• La SCJN emprenderá una acción de inconstitucionalidad respecto a la Ley de Ingresos del Estado por el cobro de las copias certificadas en solicitudes de información

• La diputada panista Josefina Buxadé indicó que el Congreso tiene la opción de revisar por iniciativa propia si modifica la Ley de Ingresos

Joseline Santos Enríquez

@joss_santos

Foto: Joel Merino

El Congreso local recibió la notificación de la acción de inconstitucionalidad que emprenderá la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) respecto a la Ley de Ingresos del Estado de Puebla por fijar el cobro de 80 pesos por copia certificada cada vez que los ciudadanos consulten información sobre el manejo de los recursos públicos.

El presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, José Luis Márquez Martínez, confirmó que el documento llegó al Legislativo desde el pasado martes por lo que a partir de ello cuentan con 15 días hábiles para emitir una respuesta al máximo tribunal.

El priísta dijo desconocer el sentido del expediente, pero precisó que el área jurídica del Congreso local ya estudia el tema, elaborará un reporte y lo entregará a los integrantes de la Junta de Gobierno y Coordinación Política –antes Gran Comisión- quienes definirían la estrategia a seguir.

Márquez Martínez aseguró que hay disposición de sus correligionarios de analizar el tema de nueva cuenta, si es que encuentran elementos en el expediente que se revisa o si la SCJN dictamina que la Ley de Ingresos del Gobierno del Estado es inconstitucional.

“Tenemos que revisar cuál es el fundamento y los argumentos, y ya es su momento veremos qué decisión tomamos, colegiada, todos los diputados, con respecto a esta acción de inconstitucionalidad”.

Foto: EEF

Por su parte la presidenta de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información del Congreso local, Josefina Buxadé Castelán, opinó que la Ley de Ingresos del Estado contrapone la Ley de Transparencia, debido a que ésta puntualiza que los costos de reproducción que requiera el solicitante deben ser razonables, bajo esta premisa tienen la opción de consultar la información de manera directa o por medios electrónicos.

A lo anterior agregó que si bien los gobiernos tienen facultad para fijar tarifas por Derechos, el problema radica en que las personas que soliciten información sobre el ejercicio del gasto público están obligadas a recibir los datos a través de copias certificadas y no simples.

Buxadé Castelán indicó que el Congreso tiene la opción de revisar por iniciativa propia si modifica la Ley de Ingresos, aunque para ello deberá tener argumentos jurídicos. Por lo anterior consideró que “para evitar dudas”, se debería esperar la resolución de la SCJN.

Cabe recordar que el pasado 19 de enero, el máximo tribunal en el país recibió, admitió, formó y registró en el expediente 3/2012 la acción de inconstitucionalidad promovida por la Procuraduría General de la República respecto al último párrafo del artículo 73 y segundo párrafo del diverso 76, ambos de la Ley de Ingresos para el Estado de Puebla para el ejercito fiscal 2012, la cual se publicó en el periódico oficial el 19 de diciembre de 2011.