• Aún se desconocen los permisos, el proyecto ejecutivo, las licencias y los nombres de los supervisores de la construcción del Viaducto Ignacio Zaragoza

• El Comité Defensor del Patrimonio Histórico, Cultural y Ambiental de Puebla exige a las autoridades que una compañía externa “especializada y con experiencia comprobada en este tipo de obras y ajena a las influencias gubernamentales y locales” realice un peritaje

Foto: Joel Merino.

Xavier Rosas

@wachangel

Como un “padecer” definió el arquitecto Ambrosio Guzmán Álvarez el largo “curso de tramitología” que los ingenieros civiles deben recorrer para poder iniciar la construcción de una obra en la ciudad de Puebla: “porque tienes que estar registrado como empresa, luego te piden ser un perito al respecto ante el Ayuntamiento; también te piden permisos del agua, tu licencia, pagos de predial, planos estructurales, planos eléctricos, planos sanitarios y si (la construcción) es en el Centro Histórico, hay que pedir más permisos y para eso tienes que ir al Ayuntamiento de nueva cuenta”.

Sin embargo, estos procesos por los que cualquier profesionista del ramo de la construcción debe transitar, son asuntos que las autoridades, tanto estatales como municipales, aparentemente pueden evadir o no dar a conocer cuando emprenden obras, a pesar de que estas se realizan con recursos públicos.

“Por eso aquí, sin permisos y sin nada, el gobierno del estado inició la construcción del Viaducto. Les hemos pedido los permisos, las licencias, quiénes son los supervisores, quién lleva los peritajes para que se dieran los permisos, porque estos los tiene que dar el INAH”, señaló Guzmán Álvarez, quien también fungió como director del Centro Regional de Occidente del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), al reiterar que desde el inicio de la obra, las autoridades no han dado a conocer esta información.

Y es que ante lo ocurrido el pasado viernes en las obras del Viaducto Ignacio Zaragoza, así como las irregularidades que se han presentado desde el inicio de los trabajos, el Comité Defensor del Patrimonio Histórico, Cultural y Ambiental de Puebla A.C., organismo integrado por 13 investigadores de diferentes instituciones -Instituto Nacional de Astrofísica Óptica y Electrónica (INAOE), el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades de la BUAP e INAH-,  exigió “la suspensión inmediata de la obra hasta no tener un dictamen público, fundamentado y transparente de todo el proceso administrativo y técnico”.

Cabe recordar que dicho Comité ha solicitado en repetidas ocasiones a las autoridades estatales, municipales y  al propio INAH, facilitar copias de los permisos, planos y gastos estipulados del proyecto; sin embargo, no han obtenido respuesta alguna del gobierno, por lo que consideraron que el colapso ocurrido el viernes pasado “más allá de ser un problema técnico o un problema humano, es un problema que se deriva de la obscuridad con que –las autoridades- han manejado esta obra”.

Foto: EEF.

Responsabilidad del gobierno, no de la empresa

Francisco Cervantes, integrante del Comité Defensor del Patrimonio Histórico, reiteró que hasta el momento los permisos para la obra no han sido mostrados y que se trata de “un permiso que se otorgó no a una constructora, sino al gobierno del estado de Puebla, y es el gobierno del estado de Puebla el responsable de lo que ocurra en esta construcción”, indicó.

Por lo que consideró que, pese al deslinde de responsabilidades de los gobiernos estatal y municipal por el colapso de una parte de la obra el pasado viernes, “el gobierno de Puebla tiene la responsabilidad de los hechos”.

Para el especialista las autoridades municipales (Secretaría de Obras) debieron dar un seguimiento puntual a la obra, además de que junto con la empresa constructora tendrían que haber nombrado a un “responsable de seguridad estructural”.

Por su parte, Rosalba Loreto, también integrante de dicho Comité, consideró que la obra se está “improvisando”, ya que hasta el momento no se ha dado a conocer el proyecto ejecutivo, y que los responsables de la obra no cuentan con la “capacitación” necesaria para este tipo de proyectos: ”exigimos no sólo la supervisión, sino un examen detallado de todo este proceso”, aseveró.

Acciones legales para frenar el Viaducto

A partir de un recorrido que el Comité Defensor del Patrimonio Histórico realizó en la zona del incidente, este miércoles dieron a conocer que han emprendido acciones legales contra el presidente municipal Eduardo Rivera y el secretario de Infraestructura, Antonio Gali Fayad.

En un documento con sello de recibido por la Oficialía de Partes de la Secretaría de Infraestructura y el Ayuntamiento de Puebla, el Comité solicita -de nueva cuenta- a las autoridades estatales y municipales: “1) la copia de los permisos del Ayuntamiento de Puebla y del INAH que debieron tenerse antes de iniciar la construcción, 2) la copia de los estudios y dictámenes correspondientes que avalaron las resoluciones y 3) la copia del proyecto ejecutivo de la construcción del Viaducto Zaragoza, tal como fue aprobado en las licencias correspondientes en tiempo y forma”.

Asimismo, exhorta a las autoridades que una compañía externa “especializada y con experiencia comprobada en este tipo de obras y ajena a las influencias gubernamentales y locales” realice un peritaje de los procedimientos técnicos y administrativos de la obra hasta el día del derrumbe.