ofenden a las personas y que son una forma de violencia”.

Por ende propuso que el tema fuera discutido al interior de comisiones, al tiempo que “a título personal”, y no en representación de su bancada (PAN), ofreció una disculpa por los señalamientos ofensivos emitidos por Héctor Alonso contra Ignacio Molina.

La diputada fue ovacionada por sus homólogos y los asistentes a la sesión.

Hugo Alejo Domínguez, compañero de partido de Alonso Granados, propuso que se dispensaran los trámites, a fin de que el exhorto fuera puesto a discusión para su inmediata resolución.

El debate inició con la participación del aludido.

Criticó que se hiciera leña del “árbol caído”, ya que ninguno de sus compañeros se acercó a preguntar sobre la veracidad de la presunta agresión contra Ignacio Molina, sin embargo –dijo- lo juzgaron a priori y lo condenaron a la hoguera “como en tiempos de la Santa Inquisición”.

“Lamento este canibalismo legislativo, ya he dicho que no soy homofóbico, pero la condición sexual de una persona no implica, ni exime de cumplir la ley, ni los reglamentos de este Congreso, que ese era mi punto (…). No me dirigía a él (Molina) sino a otra persona, y había testigos, simplemente se puso el saco que no le tocaba”.

Bajo este argumento, advirtió que no se disculpará por algo que no hizo.

En respuesta, el priista, Enrique Doger Guerrero, destacó la importancia de que ambas versiones sean escuchadas para evitar que el tema tuviera un fondo político. No sin antes pronunciarse a favor de promover respeto al interior del Congreso.

En el mismo tenor, el panista Juan Carlos Espina von Roehrich precisó: “No se trata de hacer un juicio sumario (…) el punto de acuerdo no hace mención, ni descalifica, ni enjuicia a ninguna persona en particular. Los comentarios posteriores al punto de acuerdo, no forman parte del mismo”.

Finalmente, el petista Zeferino Martínez avaló la propuesta, pero pidió a sus compañeros que eviten la falta de respeto entre diputados y asistentes, que éstos últimos asuman su papel y no sean “igualados”.

Se pronunció porque el personal se abstenga de ponerse los guantes, ya que los diputados los contrataron para una función específica y “no para echar chingadazos”.

De este modo, durante la última sesión plenaria del Primer Periodo Ordinario del segundo año legislativo, a la que asistieron sólo 22 de los 41 diputados, el exhorto fue aprobado con 21 votos a favor, y la abstención de Héctor Alonso.

El Congreso del estado también aprobó este día una modificación al artículo 11 de la Constitución local para incluir a la “orientación sexual” dentro del catálogo de causas de discriminación, esto tras el escándalo que protagonizó al interior del pleno legislativo el diputado del Panal, Héctor Alonso Granados, al tachar de “señorita” y “homosexual discriminado” a un asesor legislativo, y tras el asesinato en la última semana de tres integrantes de la comunidad LBGTTTI.

Foto: EEF.

Impulsa Panal Ley Contra la Discriminación

La discriminación fue tópico a lo largo de la última sesión plenaria del Primer Periodo Ordinario.

El coordinador de la bancada de Nueva Alianza, Guillermo Aréchiga Santamaría, promovió la creación de la Ley Contra la Discriminación, misma que –aseguró- no fue creada al vapor, por el contrario se integró tras un trabajo que inició hace meses y varias reuniones con organizaciones de personas con discapacidad, miembros de la comunidad LGBTTTI, adultos mayores, mujeres, jóvenes, entre otros.

Destacó que también incluye las propuestas de grupos indígenas, así como algunos puntos que tomó en cuenta luego de visitar comunidades con altos asentamientos del sector.

En su exposición de motivos indicó que 5 de 10 poblanos justifican agresiones físicas contra menores de edad cuando estos no obedecen. El 25 por ciento piensa que los derechos de los niños son en función a lo que sus padres deciden.

Basándose en la Encuesta Nacional sobre Discriminación 2010, agregó que 4 de cada 10 mexicanos no estarían dispuestos a permitir que en su vivienda resida una persona homosexual o portadores del virus VIH.

En cuanto a las diferencias religiosas, recordó que Puebla es uno de los 9 estados del país que registra mayores conflictos por este motivo.

Por lo anterior, el aliancista propuso la creación de la ley que incluye 57 artículos, uno de ellos considera la creación del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación del Estado de Puebla, el cual sería catalogado como organismo descentralizado, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Social.

Promueve PAN tipificar la discriminación

El diputado panista, Mario Riestra Piña, propuso tipificar la discriminación en Puebla, ya que pocas entidades han legislado en la materia, entre ellas el Distrito Federal, Durango y Quintana Roo.

Por ende, la iniciativa busca adicionar el artículo 372 bis al Código de Defensa Social para el Estado de Puebla, para sancionar a quien “por razón de edad, sexo, estado civil, embarazo, raza, procedencia étnica, idioma, religión, ideología, orientación sexual, color de piel, nacionalidad, origen o posición social, trabajo o profesión, posición económica, características físicas, discapacidad, estado de salud o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas”.

Si el delito fuera cometido por un servidor público la pena será más severa, pues incluye la destitución.

“Al servidor público que por las razones previstas en el primer párrafo de este artículo, niegue o retarde a una persona un trámite, servicio o prestación al que tenga derecho, se le aumentará en una mitad la pena prevista en este numeral, además se le impondrá destitución e inhabilitación para el desempeño de cualquier cargo, empleo o comisión públicos, por el mismo lapso de la privación de la libertad impuesta”.

Otros de las especificaciones que aborda la iniciativa son:

  • El delito de discriminación se perseguirá por querella de la parte ofendida.
  • Las sanciones serán de uno a tres años de prisión.
  • Además de la anterior se deberá pagar una multa fijada entre los 5 mil 908 y los 29 mil 540 pesos (100 a 500 días de salario mínimo).
  • Las penas serán contra quien provoque o incite al odio o a la violencia.
  • Contra quien niegue a una persona un servicio o una prestación a la que tenga derecho. Para los efectos de esta fracción, se considera que toda persona tiene derecho a los servicios o prestaciones que se ofrecen al público en general.
  • Para aquellos que vejen o excluyan a persona alguna o grupo de personas.
  • Para el que niegue o restrinja derechos laborales de cualquier tipo.
  • El mismo artículo precisa que las medidas tendientes a la protección de grupos socialmente desfavorecidos, no serán consideradas como acciones discriminatorias.
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