Monterrey, NL. Si bien en México hay una Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas, ni la Federación ni los estados saben cómo aplicarla o establecer los castigos. En la mayoría de las entidades los jueces no saben sentenciar a quien comete ese crimen, un policía municipal no reconoce el delito y un agente estatal ignora cómo canalizar a una víctima.

Foto tomada de lanotamexico.com

Lo anterior se desprende del libro Perspectivas del tráfico de personas en México, un análisis de este fenómeno entidad por entidad –estudio sin precedente en el país–, llevado a cabo por el doctor Arun Kumar Acharya, investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

El académico de origen indio encabezó un grupo de ocho investigadores –alumnos y profesores de la UANL– para analizar la legislación de los 32 estados de la República en materia de tráfico de personas, la nueva forma de esclavitud. El resultado fue preocupante: más de la tercera parte de las entidades no tiene legislación específica sobre la materia ni incluye ese delito en sus códigos penales.

El libro –de próxima aparición– revela que sólo nueve estados tienen leyes y políticas públicas para combatir este fenómeno. Ocho tienen previsto el delito en los códigos penales, pero sin medidas específicas para prevenirlo o sancionarlo. Y en todas las entidades federativas –tengan leyes al respecto o no– hay una inoperancia de las autoridades que deja en la indefensión a las víctimas y, aparentemente, sin castigo a los tratantes.

Además, los códigos penales de las entidades no están adaptados a las leyes locales de tráfico humano y la legislación federal en la materia choca con la estatal: No queda claro quién debe atraer los casos. Esta indefinición jurídica beneficia a los delincuentes.

Hay un dato revelador y preocupante: Desde que se promulgó la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas –el 27 de noviembre de 2007– hasta ahora, en todo el país ha habido menos de 200 casos denunciados ante la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (Fevimtra), de la PGR… y esta instancia no sabe si los procesados recibieron sentencia.

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