Ernesto Aroche Aguilar

@earoche

La noche del pasado jueves 15, Anahí Margarita Noyola salía de un café internet ubicado en Chipilo, subió al vehículo de su prima Aly Noyola y se dirigían a su domicilio cuando al menos tres vehículos les bloquearon el camino.

–Baje del vehículo –le dijeron los sujetos que tripulaban uno de los autos– es una revisión de rutina.

La joven de 24 años se negó a bajar. Le pidieron una identificación, tomaron algunos datos de la credencial.

–Hay una orden de presentación –le dijeron, pero no le mostraron el documento.

–Esta no va a cooperar, bájenla, bájenla –terció otro de los hombres, y a empellones la bajaron del auto. La subieron al Jetta con el que le habían bloqueado el paso, la esposaron y la llevaron a la Dirección de Atención de Delitos de Alto Impacto (DADAI).

Anahí Margarita no volvería a salir hasta la noche del sábado cuando tras la movilización de sus familiares que promovieron un amparo en el Juzgado Séptimo de Distrito fue liberada junto con sus primas Aly y Yadira Rosario Avendaño.

En ese lapso, las tres jóvenes serían golpeadas y torturadas por policías ministeriales para que confesaran su presunta participación en el asesinato de la defensora de los derechos humanos Agnes Torres Hernández, una participación que no les fue comprobada.

“Los agentes jamás se identificaron, nos trasladaron a una casa, me vendaron los ojos, me pasaron a una pequeña habitación, me hincaron y comenzaron con el interrogatorio, “que por qué la matamos, que qué habíamos hecho con el auto, me preguntaron por la fiesta, pero yo no sabía de qué me hablaban. Me abofetearon. Me patearon. Luego pusieron una sábana en medio de la habitación, me acostaron bocarriba me quitaron la pinza del cabello para después arrastrarme de los cabellos por toda la habitación y me dijeron, ‘esto es para que sientas perra lo que sintió Agnes’. El nombre de esta chica yo lo había escuchado recién el lunes cuando en el noticiario dijeron lo que había pasado”.

“En algún momento me mojaron el cuerpo, me levantaron la blusa y comenzaron a darme toques con un cable en el pecho por varias partes, cuidando de que no quedaran marcas. Después alguien se sentó sobre mí impidiéndome respirar. Alguien más me tomó de la cabeza y me pusieron un trapo mojado en boca y nariz para que al respirar me ahogara con el agua”.

“Al final tuve que decirles lo que querían escuchar, que había participado en el crimen, que conocía los domicilios de los chicos involucrados».

En el tiempo que estuvieron detenidas las jóvenes nunca tuvieron derecho a que las acompañara un abogado en el interrogatorio, ni se les permitió hacer llamada alguna, explica el padre de Anahí, José Manuel Noyola, “las tuvieron 36 horas incomunicadas y sin probar alimento o bebida”.

A través de su abogado José Manuel Noyola logró ubicar a las jóvenes en la DADAI y tras tramitar un amparo federal, que quedó inscrito con el número 520/2012 del Séptimo Distrito por violación al artículo 22 constitucional y fue recibido el viernes 16 a las 11:34 hrs, reclamando una “orden de privación de la libertad, detención, retención e incomunicación, torturas y malos tratos”.

Con el amparo, el primero en entrar en contacto con las jóvenes fue el actuario federal, a los padres les permitieron ver a sus hijas hasta la mañana del sábado, casi a la misma hora en que la PGJ daba a conocer públicamente la detención de cuatro presuntos responsables del asesinato de la activista.

“Y me dijo el agente del ministerio Público –explica a Lado B José Manuel Noyola— Aquí  no fue la gracia de Dios, aquí no fue la justicia federal, aquí van a salir porque se portaron bien y no encontramos elementos suficientes, por eso van a quedar libres, que por la otra podríamos subir los datos de las chicas a plataforma México, pero por ustedes no lo vamos a hacer”.

Al respecto la Procuraduría General de Justicia del Estado no ha emitido postura alguna, aunque por vías extraoficiales fue confirmado que las tres mujeres y un joven más fueron presentados en la DADAI como parte de la investigación por el crimen de Agnes.

–¿Y ustedes conocían a los implicados? ¿Llevaban algún tipo de relación con ellos? –le pregunta este reportero a las jóvenes.

–Chipilo no es una ciudad muy grande, sí, claro, los conocíamos. Uno de ellos –responde Anahí– pretendía a mi prima, pero eso no justifica lo que nos hicieron. Nos hicieron llevarlos a los domicilios de todos. No, no es justo lo que nos hicieron y nosotros responsabilizamos a la procuraduría, al procurador, al director de la DADAI si algo más nos llega a pasar, porque ellos tienen nuestros datos, números telefónicos, direcciones, dónde estudiamos, horarios, todo.

Por lo pronto, desde el domingo 17 se inició una queja en la Comisión de Derechos Humanos de Puebla que quedó registrada con el número de folio 633.

Que se investigue

Tras conocerse la denuncia, los grupos de defensa de los derechos sexuales y reproductivos que han acompañado la investigación por el asesinato de Agnes Torres pidieron a la CDH Puebla siga de oficio la denuncia para aclarar los hechos.

También informaron que iniciaron “una solicitud formal de información al titular de la Procuraduría General de Justicia del Estado”.

“Al tiempo que reiteramos nuestra exigencia de total transparencia en las investigaciones y apego al Estado de Derecho. Condenamos cualquier violación a los derechos humanos venga de donde venga y sea quien sea la víctima de la misma”.