Redacción

Mediante un comunicado la Procuraduría General de Justicia (PGJ) negó «que hayan existido atropellos o violación a los derechos humanos hacia las personas vinculadas con el homicidio de Agnes Torres Hernández«, en relación a la denuncia hecha por Yanira Rosario Avendaño Noyola, Anahí Margarita Noyola Baltazar y  Aly Noyola Rodríguez contra policías ministeriales por tortura y privación ilegal.

De acuerdo con la PGJ, «el realizar este tipo de señalamientos en contra de las autoridades, es una estrategia recurrente realizada por abogados en la defensa de personas implicadas en ilícitos».

En el boletín señala que «existen los dictámenes médicos correspondientes que avalan la condición de las personas implicadas durante su aseguramiento y posterior a su liberación, descartando abuso alguno».

Además asegura que las tres jóvenes «estaban en compañía de Agustín Flores Zechinelli y Marco Antonio Berra Espezzia, cuando éstos dos presuntos responsables del homicidio de Agnes Torres fueron detenidos por su participación directa en el ilícito».

«Fueron presentadas por el delito de encubrimiento –continúa el documento-, al no existir flagrancia, se les dejó en libertad aunque siguen bajo investigación dado que además refirieron ser parejas sentimentales de los presuntos homicidas, por lo que se presume tenían conocimiento pleno de los hechos».

«Es importante recalcar que Anahí Margarita Noyola Baltazar tenía entre sus pertenencias un teléfono celular con el que tuvo más de 70 contactos con Jorge Flores Zechinelli, presunto responsable del homicidio de Agnes Torres«.