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Al mediodía de este lunes se dieron a conocer los nombres de 42 presos fallecidos en la riña, pues aún están identificando a otros dos; así como los de los reos que se fugaron.

Sin embargo, el gobierno de Nuevo León identificó a los 44 reos asesinados como miembros del cartel del Golfo y reveló que los 30 internos que lograron escapar pertenecen a la organización criminal de Los Zetas.

Rodrigo Medina de la Cruz, gobernador de Nuevo León, confirmó que en el motín ocurrido el día de ayer en un penal de Apodaca de los 30 reclusos que escaparon, 25 son del fueron federal y 5 del fuero común.

También aseguró que no hubo detonaciones de arma de fuego, pues se usaron armas contundentes y punzocortantes.

Informó que en total 18  servidores públicos han sido cesados de su cargo, entre ellos el Director y el Subdirector del penal, así como el Encargado de Seguridad. Además, todos los empleados han sido detenidos para llevar a cabo las averiguaciones correspondientes que revelarían su complicidad.

Asimismo, ofreció una recompensa de hasta 10 millones de pesos para quien ayude a capturar a los reos que escaparon.

Medina prometió apoyo a los familiares de los reos fallecidos en el penal de Apodaca, a través del DIF estatal para sus gastos funerarios.

Aseguró que la causa de la sobrepoblación de los penales en el estado es la detención de reos relacionados con delitos del fuero federal como narcotráfico, robo, extorsión y secuestros.

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CEDH inicia investigación

Por otra parte, la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) informó que al momento de los actos violentos había en el Cereso 43 mujeres y 25 menores de edad, quienes resultaron ilesos.

Se informó que se abrió una investigación de oficio para determinar si autoridades penitenciarias incurrieron en responsabilidades por la violación de derechos humanos.

En este contexto, cuestionó que se permitiera que niñas y niños pernoctaran en el reclusorio, y que se les retuviera al interior del mismo pese a la grave situación que prevalecía.

Paralelo a la investigación de oficio, pidió a autoridades de Nuevo León implementar un operativo especial de visitas para que los familiares puedan constatar el estado de salud de los internos de la penitenciaría localizada al norte de Monterrey.

En ese sentido, Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C. (Cadhac) manifestaron que esta tragedia no es un hecho aislado, “sino que ocurre en un continuo y perverso proceso de deshumanización de los centros penitenciarios. El 20 de mayo del año pasado en un hecho no aclarado, hubo 17 personas calcinadas, y no se han tomado medidas para asegurar la vida y la integridad de las personas privadas de la libertad, así como del personal que labora en dichos centros”.

“En 2011 se reportaron cerca de 60 muertes de presos en el Estado, Cadhac tiene elementos para suponer que fueron muchas más las personas que perdieron la vida, incluidos celadores; en todas las ocasiones las autoridades penitenciarias alegaron riñas, motines o suicidios y en ningún caso se han realizado investigaciones profesionales e imparciales que aclaren los hechos y castiguen a los responsables. Además de las muertes existen reportes confiables de torturas y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes, así como de violencia y corrupción generalizada en todos los centros penitenciarios de la entidad”.

Cadhac recuerda a las autoridades que tienen la obligación de garantizar todos los derechos humanos de las personas privadas de la libertad.

Información: Sin Embargo y Cencos.