Tomada de cadhac.org/

México, DF. Este martes el gobierno federal reconoció que no cuenta con una base de datos acerca del número de desaparecidos -a consecuencia de la inseguridad y la violencia de 2006 a la fecha- y las únicas cifras existentes son las de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), que reportó 8 mil 747 personas desaparecidas hasta 2011, admitió el secretario de Gobernación, Alejandro Poiré.

Dijo que es necesario “robustecer” mecanismos –entre la Federación y los estados- para la protección efectiva de defensores de derechos humanos. El objetivo es evitar “incidentes” como el de Norma Andrade, cofundadora de la organización “Nuestras hijas de regreso a casa”, quien ha sufrido dos atentados.

Poiré dijo esta mañana que la activista ya está protegida por elementos federales. Sin embargo, ella anunció que dejará el país, aunque no especificó donde se refugiará.

“Aun cuando me duela mucho, lo voy a tener que hacer. Somos muchos los activistas que hemos sido atacados”, afirmó en entrevista con Milenio TV.

Además, agregó que al momento del segundo ataque -perpetrado afuera de su nuevo domicilio en el Distrito Federal- no contaba con protección, ya que las medidas cautelares fueron dictadas a su hija.

Enviarán iniciativa

Poiré informó que en el último tramo del sexenio, el Ejecutivo enviará al Congreso de la Unión una iniciativa de protección a víctimas y presentará protocolos de acción de cada corporación policial o de las fuerzas armadas. Sin embargo, no pudo ofrecer una fecha, por lo menos tentativa, de cuándo estará lista la base de datos de desaparecidos y tampoco una cifra aproximada de la magnitud de esta situación.

¿Dónde están?

Este martes, en varios puentes de la ciudad de Monterrey, en Nuevo León, amanecieron mantas con la leyenda: “Desaparecidos, ¿dónde están? Justicia”. Las familias que tienen personas desaparecidas siguen haciendo presente la ausencia de sus seres queridos, y la ausencia de justicia real.

De este modo, familiares de personas desaparecidas -quienes integran la LUPA (Lucha por Amor, Verdad y Justicia)-, Ciudadanos en Apoyo de a los Derechos Humanos (CADHAC) y el Movimiento por la Paz hace presente su demanda de justicia tanto hacia la Procuraduría de Justicia del estado, como hacia el Congreso local que sigue sin tipificar la Desaparición Forzada como delito.

Con información de La Jornada, Cencos y Animal Político.