Martín López Calva

“Evaluar es hacer a otro lo que no quieres que te hagan a ti”, decía un profesor con el que cursé una asignatura sobre el tema de la evaluación educativa. Tal parece que esta es la definición que suscriben con su conducta los miles de maestros que se han estado manifestando en varias ciudades del país en contra del proceso de evaluación universal que se empezará a aplicar de manera escalonada a partir de este año.

Según el acuerdo firmado el 31 de mayo de 2011 entre la Secretaría de Educación Pública (SEP) y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) en una ceremonia encabezada por el presidente de la República, este proceso de evaluación, obligatorio para todos los docentes y directivos en servicio del sistema educativo nacional iniciará en junio de este 2012 con los profesores de primaria y se extenderá a los de secundaria en el 2013 y a los de educación inicial, prescolar y especial en 2014.

El objetivo de esta evaluación universal es la creación de una cultura de la evaluación que contribuya a conocer las fortalezas y debilidades de los educadores del país para tomar medidas que mejoren progresivamente la calidad educativa. “Evaluar para mejorar” es la frase que sintetiza este objetivo según el capítulo V del documento de la “Alianza por la Calidad de la Educación” (ACE).

¿Por qué entonces estas reacciones de protesta y la negativa a aceptar que los docentes y directivos sean evaluados? Desde mi punto de vista hay muchas razones de diversa índole, algunas de ellas legítimas y otras cuestionables que sería pertinente analizar si se quiere comprender este proceso en toda su complejidad.

a.-Razones de origen: Un problema fundamental que obstaculiza las buenas intenciones de este acuerdo de evaluación universal tiene que ver con el origen del acuerdo y de la misma Alianza por la Calidad de la Educación. Se trata de una alianza cupular que fue pactada por el poder ejecutivo federal  y la dirigencia del SNTE. Este “pecado original” hace que “las bases magisteriales” no se identifiquen con la ACE y los acuerdos que de ella se desprenden, sobre todo por la creciente oposición y carencia de legitimidad de la dirigencia del sindicato, un sindicato que por cierto no está sujeto a evaluación, se caracteriza por su falta de transparencia y por no rendir cuentas a sus agremiados ni a la sociedad que lo sostiene con sus impuestos.

b.-Razones ideológicas: Una parte de la oposición a la evaluación proviene también de posturas ideológicas no siempre bien sustentadas pero ciertamente muy arraigadas entre los grupos opositores a la cúpula sindical y de los sectores intelectuales críticos del sistema. Estas posturas sostienen una especie de “teoría de la conspiración” que insiste en que hay un acuerdo perverso entre las clases dominantes a nivel mundial para culpar a los docentes de todos los males del sistema educativo. Esta posición va acompañada de la visión anti-neoliberal que supone que todo proceso de evaluación tiene un origen tecnocrático y es intrínsecamente negativo y que las pruebas estandarizadas no sirven para evaluar porque no toman en cuenta diferencias de contexto entre las distintas realidades educativas que viven los profesores. Se complementan estas posturas con la amenaza de la privatización de la educación que se mira como un peligro oculto en cualquier medida que tienda hacia la eficiencia del sistema.

c.-Privilegios históricos: Otra fuente de oposición tiene que ver con el temor  a perder privilegios acumulados históricamente. Desde el inicio de la ACE se han venido planteando fuertes críticas a la prohibición de la venta y herencia de plazas magisteriales puesto que se concibe todavía que las plazas son propiedad del docente o del sindicato y que por ello pueden venderse, heredarse o asignarse discrecionalmente por razones familiares, económicas o de lealtad política. Estas críticas se esgrimen ahora contra el proceso de evaluación porque se dice que este proceso atenta contra los derechos de los profesores, derechos como el de tener una plaza definitiva y no poder ser despedido aunque se incumpla con los mínimos de asistencia, responsabilidad y eficacia en el trabajo cotidiano. Ciertamente la evaluación docente no debería ligarse a decisiones de permanencia, remoción o promoción de los profesores porque se presta a una distorsión del proceso pero también cabe la pregunta: ¿Existe algún empleo en cualquier otro campo laboral en el que la gente no pueda ser removida por un recurrente desempeño negativo?

d.-Resistencia al cambio: Un elemento presente en todo proceso de innovación es la resistencia al cambio. Es natural en el caso de los docentes que si ellos han sido los que históricamente tienen el poder de evaluar no acepten perder este poder y sentirse en el papel vulnerable de quien ahora será evaluado. Sin embargo en mi experiencia de veinte años como formador de profesores está llena de evidencias de profesores abiertos a la mejora continua de su práctica y aún a su transformación radical cuando descubren la necesidad de cambiar la lógica de sus acciones para obtener  resultados diferentes.

El tema de la evaluación docente es sin duda un asunto complejo y será necesario seguir reflexionando sobre él. Sin embargo, sería conveniente plantearnos como sociedad la pregunta fundamental acerca de qué tan viable es lograr una mejora de la calidad de la educación nacional si no se instrumenta un proceso de evaluación docente sistemático y riguroso.