IFAI a modo

IFAI a modo

Roberto Alonso*

Noticias como la que publicaron varios medios el lunes pasado no son fortuitas. Que un organismo como el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI) le haya ordenado a la Secretaría de Marina (SEMAR) buscar y dar a conocer el número de los funcionarios de esa dependencia cesados y/o procesados, por presuntos vínculos con el crimen organizado de 2006 a 2011, no es sino resultado de una institución vigorosa, especializada e independiente que tiene como ruta de navegación el principio de máxima publicidad.

El IFAI llegó a esta decisión toda vez que la persona que pidió dicha información se inconformó con la contestación que la SEMAR le dio. La secretaría señaló que ya había revelado esta información en respuesta a una solicitud anterior, y que los datos respectivos podían ser consultados a través de la plataforma Infomex. Esta posición de la SEMAR, no obstante, fue refutada por el particular, quien argumentó que la información publicada se refería únicamente a los militares con mando y no incluía a todos los funcionarios de la SEMAR, como él lo había requerido.

Naturalmente, el IFAI le dio la razón al solicitante resolviendo el recurso de revisión que éste presentó, y su pleno le enmendó la plana a la SEMAR revocando la respuesta de la dependencia e instruyéndola a llevar a cabo una búsqueda exhaustiva de la información solicitada para ponerla a disposición del interesado. Días después de la resolución del IFAI, la SEMAR declaró no haber procesado ni cesado a funcionario alguno por presuntos vínculos con el crimen organizado, pero el órgano garante hizo valer su autoridad.

El caso no es único y seguramente no es al más relevante, sin embargo, es muestra de lo que una institución es capaz de hacer en tanto se afiance como un organismo autónomo y especializado, esto es, como última voz en la materia considerando su expertise, sólo impugnable por los particulares a través de la garantía del amparo prevista en la Constitución. Una búsqueda sencilla en Internet da cuenta de la cantidad de casos en los que el IFAI, en ejercicio de sus atribuciones, ha ordenado la entrega de información que se ha querido mantener lejana al escrutinio público.

En más de una ocasión, las dependencias a las que el IFAI les ha obligado a entregar la información solicitada vía la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental (LFTAIPG), han hecho caso omiso a este llamado e incluso han recurrido al Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (TFJFA) para que revise las resoluciones del IFAI. No obstante, a pesar de que la reforma a la ley federal con la que se le puede otorgar carácter definitivo e inatacable a sus decisiones sigue durmiendo el sueño de los justos en el Congreso de la Unión, la labor del órgano garante ha sido vital para analizar, con lupa de publicidad, aquellos asuntos en los que se ha querido dificultar el acceso a la información pública.

Esta es la relevancia del IFAI y la que puede verse mermada de prosperar el nombramiento que hizo Felipe Calderón la semana pasada, proponiendo como nuevo comisionado del IFAI a Ricardo Celis Aguilar Álvarez, consejero jurídico adjunto de la Presidencia de la República que carece de un perfil idóneo para ocupar el cargo que dejó abandonó la ahora consejera general del Instituto Federal Electoral (IFE), María Marván.

A diferencia de lo que ocurre en muchos estados, en donde los comisionados de los órganos garantes de la transparencia, el acceso a la información pública y la protección de los datos personales, son designados por el Congreso local a partir de una convocatoria pública en la que pueden participar instituciones de educación superior, asociaciones civiles, barras y colegios de abogados, la LFTAIPG prevé que es el Ejecutivo federal quien tiene la facultad de nombrar a los comisionados, siendo el Senado de la República el actor de contrapeso que, en su caso, puede objetar por mayoría los nombramientos en un plazo no mayor a treinta días.

La LFTAIPG, además, establece en la fracción IV de su artículo 35 que para ser comisionado es requisito “haberse desempeñado destacadamente en actividades profesionales, de servicio público o académicas, relacionadas con la materia de esta ley”. Celis Aguilar Álvarez no cuenta con tal experiencia ni con credenciales para desempeñarse como comisionado del IFAI. Por contra, de lo que sí puede presumir es de su cercanía con la Presidencia de la República, lo que pone en riesgo la futura independencia del IFAI.

Como lo manifiesta Artículo 19 en su posicionamiento sobre el tema, con este nombramiento el presidente “muestra una vez más su talante antidemocrático y su clara intención de debilitar al IFAI”. “¿Será -prosigue el posicionamiento- por premiarlo y asegurarle trabajo para la siguiente administración o será para que colabore a cubrir las espaldas presidenciales en el cambio de sexenio?” Desafortunadamente no es la primera vez que Calderón opera así. Procedió, al menos, de manera similar con dos nombramientos en la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel), a la que llegaron perfiles sin experiencia en la materia con la designación de Mony de Swaan y Alexis Milo.

El Senado, que tiene la última palabra, objetó en 2003 el nombramiento que Guillermo Velasco Arzac recibió de parte de Vicente Fox para llegar al IFAI. En su lugar, fue elegida irónicamente María Marván, quien dejó vacante el puesto que ahora pretende aprovechar el presidente para hacer del IFAI un organismo a modo.

¿Estará a la altura?

*@rialonso es secretario del Capítulo Puebla de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (AMEDI). Comunicólogo de formación, maestrante en Políticas Públicas y apasionado del derecho de la información y del periodismo. Participa en el Nodo de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de Actívate por Puebla.

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1 COMMENT

  1. Y que sucede cuando el cuasi infalible IFAI resuelve sin considerar la documentación que se adjuntó en un recurso de revisión y hasta inventa anexos inexistentes. Y todavía argumentan que usé el Recurso de Revisión para mofidifcar mi solicitud original. Cuando consta documentalmente que no fue así. Ellos que exigen el cumplimiento del principio de máxima publicidad no lo acatan, entonces qué , muy buenos para exigir a las entidades de la administración pública federal, lo que son incapaces de cumplir.

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