IFAI a modo, segundo intento • LADO B

IFAI a modo, segundo intento

La confianza, ha expresado más de una vez Mauricio Merino recordando las palabras del historiador Carlos Pereyra, es algo que se construye por micras y se destruye por kilómetros. Cuesta mucho tejer relaciones fundadas en un valor como este y, en cambio, el pacto puede deshilacharse en un santiamén.

Por Lado B @ladobemx

20 de marzo, 2012

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Roberto Alonso*

La transparencia en México está por cumplir su primera década formal en el próximo verano. Con múltiples resistencias y a veces a trompicones, merecen reconocimiento los avances que se han registrado en el país en materia de acceso a la información pública como pieza toral de una política de transparencia y de un sistema de rendición de cuentas. Toda retrospectiva en este sentido precisa de hacer un alto obligado y reparar en que si no fuera por una institución garante que refuerza la protección otorgada por la ley, el derecho de acceso a la información pasaría a ser parte de aquel acervo de letras muertas impecablemente redactadas pero inviables e insustanciales en la práctica.

El hoy Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI) es una parada ineludible en la ruta de la transparencia mexicana. Dejando del lado la reforma mayor que le supuso, y le sigue suponiendo, convertirse en autoridad en lo que toca a la salvaguardia de los datos personales, se podría decir que en términos de diseño institucional el IFAI vive ya las postrimerías de su primera generación. Para su consolidación es deseable que el desenlace de su primera evolución pase por la autonomía constitucional como naturaleza jurídica, aunque es posible que antes de eso una autonomía mayor se limite únicamente a una participación mayor del Poder Legislativo en la elección de sus comisionados.

El ejemplo que evidencia el ocaso de su diseño es el de la designación de su nuevo comisionado. A tres meses de la salida de María Marván, quien fue elegida en diciembre del año pasado como consejera del Instituto Federal Electoral (IFE), Felipe Calderón intenta por segunda vez aprovechar la facultad que le ofrece la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental (LFTAIPG) de nombrar a los comisionados del IFAI, y colocar allí a un personaje cercano a él y sin credenciales que lo defiendan: Gerardo Laveaga. Cuidarse las espaldas, como bien lo refiere Darío Ramírez, es lo menos que se puede deducir a propósito de los planes del presidente de la República si se considera el perfil del elegido y la cercanía que guarda con él, misma que quedó demostrada con su respuesta ante la petición que miles de personas hicieron a la Corte Penal Internacional a finales de 2011 para que se inicie una investigación sobre crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad en México.

Según trascendió a principios de febrero, su primera carta fue Ricardo Celis Aguilar, consejero jurídico adjunto de la Presidencia de la República sin experiencia en transparencia, acceso a la información pública o protección de datos personales. Al parecer, este nombramiento no llegó al Senado de la República, instancia que lo pudo haber objetado y que ahora podría oponerse a la designación del actual director general del Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe) como nuevo comisionado del IFAI. La razón, una sola: Laveaga no cumple con uno de los requisitos que establece la LFTAIPG en su artículo 35.

A la letra, la fracción IV de dicho artículo dispone que para ser comisionado del IFAI se requiere: “Haberse desempeñado destacadamente en actividades profesionales, de servicio público o académicas, relacionadas con la materia de esta ley”, es decir, el acceso a la información pública. Tal es la ausencia de una trayectoria destacada en este ámbito de quien también se desempeñara como director general de Comunicación Social de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que el propio boletín de la Secretaría de Gobernación en el que se anunció la decisión del Ejecutivo federal carece de elementos que siquiera la insinúen.

Por contra, dos elementos sobresalen en torno a la postura de Laveaga en relación con la transparencia y el acceso a la información pública. Si bien el primero es de tres años atrás apunta en la misma dirección que el de hace apenas unos días. El 21 de febrero de 2009, fue publicado en El Universal un artículo de Laveaga en el que se manifestó en contra de las versiones públicas de las averiguaciones previas concluidas, a pesar de que las mejores prácticas indican que de esa manera debe estar garantizado el derecho a saber en este terreno. Tres años después, en su cuenta de Twitter, respondió al posicionamiento de Artículo 19 que hizo público sobre su nombramiento, con la siguiente tarjeta de presentación: “Siempre he creído que sin #transparencia no hay #democracia pero, como todo derecho, el acceso a la información tiene límites.”

El director del Inacipe, organismo descentralizado cuya junta de gobierno la preside el titular de la Procuraduría General de la República (PGR), no se equivoca. En efecto, como todo derecho, el de acceso a la información tiene restricciones, sin embargo deben ser excepcionales y estar orientadas a resguardar un bien jurídico mayor. Más aún, tratándose de excepciones lo que se debe privilegiar es el principio de máxima publicidad, el cual, de acuerdo con Laveaga, es el móvil de los “fundamentalistas de la transparencia”, a quienes tacha como “detractores”.

Con este nombramiento, Calderón desoyó las voces de ciudadanos y ciudadanas integrantes de organizaciones de la sociedad civil, de la academia y de los medios de comunicación comprometidos con el derecho de acceso a la información, quienes le solicitaron designar a una persona con suficientes capacidades técnicas en función de sus conocimientos y experiencia, probado compromiso confirmado por su trayectoria, libre de potenciales conflictos de interés y de una cercanía con el gobierno federal que pusiera en entredicho la independencia del IFAI. El llamado pasó inadvertido y el presidente insistió con alguien próximo a él.

De un Senado a la altura de la exigencia democrática se esperarían dos cosas: una de forma y otra de fondo. La primera tiene que ver con su papel de contrapeso y la objeción del nombramiento de Laveaga, a fin de no poner en vilo una institución tan importante como lo es el IFAI. La segunda es de mayor calado y consiste en emprender una reforma en la que se evite que sea el Ejecutivo federal el que nombre a los comisionados del IFAI y participen en este proceso tanto el Poder Legislativo como paneles de expertos y especialistas para garantizar su independencia. Sólo así se podrá prescindir de la intención de debilitar una institución como esta e hilvanar más confianza con ella.

*@rialonso es secretario del Capítulo Puebla de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (AMEDI). Comunicólogo de formación, maestrante en Políticas Públicas y apasionado del derecho de la información y del periodismo. Participa en el Nodo de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de Actívate por Puebla.