Ernesto Aroche Aguilar

@earoche

Integrantes de organismos no gubernamentales relacionados con la información y la transparencia cuestionaron el elevado incremento a las consultas del Registro Público de la Propiedad (RPP) aprobado por el Congreso del estado en la Ley de Ingresos 2012.

Esto luego de que el viernes pasado Israel Trujillo, precandidato a diputado por el Partido del Trabajo, iniciara un amparo en contra de dicho marco normativo que elevó de 65 a 500 pesos el costo del trámite, un incremento que supera en siete veces el precio que se pagó durante el 2011.

Miguel Pulido, director de Fundar –organización que junto con Artículo XIX crearon el Índice del Derecho de Acceso a la Información que evalúa leyes y procedimientos de transparencia gubernamental— explicó que tendría que revisarse el tema del pago de derechos, pero es un pago que debe tomar como base el costo de reproducción exclusivamente.

Pero cuestionó el uso de costos elevados “como un inhibitorio para el uso de derechos es, a todas luces, una práctica antidemocrática. Con esa lógica al rato vamos a ver costo inhibitorios para el uso de las autopistas para que no se gasten”.

Foto: Joel Merino.

Y puntualizó: “no está en las autoridades que tienen una auténtica convicción democrática si la ciudadanía hace uso ocioso o no de esos derechos”.

Por su parte Enrique Cárdenas, director del Centro de Estudios Espinosa Yglesias, reconoció que elevar el costo de los trámites limita la participación ciudadana, como sucedió en el caso de los candados económicos que se habían incluido en la Ley de Ingresos y que serán eliminados tras iniciarse en la Suprema Corte de Justicia de la Nación una acción de inconstitucionalidad.

El caso del costo de las consultas al RPP es, dijo, uno de los pendientes que deberá analizarse y remediarse.

Para Lilia Vélez presidenta de la Asociación Mexicana del Derecho a la Información capítulo Puebla se trata, primero, de un aumento exorbitante, “normalmente los aumentos están vinculados al índice inflacionario» –un aumentó que el Inegi cuantificó en 4.05 por ciento cuando el incremento al trámite fue de casi 700 por ciento—.

La también directora de la escuela de periodismo de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (Upaep) cuestionó además que el director del Instituto Catastral y Registral de Puebla, Alejandro Pagés Tuñón, justificara el incremento asegurando que con ello se inhibirá el uso “ocioso” de la información.

“Es información que de entrada les pertenece a los ciudadanos, es un asunto que tiene que ver también con la rendición de cuentas, porque en el Registro Público puedes verificar información que puede llevar a temas vinculados con el ejercicio de poder”.

Sostuvo además que hay suficientes pronunciamientos de la Suprema Corte sobre el tema de los derechos y que tienen que ser proporcional al costo de reproducción, de manera tal que no se vuelva un obstáculo.