Roberto Alonso*

Los recursos públicos empleados por los gobiernos estatales en la promoción de obras, actividades, logros y programas, entre otras finalidades, pueden ser una herramienta útil y valiosa si se ejercen con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez. De hecho, así lo marca el artículo 134 de la Constitución federal con una perspectiva amplia que incluye a los tres órdenes de gobierno, los cuales están llamados a informar de manera clara y objetiva a los ciudadanos sobre asuntos públicos útiles y relevantes para ellos.

Pero no sólo eso. Dado que los recursos públicos pueden ser erogados con un objetivo claro que puede ser la difusión de la imagen de un gobernante, al tiempo de informar abierta y detalladamente los montos gastados en diversos rubros promocionales, el mismo artículo establece algunas restricciones. Por un lado, advierte que los servidores públicos federales, estatales y municipales, así como los del Distrito Federal, “tienen en todo tiempo la obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos que están bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad de la competencia entre los partidos políticos.”

La anterior es una limitación de carácter electoral diseñada para evitar que la comunicación social de un gobierno incline la balanza hacia algún candidato a un cargo de representación popular en tiempos como los que corren. Por otro lado, el penúltimo párrafo del artículo citado señala que la propaganda que difundan los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno “deberá tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social. En ningún caso esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servicio público.”

La prohibición, sin embargo, tiene una excepción. El numeral 5 del artículo 228 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (COFIPE), le permite a los servidores públicos difundir su imagen a través de sus informes de labores o gestión. De acuerdo con este código, esta promoción no será considerada propaganda siempre y cuando se haga una vez al año, se limite en estaciones y canales con cobertura regional, correspondiente al ámbito geográfico en el que desempeña su labor el servidor público, “y no exceda de los siete días anteriores y cinco posteriores a la fecha en que se rinda el informe.”

Aprovechando esta rendija es que tiene lugar la difusión personal de políticos y servidores públicos, quienes argumentan que la promoción con la que salen beneficiados busca, antes que otra cosa, posicionar la institución a la que pertenecen, el trabajo que desempeñan o el estado que gobiernan. Se pone en relieve, por ejemplo, que Puebla necesita recuperar el lugar que le corresponde  en la escena nacional, pero se esconde que detrás de cada promocional alineado con este propósito hay aspiraciones políticas individuales. En este tenor, no se equivoca quien subraya que el uso que le dan ciertos gobernantes a la publicidad oficial constituye una privatización de los recursos públicos.

La historia, no obstante, no termina ahí. Además de esta conducción privada de los recursos públicos, su administración suele ser sumamente opaca, tal y como lo revela el Diagnóstico sobre el Gasto en Comunicación Social y Publicidad en las Entidades Federativas, elaborado por Fundar y Artículo 19. Compone este diagnóstico el Índice de Acceso al Gasto en Publicidad Oficial en los Estados, basado en una investigación realizada entre julio y noviembre de 2011 mediante los sistemas electrónicos estatales de solicitudes de información.

A los 31 estados y al Distrito Federal se les hizo la misma solicitud: “el gasto total ejercido por el gobierno del estado en los años 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 y 2010 en comunicación social y publicidad gubernamental, con el desglose del gasto por medio de comunicación al que fueron destinados los recursos, incluyendo medios de comunicación electrónicos y escritos, así como la campaña y mensaje difundido.” Aunque la petición fue igual en los 32 casos, lo que permitió comparar cuatro variables, las respuestas fueron diferentes.

Once estados no entregaron la información requerida. Estos fueron: Chiapas, Coahuila, Guerrero, Hidalgo, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Tabasco y Tamaulipas. Otros once atendieron de forma incompleta la solicitud: Aguascalientes, Baja California Sur, Chihuahua, Jalisco, Nayarit, Quintana Roo, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán, Guanajuato y Michoacán. El resto de estados y el Distrito Federal entregaron la información desglosada, pero sólo los estados de Colima y Sonora obtuvieron una mención especial por permitir el acceso a las cuatro variables: gasto desglosado por año, tipo de medio, proveedores y campaña o concepto.

A decir de Artículo 19 y Fundar, cuando esta información se solicitó al estado de Puebla en 2010 únicamente se proporcionó el gasto total de cada año y el número de campañas difundidas, sin el desglose. Un año después, la respuesta de la Oficina de la Gubernatura fue que la información desglosada no existe y que la relativa a movimientos administrativos sólo podría ser consultada en el sitio donde se encuentra. Para el gasto total, esta entidad remitió a una página en Internet que no funcionaba, de ahí que a pesar de la alternancia el estado de Puebla fuera reprobado por ambas organizaciones.

Como lo recuerda y acentúa, Justine Dupuy, investigadora de Fundar, en el país “existe un marco regulatorio incompleto e inoperante que permite que la publicidad oficial sea utilizada con otros fines”. La publicidad oficial, se ha documentado, ha sido esgrimida discrecionalmente por algunos gobiernos para premiar o castigar a los medios de comunicación según su línea editorial, con lo que se lesiona la libertad de expresión y el derecho a la información. En este sentido, sigue Dupuy, “se hace urgente la importancia de un mecanismo eficaz que llame a rendir cuentas a los funcionarios sobre el ejercicio de dichos gastos”, siendo el primer paso tener acceso a ellos para darles un seguimiento puntual.

La publicidad oficial debe estar al servicio de las necesidades e intereses de los ciudadanos, no de los gobernantes, quienes carecen de justificación alguna para encumbrar su imagen.

*@rialonso es secretario del Capítulo Puebla de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (AMEDI). Comunicólogo de formación, maestrante en Políticas Públicas y apasionado del derecho de la información y del periodismo. Participa en el Nodo de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de Actívate por Puebla.

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